El último informe del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS) explicaba que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no se ha gastado casi 76 millones de euros que estaban ya presupuestados y, sin embargo, todavía hay 317.942 personas en las listas de espera de la dependencia para recibir algún servicio que le es necesario.
En este sentido, el consejero delegado de DomusVi España, José María Pena, que ha destacado que "el cuidado profesional de las personas mayores que llevamos a cabo en las residencias es un recurso esencial e irrenunciable para una sociedad de bienestar justa e igualitaria", ha explicado a Dependencia.info que en DomusVi consiseran que "el futuro necesita de la inversión tanto pública como privada para garantizar una oferta variada que contemple soluciones públicas y privadas para todos".
El responsable del grupo residencial recuerda que "la inversión pública en el sistema de atención a la dependencia fue de 8.907 millones de euros en 2020, en torno al 0,6% del PIB", pero incide también en que "España calcula que hasta 2050 su gasto público en cuidados podría crecer a más del 2% del PIB y que el número de mayores de 65 años beneficiarios de ayudas a la dependencia podría duplicarse, hasta llegar a 1,6 millones de personas, tal y como recoge el documento España 2050".
Por ello, apunta José María Pena, "desde DomusVi apostamos por la existencia de una oferta variada que contemple soluciones públicas y privadas para todos y defendemos el derecho fundamental de cada persona a elegir libremente entre ellas".
Así, el consejero delegado de DomusVi propone un modelo de colaboración público-privada que permita:
- Situar a las personas en el centro y valorar adecuadamente las tareas de cuidados y de asistencia, reconociendo la labor de nuestro sector.
- Reforzar las políticas y la inversión de atención a la dependencia. Alcanzar acuerdos de financiación más realistas con las ratios actuales y adaptadas a las necesidades del sector.
- Tratar el coste como una inversión y no como un gasto. Una inversión que además tiene un alto impacto en la generación de empleos directos y lo tendrá en el futura de nuestra sociedad.
- Avanzar hacia un modelo con mejor integración entre el aspecto sanitario y el aspecto social, sin olvidar que en las residencias cuidamos y no curamos.
Por otra parte, sobre qué se puede hacer como sector para que las administraciones cumplan y el Gobierno pague el 50% que tiene comprometido en la Ley de Dependencia, José María Pena señala que "es cierto que, en la actualidad, el mayor porcentaje de la financiación de la prestación de dependencia recae en las CCAA y la aportación de la Administración General del Estado está muy por debajo del 50% pretendido".
"Para corregir esta situación -concluye-, es importante el diálogo entre las fuerzas políticas y entre las CCAA y el Gobierno para alcanzar un acuerdo que pueda ir en la línea del compromiso que se asumió en su momento de que la financiación fuera igualitaria".
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