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ACAD, ACES, CESOCAT, La Confederación y UPIMIR, en contra de la decisión de la Generalitat de no pagar los sobrecostes COVID acordados

Una trabajadora de una residencia, con mascarilla para atender a un usuario.
Una trabajadora de una residencia, con mascarilla para atender a un usuario. (Foto: TVE)
Por Dependencia.info
viernes 08 de abril de 2022, 11:34h

En el mismo momento que se presentaba el nuevo protocolo sectorial en el ámbito de las residencias y las nuevas medidas y recomendaciones para el manejo de la COVID-19 en los centros de día no integrados, servicios de atención diurna, residencias y hogares con apoyo, el Departamento de Derechos Sociales y de Salud comunicaron a los representantes de los sectores que este mes de abril decaerán todas las medidas de compensación de los sobrecostes.

En muchos casos la situación es todavía más grave porque la medida puede tener carácter retroactivo y podría no abonarse ninguna compensación desde el 1 de enero. Y todo ello sin olvidar que desde el primero de 2022, Salud ya no provee ningún tipo de material de protección a los centros residenciales.

Todas estas medidas, reguladas en el Decreto 29/2020, han sido fundamentales para ayudar a cubrir una parte de los gastos derivados del obligado cumplimiento de los protocolos que ha ido determinando la Generalitat desde el inicio de la pandemia (sectorización, limpieza, material, equipos de protección, refuerzo de personal, pruebas diagnósticas, ...).

En el caso de las personas mayores, cabe recordar que las autoridades sanitarias y los gobiernos del Estado y de la Generalitat siguen considerando a este colectivo como vulnerable y por ello mantienen planes sectoriales y protocolos que, en todos los casos, implican destinar esfuerzos organizativos de carácter económico para mantener la protección de la salud de las personas atendidas y de los profesionales.

En el caso de las personas con discapacidad y/o con problemáticas derivadas de salud mental, los nuevos protocolos equiparan a estos colectivos a la población general en términos de medidas de protección, debiendo aún sostener gastos extraordinarios por parte de las entidades, y manteniendo en todo caso indicaciones específicas en caso de posibles rebrotes.

Las organizaciones representativas del sector alertan: “Es insostenible mantener las medidas previstas en los planes sectoriales y los protocolos sin contar con el correspondiente apoyo económico para hacerle frente. No es asumible ni aceptable que el Gobierno no asume su responsabilidad de dotar económicamente a los servicios con los recursos necesarios para asegurar la calidad de la atención a las personas y su sostenibilidad. Este hecho, sumado a la no actualización de los precios de los servicios, agrava aún más una situación de falta de reconocimiento y de infrafinanciación crónica que se arrastra desde hace más de 12 años”.

Por último, se pone de nuevo de manifiesto que en el caso de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad financiados vía subvención, las medidas de apoyo que ahora se prevén retirar nunca se han hecho efectivas, suponiendo un claro incumplimiento del Decreto 29/2020.

Igualmente, cabe recordar que estas medidas se empezaron a implantar en el mes de julio de 2020, cuatro meses después del inicio de la pandemia de la Covid-19 y que no cubrían toda la red pública de servicios sociales, dejando fuera de cualquier medida de apoyo servicios tan imprescindibles como la atención domiciliaria o los centros de desarrollo infantil y atención precoz, entre otros muchos.

Del mismo modo, las plazas privadas tampoco han recibido nunca compensación alguna a pesar de haber sido sometidas a los mismos protocolos.

Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes reclaman una financiación suficiente, reconociendo los sobrecostes que soportan las entidades, para seguir atendiendo con calidad las personas que reciben estos servicios en un contexto donde el impacto de la COVID-19 les hace aún más vulnerables.

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