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MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, CONSEJERA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE ANDALUCÍA

"En 2017 atenderemos a 230.000 dependientes con una inversión de 1.188 millones de euros"

'En 2017 atenderemos a 230.000 dependientes con una inversión de 1.188 millones de euros'
miércoles 14 de diciembre de 2016, 17:02h
Sánchez Rubio habla del futuro de las pensiones, así como de la Estrategia de Envejecimiento y del desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía.

Licenciada en psicología y diplomada en Trabajo Social y Gerontología, la consejera de Igualdad y Politicas Sociales de Andalucia repite por segunda legislatura como responsable de las Politicas Sociales en esta comunidad, aunque en la anterior (2013-2015) asumió además de esta cartera y la de Igualdad, la de Salud.

Funcionaria de carrera desde 1978, su trayectoria en la Administración autonómica ha estado siempre vinculada a los servicios sociales: delegada de Asuntos Sociales en Granada (1997-2003); jefa del Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social y parlamentaria en el Congreso de los Diputados (2004-2010), donde fue portavoz de la Comisión de las Políticas Integrales para la Discapacidad y portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Precisamente de esto último, del Pacto de Toledo y del futuro de las pensiones, así como de la Estrategia Andaluza de Envejecimiento y del desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía, y de otras cuestiones de actualidad, Mª José Sánchez Rubio ha querido responder en una larga entrevista.

¿Cuáles son las necesidades más importantes que se han identificado en esta Comunidad entre la población mayor?

La Junta de Andalucía, con su presidenta Susana Díaz a la cabeza, tiene una firme apuesta por las políticas destinadas a las personas mayores, que desempeñan un papel fundamental en la sociedad actual. Somos conscientes de que las personas mayores forman una realidad compleja. Ya, de entrada, el mismo término “persona mayor” es poco preciso y un tanto ambiguo. En los países social y económicamente desarrollados, como el nuestro, en nuestro ámbito europeo, normalmente consideramos personas mayores a aquellas que tienen 65 o más años. Sin embargo, dentro de este sector de población - cada vez más amplio, gracias a los avances sociales y sanitarios – hay diferencias muy sustanciales en función de los distintos umbrales de edad y también de las circunstancias específicas de cada persona.

Evidentemente no es lo mismo -no plantea las mismas demandas, por lo general, ni tiene las mismas necesidades- una persona de 65 años que otra de 85 años, y a ambas las consideramos personas mayores. A este punto de partida inicial hay que agregar además las características y circunstancias particulares de cada persona relacionadas con su salud, su formación, su ámbito familiar, su seguridad o su autonomía económica.

Por lo tanto, ante este sector de la población, heterogéneo, de un gran peso social y muy amplio -demográficamente hablando- no caben soluciones generales sino respuestas flexibles y adaptadas a cada tipo de necesidades.

Dentro de este contexto general, sí es obvio que hay líneas de actuación que encajan en las diferentes estrategias que pueden plantearse en relación a las personas mayores, entre ellas la potenciación de una vida activa y de hábitos saludables, el mejor acceso a la formación y a la actualización en las nuevas tecnologías, la posibilidad de una mayor participación en todos los ámbitos, así como medidas que refuercen la seguridad y la mayor autonomía de las personas.

¿Cuáles son las líneas generales de la Estrategia Andaluza de Envejecimiento que están elaborando?

El Gobierno andaluz cree firmemente que las políticas de envejecimiento activo son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por ello, las líneas generales de la Estrategia Andaluza de Envejecimiento Activo deben orientarse fundamentalmente hacia el desarrollo de los pilares esenciales que sustentan nuestro concepto de envejecimiento activo actualizándolo. Esas grandes líneas de actuación deben dirigirse a potenciar la autonomía de las personas mayores, su capacidad para decidir su propio proyecto vital, mejorando la salud considerada en un sentido amplio, no sólo en su vertiente sanitaria; la seguridad de las personas (seguridad física, económica, jurídica); la formación continua y actualizada; la participación real, tanto a nivel personal, familiar o social.

Todos estos factores son sinónimo y reflejo de calidad de vida, y se asientan sobre aspectos que son diversos y complementarios: una persona que tiene acceso a una vida activa, que mantiene sus relaciones sociales, que participa en espacios de decisión, que actualiza permanentemente su formación, que se encuentra segura y mantiene su autonomía, es una persona sana. Es una persona que puede mantener una relación, de igual a igual, con otras generaciones en igualdad de condiciones.

Hacia estos objetivos tenemos que trabajar, agregando además otro aspecto fundamental y es entender que, en el año 2016, todas las iniciativas, todos los progresos que podamos realizar, en cualquier sentido, descansan sobre la igualdad de hombres y mujeres, que no tiene objeto avanzar si no construimos una sociedad con todas las personas y para todas las personas.

¿Qué novedades va a presentar? ¿Con qué presupuesto va a contar?

Los grandes ejes del envejecimiento activo en nuestra Comunidad quedaron ya marcados en el año 2010, en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía. Sus objetivos persiguen un concepto de calidad global de vida de las personas. Este concepto amplio, completaba, incluso de una manera más ambiciosa -también es cierto que unos años después- el planteamiento que a comienzos de este siglo proponía en esta materia la Organización Mundial de la Salud.

La seguridad, la salud, la formación, la participación son los cuatro ejes básicos sobre los que se articulan todas las actuaciones; ejes que, transversalmente son completados por otros dos objetivos fundamentales: la intergeneracionalidad y la perspectiva de género. Esta es la base, estos son los cimientos sobre los que hay que construir toda la estructura.

No han pasado muchos años desde que se elaboró el Libro del Envejecimiento Activo de Andalucía, que en su momento fue un documento pionero en las iniciativas que en esta materia se llevaban a cabo en nuestro país. Sin embargo, las circunstancias, no sólo en lo relativo a personas mayores sino en el conjunto de nuestra sociedad, se han modificado sustancialmente en los últimos años. Hemos soportado una durísima crisis económica, de la que aún estamos saliendo con dificultad, una crisis que ha puesto a prueba muchas iniciativas y proyectos y que, incluso, ha hecho tambalearse, o retroceder, algunos logros y derechos que ya creíamos consolidados.

Ante esta coyuntura, la respuesta de la Junta de Andalucía ha sido clara y firme, tratándose de dar prioridad a la protección de los grupos de personas con un mayor riesgo de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores.

Prueba de ello es la reciente aprobación del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía y prevención de la dependencia que entre otros aspectos está permitiendo incorporar al sistema de atención a la dependencia a las personas valoradas con grado moderado.

Instrumentos como la Teleasistencia que tiene para este ejercicio una dotación superior a los 20 millones de euros beneficiándose ya 198.000 personas o la tarjeta Andalucía sesentaycinco, que ha posibilitado mediante descuentos unos ahorros de más de 324 millones de euros a más del millón de personas mayores usuarias, o los servicios y recursos que se ofrecen a las personas mayores, medidas de envejecimiento activo que se desarrollan en los 900 centros de participación activa, 168 de titularidad propia con más de 500.000 personas socias que cuentan con más de 102.000 horas de taller entre otras actividades.

La Comisión Europea ha otorgado a Andalucía de nuevo el máximo reconocimiento por sus políticas de envejecimiento activo recibiendo las cuatro estrellas, máxima distinción que situarnos entre los ocho territorios excelentes en esta materia.

¿Están participando las personas mayores en el diseño de esta Estrategia? ¿De qué manera? Y ¿las empresas del sector (residencias, atención sociosanitaria, etc)?

Por supuesto que han participado. Las personas mayores constituyen un grupo social cada vez más dinámico y participativo que reclama contribuir a la génesis de todas las políticas que les puedan afectar, bien con instrumentos de participación institucionalizados como son los Consejos de Personas Mayores o a través de los Centros de Participación Activa o bien de manera más informal. Lo que podemos asegurar es que esta Consejería es permeable a incorporar sus contribuciones. Una sociedad avanzada no puede desdeñar las aportaciones de una parte tan importante de la misma cuando además incorpora el valor añadido del bagaje que supone la experiencia acumulada.

Del mismo modo deberán participar personas especialistas, expertas en las distintas materias y pertenecientes a sectores que, de alguna manera, tengan relación con el proyecto. Es evidente que mientras más amplia sea la participación en la Estrategia tendremos un mayor número de aportaciones y podremos alcanzar un más amplio consenso sobre los temas fundamentales.

Desde Europa se está indicando que hay que hacer recortes por más de 5.000 millones en el presupuesto nacional para el año que viene. Por otra parte la caja de las pensiones se vacía con cada paga extraordinaria. Hay quien dice ya, que lo próximo será tocar las pensiones. En su opinión los jubilados ¿deben temer por sus pensiones?

Las personas mayores, como el resto de la sociedad, están muy sensibilizadas con todo lo que se refiere a las pensiones y asisten con preocupación al panorama actual que día a día se nos presenta, no sólo con la reducción paulatina de la dotación del fondo de reserva por las continuas apelaciones que descapitalizan el mismo, como por la propia sostenibilidad del sistema que con asiduidad se cuestiona.

Desde Andalucía, ya hemos aprobado para el presupuesto del año 2017 un nuevo incremento del 2% en las ayudas extraordinarias a las pensiones no contributivas y asistenciales, medida de la que se beneficiarán unas 108.000 personas. Son más de 22,6 millones de euros los que se destinan a un colectivo que se ha visto duramente afectado por fuertes recortes del Estado, tras la supresión de algunas medidas. Este importe es reflejo del compromiso de la Junta de Andalucía con las personas mayores Es de justicia reforzar los apoyos económicos y cualquier medida dirigida a las personas mayores porque en muchos casos estaban siendo el único sustento de sus familias, además del importante papel que juegan en las relaciones intergeneracionales en nuestra sociedad.

En la legislatura del 2004-2010, usted fue portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. ¿Cree usted que ahora mismo está roto el Pacto de Toledo? Y en su opinión, ¿tiene todavía razón de ser su existencia?

Estamos ante un asunto capital que afecta directamente a la médula del Estado del Bienestar que con el esfuerzo de todos y todas nos hemos dado, y especialmente con el de las personas mayores que después de su contribución generosa al sistema perciben sombras en el momento de ser los receptores actuales de ese esfuerzo solidario entre generaciones.

Precisamente, por esto tiene más razón de ser que nunca el Pacto de Toledo como la herramienta más útil para apuntalar un sistema clave en una sociedad avanzada y solidaria. Habrá que abordar sin alarmismos interesados, pero a la vez con la seriedad y la profundidad que exige el debate sobre el futuro de nuestras pensiones.

¿Veremos a los jubilados españoles, reclamando en las calles una pensión digna y contra los recortes como hemos visto en otros países de Europa?

Como he dicho anteriormente la preocupación está instalada entre las personas mayores. No se puede olvidar que la seguridad es un pilar fundamental de un adecuado envejecimiento y en esta seguridad, la económica juega un papel crucial, pero no sólo para sí mismos, también en esta faceta las personas mayores son muy generosas y gracias a sus pensiones el impacto de la crisis se ha amortiguado para muchas familias que se han visto acogidas de nuevo por los mayores.

En Andalucía viven también de forma eventual o permanente, un porcentaje importante de mayores de 65 años procedentes de otros países europeos, especialmente británicos y alemanes. ¿Acabará el Brexit con la figura del jubilado británico en la Costa del Sol?

Este es un asunto que tendrá el foro y el momento adecuado para su negociación y tendrá como actores principales a las autoridades comunitarias y el Reino Unido. Tendremos que esperar los acontecimientos que en su día se produzcan. En todo caso, Andalucía por su infinidad de atractivos va a continuar siendo un espacio de llegada de aquellos que quieran acercarse hasta ella donde recibirán como viene siendo habitual sus disfrutes y el calor de sus gentes.

Según datos del Observatorio de la Dependencia, el Gobierno Andaluz financió el 78,7% del Sistema de Atención de la Dependencia de Andalucía en el año 2015, y el Gobierno Central un 21,3%. De mantenerse esta situación, ¿se podrá mantener la Atención a la Dependencia en Andalucía?

Efectivamente, de los 1.132 millones de euros que cuesta al año la dependencia en Andalucía, el Gobierno central ha estado aportando 242 millones y la Junta de Andalucía 891, el 80% del coste de la Dependencia. Cómo bien indica, el Observatorio Estatal de la Dependencia ha denunciado recientemente que si la Administración General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación de la dependencia que llevó a cabo en el año 2012, Andalucía recibiría unos 110 millones de euros más cada año. Además, si el Gobierno de España aportase la misma cuantía que la Junta de Andalucía en la financiación de la Dependencia se podrían atender a 105.000 dependientes más, con lo cual no existiría “Limbo de la Dependencia” en Andalucía ya que todas las personas con el derecho reconocido estarían recibiendo las atenciones correspondientes.

Por eso estamos reclamando desde Andalucía una convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de abordar la incidencia de los recortes del Gobierno central en el sistema de atención a la dependencia y que esta reunión se lleve a cabo lo antes posible.

Desde que entró en vigor la Ley, en Andalucía hemos demostrado que la atención a la dependencia es sostenible y supone una auténtica inversión, ya que genera retornos sociales, retornos económicos y es un impulso para el empleo, sobre todo femenino. Un empleo que contribuye a fijar la población al territorio. En este sentido, indicarle que en el presupuesto de 2017 el importe total que destinamos a dependencia supone un incremento del 2,5% respecto a 2016, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la presente legislatura. La previsión es de atender el próximo año a 230.000 personas en situación de dependencia con una inversión de 1.188 millones de euros.

¿Cuántas personas diagnosticadas no reciben ninguna prestación? y ¿cuánto tiempo tarda la Comunidad Autónoma en reconocer a una persona el grado de dependencia y la ayuda?

Andalucía es líder en atención a la Dependencia y desde el comienzo de la Ley se ha atendido en la Comunidad a 365.258 personas y se han concedido casi medio millón de prestaciones. Por otra parte, a 30 de septiembre de este año, se han incorporado 19.602 nuevas personas y se han realizado 56.440 valoraciones, prácticamente el 94,34% del total.

Es cierto que en algunos casos ha habido demora en la tramitación de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la situación de la dependencia y para el reconocimiento de la prestación, provocados principalmente por la falta de financiación del Gobierno central y que las medidas adoptadas a nivel estatal de manera unilateral han venido a condicionar de forma muy importante el ámbito de la gestión del SAAD en nuestra Comunidad Autónoma. Pese a ello, en Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, la resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia va aparejada a la efectiva disponibilidad de la prestación prescrita en el Programa Individual de Atención que aprueba la resolución.

Lo anterior permite prácticamente la simultaneidad entre la resolución de reconocimiento de la prestación y el acceso a la misma, sin perjuicio de los plazos de incorporación de que las personas se benefician para acceder al servicio en el caso de las prestaciones asistenciales. Así, cuando las prestaciones son de carácter económico las personas beneficiarias reciben la prestación, debido a los tiempos de gestión, dentro de los dos meses inmediatamente siguientes a la fecha de resolución de reconocimiento de la prestación, donde se incluyen los atrasos producidos desde la fecha de resolución de reconocimiento de la prestación hasta la fecha de entrada del abono.

Por otro lado, en el caso de que el Programa Individual de Atención aprobado en la resolución prescriba una prestación de carácter asistencial, las personas beneficiarias disponen de un plazo determinado para su incorporación al servicio.

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