Hace pocas semanas se ha iniciado el proceso de administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID19 en los centros de mayores de España, al ritmo que van marcando las diferentes Comunidades Autónomas. Según datos tomados de la web del Ministerio de Sanidad, son ya 36.867.685 personas las que han recibido la pauta completa de la vacuna, lo que supone un 87,5% de la población diana, arrojando así uno de los índices de vacunación más altos de Europa. Resulta pues muy claro que con carácter mayoritario los españoles estamos acudiendo puntuales a la cita con la vacuna, sean cuales sean los motivos que a cada cual muevan a ello.
Sin embargo, no es extraño encontrarnos en nuestro sector con personas, ya sean trabajadores o residentes, que rehúsan la administración de la vacuna por los motivos personales que sean. Ya examiné en estas mismas páginas la obligatoriedad o no de la vacuna, para concluir que conforme a la normativa actual, no es posible obligar a los trabajadores y residentes a la administración de una vacuna contra su voluntad, debidamente expresada.[1]
Durante este tiempo, solo la Xunta de Galicia, mediante la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, ha parecido introducir la vacunación obligatoria al establecer que sería sancionable, con una multa que podía llegar a los 3.000 euros, “la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley”. Esta ley fue impugnada por el Gobierno mediante un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, que suspendió la ley temporalmente.
Por mi parte, considero que actualmente no existe fórmula legal para imponer esa vacunación obligatoria, aunque algunas medidas “sociales” puedan de facto empujar a ello a muchos indecisos, como es la mayor facilidad para encontrar empleo –desde luego en el sector de mayores, donde sin la pauta completa es complicado ser contratado– o la posibilidad de acceder a lugares públicos, restringir cuarentenas, etc. También los duros requisitos de test de prevención que se imponen para los no vacunados impulsan a ello; por ejemplo, lo que ordena la Disposición Final Primera de la ORDEN SAN/861/2021, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, que establece que “Los trabajadores no vacunados o con infección por COVID en los últimos 180 días que regresen de permisos y vacaciones, así como los de nuevo ingreso en iguales circunstancias, están obligados a realizarse prueba diagnóstica de coronavirus con 72 horas de antelación, como máximo, a la incorporación al puesto de trabajo. Igualmente, una vez incorporados, están obligados a realizarse, como medida preventiva, prueba diagnóstica de coronavirus cada 72 horas.”
Hoy quiero llamar la atención sobre el caso de un residente sin capacidad para decidir por sí mismo, y cuyo familiar de referencia deniega el permiso para ser vacunado. Esto ha sido examinado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ha dictado un Auto de 8 de octubre de2021, rechazando el recurso de un hijo de un residente que denegó el permiso para vacunación. La residencia solicitó la autorización judicial para su administración, lo que fue autorizado por el Juzgado en primera instancia y ratificado por la Audiencia Provincial.
El residente no estaba “capacitado para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecte a su salud”, según recoge el citado Auto, habiendo sustentado la Sala su decisión en el artículo 9.6 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, de la autonomía del paciente, que establece que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal del afectado o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, “la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente”, de modo que aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses “deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución judicial correspondiente (…)”.
Pues bien, a la luz de este postulado, que habilitó la petición de la residencia, entiende la sala que la única perspectiva a ponderar en un caso como este “es la individual del paciente, es decir, la identificación de la mayor protección o el mayor beneficio de la salud del residente, debiendo quedar al margen cualquier otra consideración”. Así, considera la Sala que, a pesar de las reticencias mostradas por el hijo, “la administración de la vacuna supone, desde la perspectiva del interés individual y protección para la vida y la salud del mismo, un beneficio incontestable, mucho mayor que los riesgos que supondría la no administración de la misma, teniendo en cuenta que, si bien no se trata de una persona que por sus patologías esté en un grupo de riesgo, sí lo está por estar en régimen cerrado en una residencia, rodeado de decenas de internos, y con el tráfico de personas diversas, personal, médicos, familiares… lógico en una residencia”.
Esta resolución judicial constata pues que los jueces y tribunales, en los casos en los que se hace precisa su intervención para dirimir alguna diferencia de criterio a la hora de proceder o no a la vacunación de personas no capaces de manifestar su voluntad de manera directa, apuestan de manera decidida y con pocas dudas por la administración de la vacuna al ver en ella un claro beneficio para el paciente.
Mientras sigue el debate abierto sobre la obligatoriedad o no de la vacuna en los ámbitos del cuidado, medida que han solicitado de manera general las patronales y ha sido defendida en estas mismas páginas
[2] [3], los tribunales van ofreciendo sus soluciones para resolver cuestiones como la que hoy planteo.
[1] https://dependencia.info/noticia/4138/sobre-la-obligatoriedad-de-las-vacunas.html
[2] https://dependencia.info/noticia/4092/opinion/vacuna-obligatoria-por-que-creo-que-si.html
[3] https://dependencia.info/noticia/4513/actualidad/deberia-ser-obligatoria-la-vacuna-para-el-personal-de-residencias.html
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