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UGT pide al secretario de Estado de Derechos Sociales "aumentar el precio" de las licitaciones

martes 10 de marzo de 2020, 03:06h
La Asociación de Ayuda a Personas Mayores con Enfermedad Mental , AGAM, es una entidad de iniciativa social que ayuda a las personas mayores con enfermedades mentales.
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La Asociación de Ayuda a Personas Mayores con Enfermedad Mental , AGAM, es una entidad de iniciativa social que ayuda a las personas mayores con enfermedades mentales.

La secretaria federal de Sanidad de FeSP-UGT, Gracia Álvarez, ha mantenido esta semana una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, para hacerle partícipe de la situación por la que atraviesan las trabajadoras y trabajadores del sector de la dependencia, un colectivo de 240.000 personas trabajadoras en el que más del 90% son mujeres.

En un comunicado, el sindicato explica que "pese a que las perspectivas de crecimiento no parecen ser negativas en el sector, las condiciones laborales del personal empeoran de manera alarmante".

UGT apunta que "los problemas más notorios son el alto número de contratos a tiempo parcial con jornadas partidas en Ayuda a Domicilio, la falta de unas ratios mínimas de carácter estatal específicas para categoría profesional y la falta de una financiación suficiente por parte de la Administración Central".

Entiende que "estos son algunos de los aspectos que han convertido a este sector en un nicho de empleo de mala calidad, con trabajadoras en riesgo de pobreza".

UGT vuelve a criticar "la falta de diálogo social provocado por las patronales presentes en la mesa de negociación del convenio colectivo, a las que consideramos cómplices de dicha precariedad". Por ello, desde FeSP-UGT consideran urgente "una regulación estatal de ratios mínimas por categorías laborales".

También abogan por una "mayor implicación de las Administraciones en los procesos de licitaciones y concesiones que incluyan cláusulas sociales y el valor real de la prestación a realizar".

Por último, piden "aumentar el precio que las Administraciones Públicas establezcan en dichos pliegos y que de manera directa repercuta en el salario y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector.

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