Hace poco, una noticia en un periódico local de Salamanca me ha llamado poderosamente la atención. Un sindicato de enfermería denuncia y un periódico se hace eco de una situación: resulta que una residencia de 40 plazas de la provincia lleva sin enfermera desde el mes de junio. O sea, seis meses sin ese profesional esencial.
Lo curioso del caso es cómo se enfoca la noticia:
Se indica que la situación “está provocando en primer lugar que la asistencia de sus más de 40 residentes recaiga en la enfermera del Centro de Salud de Cuellar, que es la que tiene asignadas sus tarjetas sanitarias, y lo más grave, que trabajadores del centro no cualificados y sin competencias para realizar funciones de Enfermería las estén asumiendo”.
La misma noticia indica que la residencia ha intentado cubrir la vacante anunciándose en el servicio de empleo y en la bolsa de trabajo del sindicato, pero que no ha recibido candidatos debido a que las condiciones que se ofrecen no son lo suficientemente buenas como para atraer a profesionales.
Continúa diciendo que “esta situación es un claro reflejo de lo que se nos avecina con la intención de continuar con la tramitación de la modificación del Decreto de regulación de autorización y funcionamiento de los centros de carácter Social (…) este Decreto (…) pretende eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, mientras que la asistencia y cuidados deberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio público de Salud”.
La noticia me parece muy curiosa y digna de análisis ya que refleja dos realidades: una demográfica y social que va a acompañarnos durante los próximos años y es el aumento de la población mayor y la consecuente reducción del número de personas con formación cualificada en edad de trabajar; la otra, que en esta situación cada uno va a arrimar el ascua a su sardina.
La situación de la residencia de Sanchonuño es particular pero no única. Ese municipio de 900 habitantes, situado en una zona rural a una hora en coche de Valladolid, debe considerar el tener una residencia de mayores como algo muy positivo, ya que permite a sus mayores dependientes poder quedarse y encima actúa como ancla para que la población joven se quede en vez de migrar a una ciudad. Estoy seguro de que la residencia y el pueblo entero estará muy contento si una enfermera cubre la plaza y se va a vivir allí. Pero no está pasando.
De lo que dice la noticia se deduce que, hasta junio, con las condiciones que establece el convenio colectivo aplicable, la residencia tenía a una enfermera en plantilla. Además, tras haberla dejado de tener, los propietarios del centro pusieron un anuncio en el servicio de empleo, por lo que, no parece que esos propietarios hayan querido reducir gastos, funcionar sin enfermera, fomentar el intrusismo ni aumentar la carga de trabajo de las enfermeras de los centros de salud. Sencillamente no consiguen encontrar una.
El sindicato entiende que, si las condiciones económicas fuesen mejores la residencia habría conseguido a su ansiada profesional y ve un problema en que la residencia no haya recibido un requerimiento por parte de la administración para que tenga ya una enfermera. La administración aparece en la noticia como una especie de cómplice porque se conforma con que la residencia anuncie que busca una enfermera en vez de “hacer algo”. Interpreta, además, que esta pasividad se debe a que esa misma administración intenta mediante un Decreto que sean las enfermeras del servicio público de salud quienes se encarguen de los mayores ingresados en residencias.
Con todo esto se ve que el problema es complejo. ¿Qué posibles soluciones tenemos?
- Obligar a mejorar las condiciones laborales
Si seguimos el argumento del sindicato la respuesta clara sería que la residencia ofreciese unas condiciones mejores para lo cual “un empujoncito” por parte de la administración sería lo adecuado. Si la residencia no consigue su enfermera, entiendo que la idea del sindicato sería una sanción. ¿Y si después de la sanción sigue sin conseguirla? Supongo que debería cerrarse la residencia para evitar que se siga produciendo el intrusismo y la sobrecarga. Pero, ¿sería esa una solución factible? Lo sería si la realidad fuese que las residencias pueden pagar mucho más a sus empleados pero, sencillamente, no quieren. Pero eso no es así.
Lo que cobra una enfermera, o cualquier otro profesional, está recogido en el convenio colectivo que pactan sindicatos y empresas, conocedores de la situación del sector. La realidad es que muchas residencias ofrecen y pagan a sus enfermeras bastante más de lo que marca el convenio porque, al igual que en Sanchonuño, de otra forma no encuentran candidatas. El problema es que esa mejora tiene un límite. Difícilmente puede competir en atractivo una residencia privada que cobra 1.800 euros al mes a sus residentes con una residencia pública que nos cuesta todos más de 4.000. Difícilmente puede competir un convenio de 1.792 horas al año (el de residencias privadas), con los públicos, que suelen rondar las 1.600.
Una solución a corto plazo sería subir el precio de las residencias privadas a 4.000 euros al mes. El problema es que muy poca gente podría pagar esa cantidad con lo que tendrían que cerrar. Propongo esta tontería sólo para decir que, incluso si se mejorasen mucho las condiciones de las residencias privadas, en poco tiempo volveríamos a tener el mismo problema, faltarían enfermeras.
Lo que está pasando en Sanchonuño es interesante porque puede ser lo que va a pasar en muchos sitios en poco tiempo. Cada verano hay residencias que pasan uno o dos meses sin enfermeras porque, sencillamente no las encuentran. Podemos sancionarlas pero eso no resolverá un problema que es demográfico.
- Pasar la atención sanitaria a quien corresponde
A veces hay que volver a lo esencial para encontrar respuestas a algunas preguntas. Lo esencial es que una residencia no es un centro sanitario sino social en el que se ofrecen unos servicios de apoyo y sustituto del hogar para personas dependientes. Esas personas siguen siendo ciudadanos con derecho a la sanidad pública por lo que sus necesidades sanitarias deberían ser atendidas desde esa sanidad.
Si esa es la esencia, una residencia debería tener unos profesionales que servirían de apoyo a la atención sanitaria pública (como lo sería en casa un hijo u otro familiar) pero no la sustituirían.
Si aplicamos esa idea, que es la que aparece en casi todas las normativas de servicios sociales, serían las enfermeras de los centros de salud, junto con los médicos y otros profesionales sanitarios quienes deberían asumir el grueso de las atenciones sanitarias de los residentes. Allí donde haya muchas personas mayores, en sus casas o en residencias, los centros de salud deberían estar preparados para asistirlos, quizás creando algún equipo especial. La enfermera a que obligan las normativas no debería sustituir al servicio público de salud.
Lo que propongo es, precisamente, lo que parece repugnar al sindicato que hace la denuncia, pero eso es precisamente lo que la ley prevé.
También podría ser que aceptásemos que las residencias ya no son lo que la ley pensó. O sea, que, como quien ingresa suelen ser personas muy asistidas, con enfermedades crónicas y un estado de fragilidad, deberíamos considerarlas centros socio-sanitarios. Entonces sí se les podría exigir más presencia de personal sanitario que debería financiar directamente la administración. Si vamos por ahí, se podría pagar más a las enfermeras aunque al cabo de un tiempo descubriríamos que ni así conseguimos el número que necesitamos.
- Reinventar. Repensar
Si aceptamos que el problema es demográfico más que puramente salarial volvería a plantear lo que llevo tiempo defendiendo y es, reinventar el papel de la enfermera como profesional clave en la atención a mayores en residencias. Intentar encontrar la forma de, el día que haya muchas menos enfermeras podamos “hacer más con menos”. Quizás haciendo esto las enfermeras ganen más de lo que ganan ahora. Es posible que su trabajo sea el de coordinadoras/supervisoras de un equipo de profesionales menos cualificados, aplicaciones e incluso robots.
Si esto que propongo, que es sólo una idea muy poco perfilada, se ve como la puerta para el intrusismo o para la rebaja de la dignidad de la profesión de enfermería, es que no lo estoy explicando bien.
Seguro que existen otras opciones. Me gustaría conocerlas.
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