Cantabria suspenderá de forma temporal la norma de acreditación de la Dependencia para buscar una “solución de consenso”

FED y Lares han valorado de forma muy "positiva" la decisión de la Consejería de suspender la normativa mientras se trabaja en un nuevo marco que permita trabajar, aseguran en un comunicado, "de forma sensata y sostenible". Esperan que sea el inicio de un camino hacia la estabilidad del sector a través del desarrollo de una norma fundamentada en criterios técnicos, que aporte seguridad jurídica, que garantice la sostenibilidad de la red de dependencia y que beneficie a los usuarios.

Informábamos recientemente en Dependencia.info de que la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales había mantenido un primer contacto con los representantes de las organizaciones empresariales de dependencia de Cantabria para escuchar sus demandas y "avanzar de forma conjunta en la mejora del sistema de atención a las personas dependientes".

Estas dos organizaciones, que, hay que recordar, representan el 70% de los servicios de atención a la dependencia en personas mayores y discapacidad en Cantabria, han destacado la "necesidad de aunar fuerzas para mantener y mejorar el sistema de la dependencia", así como la importancia de "trabajar a un ritmo que acorte los plazos para la toma de medidas que mejoren el desarrollo de la actividad".

Tanto la consejera como las entidades coincidieron en esa primera reunión en la necesidad de elaborar una Mapa de Servicios Sociales que permita una adecuada planificación de los recursos, así como establecer un plan de formación continua para los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales.

Por otra parte, FED y Lares también valoran que la administración considere de interés general mantener el aumento de la ratio y los precios para comenzar a abordar la mejora de la atención a las personas y disminuir la carga de trabajo del personal.

Suspensión temporal de la norma

De esta forma, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha acordado posponer la entrada en vigor de la nueva normativa de autorización y acreditación de Centros de Servicios Sociales, prevista para el próximo 2 de noviembre, con el objetivo de iniciar un proceso participativo y buscar una “solución de consenso” con las entidades del sector.

Así se lo trasladó la consejera Ana Belén Álvarez a los representantes de las empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia y la discapacidad. Álvarez entiende que la situación de conflicto planteada con la aprobación el pasado mes de mayo de la nueva normativa introduce “elementos de incertidumbre importantes” en el desarrollo del sistema de dependencia.

De ahí que la Consejería busca una solución que permita conciliar el liderazgo de la Administración en la definición de las políticas públicas, la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia y la estabilidad de las entidades prestadoras de servicios.

La solución propuesta por el Ejecutivo regional pasa por posponer el calendario de aplicación de las normativas en cuestión hasta el 30 de junio de 2020 como plazo máximo, con la excepción del cumplimiento de las ratios de profesionales que la Administración ya está abonando. Ana Belén Álvarez defiende que “las reformas serias deben permanecer estables en el tiempo para que puedan dar resultados” y ello “solo es posible si éstas son fruto del consenso, del acuerdo entre las diferentes visiones de un problema”.

“Estamos convencidos que entre todos y todas seremos capaces de llegar a un acuerdo que posibilite la mejora de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia”, ha asegurado.

Finalmente, la consejera ha señalado que para el Gobierno de Cantabria el desarrollo y extensión del Sistema Público de Servicios Sociales es una prioridad, y esta tarea apasionante nos obliga a analizar constantemente la realidad social y a dar respuesta a las viejas y a las nuevas situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía.

Consulta aquí residencias de Cantabria