Las Asociaciones de Dependencia han anunciado en el Juzgado la interposición de demanda contra la nueva normativa publicada “in extremis” por el gobierno de Cantabria. Como ya advirtieran, tras el estudio pormenorizado de las órdenes y el decreto, se ven abocados a emprender la vía judicial para garantizar que no se agraven los problemas que atraviesa el sector y que no se consolide una norma carente de criterios técnicos y publicada sin consenso.
El análisis exhaustivo desde la perspectiva jurídica, técnica y económica de la norma, arroja las conclusiones que el sector ya había avanzado. La norma no resuelve los problemas endémicos de la actividad: falta de coordinación socio sanitaria, caos en la gestión farmacéutica, inseguridad jurídica, salarios precarios, desprotección de usuarios y familias, desigualdad en la atención a las personas usuarias… Asimismo, varias de estas cuestiones no sólo no se resuelven, sino que se ven acrecentadas por la nueva norma.
La insistencia del ejecutivo en defender su texto, acusando a las entidades de no promover la calidad en el servicio, reflejan la falta de argumentos de quienes hablan de decoración hogareña e Internet en las habitaciones, mientras no dicen una sola palabra acerca de garantizar una atención sanitaria adecuada a las personas en situación de dependencia cuya calidad de vida en los centros se ve menoscabada en gran parte por sus patologías.
Las Asociaciones de Dependencia han reclamado históricamente la acreditación de todos los centros de la región, destacando que la ratio exigida en los centros no concertados está lejos de garantizar una atención mínimamente digna para las personas usuarias. En términos de igualdad, también han manifestado que las unidades de convivencia son un recurso dotado de más medios que el resto y no existe un criterio de asignación para el mismo, con lo que se acrecientan deliberadamente las desigualdades entre las personas atendidas.
Asimismo, en la reciente visita de la Consejera a uno de los centros asociados, pudo comprobar que el desarrollo del trabajo, según sus propias palabras, se basa en el respeto, la dignidad y el trato individualizado, y que las instalaciones son innovadoras y favorables para la actividad. Resulta, por tanto, difícil de comprender que continúe adjudicándose el mérito de haber ideado la atención centrada en la persona y la arrogancia al publicar una norma sin consenso con un sector que ha sido pionero en la calidad de los servicios asistenciales.
La dejación de funciones de esa Consejería ha sido la tónica general de actuación durante la legislatura. Asimismo, el sector ha llevado ante los tribunales a la Administración por su desinterés a la hora de garantizar el cumplimiento del Código Técnico de Edificación en la construcción de nuevos centros de servicios sociales en Cantabria, sobremanera en materia de seguridad. Tampoco en este caso ha quedado otra vía que la judicial, pues habiendo puesto en conocimiento de la Consejería el hecho de que hay centros que incumplen las normas relativas a protección contra incendios, desde la jefatura de inspección se ha respondido afirmando que no interpretan la norma de esa forma y que no tienen intención de intervenir.
Las organizaciones Federación Empresarial de la Dependencia (FED Cantabria), Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y LARES, prestan servicios a personas mayores y personas con discapacidad y agrupan más de 80 centros, 5.200 usuarios y 2.300 trabajadores en Cantabria.
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