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Ideicas 2.0. La capacitación profesional de las gerocultoras en la Comunidad Valenciana

miércoles 06 de febrero de 2019, 20:28h

La semana pasada escribí sobre la “ideica” de la Diputación Foral de Álava de “clasificar” las diversas acreditaciones de trabajo “sin contenciones” en residencias otorgando diferente puntuación a las que ofrecen organizaciones como CEOMA o la Fundación Cuidados Dignos. Estoy muy contento de que algo que quizás hubiera pasado desapercibido, haya sido conocido por más de 2.000 personas y haya generado opiniones destacadas como la de los doctores Ana Urrutia, Antonio Burgueño y José Pascual.

Mi idea las semana pasada era tratar sobre dos “ideicas”: la de Álava y la de la Comunidad Valenciana, donde el gobierno piensa reconocer a quienes hayan cuidado a personas dependientes en el entorno familiar como poseedoras de competencia profesional y experiencia demostrable de la que se requiere para obtener la capacitación profesional como gerocultora. Entonces no me dio tiempo así que, sigo esta semana.

Supe de esa iniciativa porque me la explicó José María Toro, presidente de la asociación patronal AERTE, y le pedí que nos lo explicase a todos en una tribuna. De forma muy explícita la tituló “La banalización de la profesionalidad en la Atención a la Dependencia”. También el redactor de Dependencia.info, Javier Cámara, preparó una información y supimos que a la patronal Lares Comunidad Valenciana no le parecía tan mal la idea.

A mí el “tema de la capacitación” me da un poco de pereza ya que, desde que hace ocho años escribí “La leyenda urbana de la cualificación profesional de las gerocultoras”, cada cierto tiempo siento la necesidad de volver a tocar la cuestión y, para hacerlo tengo que repetir una historia triste y complicada.

Así empezaba el post en 2011:

Según una leyenda urbana, todos los gerocultores que trabajan en residencias para personas mayores en España deberán tener acreditada su cualificación profesional en 2015 y una tercera parte antes de finales de 2011. Para dar cumplimiento a ese requisito, siempre según esa leyenda, las residencias deben acreditar que las gerocultoras tienen una formación específica (formación profesional) o cuentan con una experiencia más una formación no reglada que, mediante un proceso administrativo de reconocimiento de determinadas competencias y una formación complementaria, les permita equipararse a los gerocultores cualificados. Para ayudar en ese proceso se están seleccionando asesores, evaluadores y se cuenta con la intervención de algunos institutos de educación secundaria y las patronales.

No voy a repetir lo que ya se ha dicho mil veces aunque, el hecho de que en 2019 todavía estemos hablando de esto supone que, efectivamente, lo de la fecha límite de 2015 tenía muy poco fundamento.

Para entender lo que sucede en la Comunidad Valenciana y por qué le pongo la etiqueta de “ideica” voy a dar un paso atrás y explicar un poco la situación actual y las contradicciones que, a mi entender generan el despropósito:

  • Las personas que ingresan en residencias o que reciben otros servicios de atención a la dependencia son dependientes y, en la mayoría de los casos, sufren diferentes enfermedades crónicas y situación de fragilidad, toman varios medicamentos y requieren de mucha atención.
  • El cuidado de estas personas requiere de personal formado y preparado.
  • Una parte de los servicios sanitarios que deberían recibir los residentes de la salud pública son prestados desde las residencias con su propio personal.
  • Los precios de concertación de plazas llevan años congelados o cuasi-congelados.
  • Los precios de las plazas privadas en residencia han subido algo.
  • El convenio colectivo establece unos salarios bajos, acordes con los precios que se cobran por el servicio.
  • Cada vez es más difícil para las residencias encontrar profesionales de determinado perfil, sobre todo enfermeras, y, en menor medida, gerocultoras con titulación oficial de técnico en atención sociosanitaria.
  • Muchas personas que trabajan en residencias lo hacen no como “opción vital” sino como “opción necesaria”, lo que genera que, si se les ofrece una opción de cambio algo mejor pagada (hacia el sector de la sanidad u otros), lo toman.
  • Hasta que empezó el proceso de capacitación, la gran mayoría de gerocultoras no disponían de formación reglada sino que tenían “alguna formación” o “ninguna formación”.
  • Hoy hay un 18% de personas mayores de 65 años, un porcentaje que va a casi doblarse en los próximos 25 años.

Si metemos todo esto en una coctelera obtenemos un resultado peculiar: necesitamos muchos profesionales y cada vez necesitaremos más, a pesar de que cada vez va a haber menos jóvenes en relación a los mayores; para atraerlos les podemos pagar poco pero podemos reconocer su trabajo requiriendo para ejercerlo una preparación previa y una titulación. Pero si requerimos titulaciones y capacitaciones nos costará mucho encontrar personas que quieran trabajar cobrando poco cuidando mayores. ¿Le veis la lógica? Yo tampoco.

En este contexto entendemos que se establezca un proceso, dividido en dos fases, de capacitación profesional para quien ya trabaja en residencias sin titulación: en la primera, se reconocen unas competencias basándose en que al haber trabajado durante un tiempo hay técnicas que conocen; en el segundo se les da formación para que completen sus competencias.

Esto es básicamente lo que se lleva haciendo desde 2008 con diferente éxito. Lo que propone la Comunidad Valenciana es saltarse la primera fase para quien haya cuidado a un familiar dependiente recibiendo una prestación económica. A partir de allí, con una formación complementaria pueden conseguir la capacitación profesional.

Si lo vemos desde la perspectiva práctica está muy bien. Es una forma fácil de ampliar el número de gerocultoras capacitadas. Desde la técnica, la cosa cambia un poco, ya que, como dice José María Toro, banaliza el trabajo de la residencia al equiparar lo que se hace dentro de un equipo profesional con lo que cada uno hace en su casa. Sería como decir que a alguien que ha cocinado para su familia durante unos cuantos años se le pueden reconocer competencias en gestión de Puntos Críticos; o a alguien que ha hecho de “manitas” en su casa competencias de técnico instalador.

Como en el sistema propuesto quien haya cuidado en familia tendrá que hacer alguna formación adicional lo más seguro es que no haya un daño grave pero, si aceptamos eso, ¿por qué no damos un paso más y decimos que “cualquiera” puede hacer la formación complementaria y obtener sin acreditar nada la capacitación? ¿Lo defendería alguien?

No sé si en la Comunidad Valenciana han hecho esta reflexión. Creo que han tenido una ideica y la han lanzado al mundo. Si lo hubiesen pensado un poco más, quizás lo habrían pactado con la patronal más representativa o habrían pensado plantearlo en el Consejo Territorial de la Dependencia para que el sistema de capacitación pudiese ser común en todas las comunidades.

Por supuesto puedo equivocarme, o incluso puedo estar diciendo tonterías. Si alguien lo cree, por favor, que me lo diga y que opine aquí abajo.

También, si alguien conoce alguna “ideica” interesante proveniente de alguna de nuestras queridas administraciones, por favor, que me la haga llegar. Si recojo las suficientes, un día podríamos hacer una colección.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    378 | encarna - 09/02/2019 @ 11:59:13 (GMT)
    Hola yo tengo lo de certificado de profesionalidad en instituciones sociales me lo saqué en el 2015 por méritos y cursos que hice gracias a ello no he parado de trabajar en residencias y en el SAD. Mi pregunta es¿también se puede trabajar en residencias públicas? En estos momentos trabajo para el SAD contratada por el ayuntamiento de un pueblo de Valencia, gracias.

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