Con el monstruo del lago Ness pasa lo que suele pasar con los mitos, se habla de él, pero muy pocos lo ha visto.
Es un poco como lo que lleva unos años pasando con la cualificación profesional de las gerocultoras en residencias de personas mayores.
Hay un monstruo acechando a las gerocultoras que no consigan, llegada una fecha, regularizar su situación consiguiendo un titulo oficial que les habilite o un certificado de cualificación profesional que les permita seguir trabajando en atención a personas mayores dependientes (en residencias geriátricas, centros de día para mayores o servicios de ayuda a domicilio).
Llevamos unos cuantos años, concretamente desde 2008, oyendo hablar de ese ser terrible. Al igual que en Escocia, alrededor de la existencia de Nessy (nombre que recibe allí el supuesto habitante del lago), se ha creado un sector económico en forma de consultores, asesores y centros de formación que acompañan a las gerocultoras en su esfuerzo para no ser devorados a finales de “este año o el año que viene”. Pongo entre comillas esa frase porque lleva siendo así, como mínimo desde 2015. Pero, también al igual que en Escocia, cuando alguien quiere convencerse de la existencia de la criatura mirándole a los ojos, nos encontramos que ésta es tan esquiva que incluso resulta difícil encontrar testigos fiables que nos permitan tener convencimiento de su existencia.
Lo cierto es que, aunque la obtención de un reconocimiento en forma de cualificación profesional es algo positivo, a finales de 2015 no sucedió nada y se prorrogó la “fecha máxima”. Después se fueron poniendo excepciones a quienes debían capacitarse y se volvió a extender la fecha límite. Después llegó la pandemia y se quitaron los requisitos y se volvió a extender la fecha. Y ahora que parece que la fecha ha llegado parece que nadie va a ser despedido y, desde las patronales ya se pide una nueva extensión o el establecimiento de nuevos criterios.
A los que crean que las cosas van a cambiar mucho, les invito a leer algo que escribí en 2015. Para quienes lo lean hasta el final: no he tenido que pagar la cena de la apuesta a nadie.
Lo expliqué en este blog hace tres años en una entrada que llevaba por título “La leyenda urbana de la cualificación profesional de las geroculoras” y voy a intentar volverlo a explicar de forma sucinta ahora que algunos vuelven a agitar el espantajo del 2015 ante no pocas gerocultoras temerosas que creen que van a ver peligrar su puesto de trabajo:
Dentro del proyecto inicial de la Ley de Dependencia, algún optimista patológico pensó que el Estado podría dictar unos criterios comunes de acreditación que todas las comunidades autónomas integrarían en su reglamentación de forma que todas las residencias para mayores, centros de día o servicios de ayuda a domicilio de España acabarían pareciéndose en lo esencial. Como a aquel “alguien” lo que le sobraba de optimismo le faltaba de capacidad técnica, los criterios comunes de acreditación se acabaron plasmando en papel en un “Acuerdo” de 2008 que establecía unos criterios muy vagos y sólo dos aportaciones de peso: la primera, la obligación de las comunidades autónomas de establecer unas ratios mínimas de personal para atender a los dependientes en residencias, la segunda, la obligación de exigir al personal gerocultor una cualificación profesional en un proceso paulatino que concluiría en 2015. El resto eran referencias genéricas a la calidad, titulación de los directores de residencias y poca cosa más.
El “Acuerdo de acreditación” no tenía la finalidad de ser aplicado directamente por los prestadores de servicios sino únicamente, la de servir de base para que cada comunidad autónoma dictase su propia normativa de acreditación. Para hacerlo, el propio acuerdo establecía un plazo que finalizaba en 2009.
Corría el año 2008 y 2015 parecía tan lejano…
Supongo que el optimista debió tener un súbito despertar a la realidad cuando acabado 2009 casi ninguna comunidad había aprobado su normativa de acreditación. Pero no pasó nada, el sopor de autocomplacencia era lo que imperaba en casi todo lo relacionado con la Dependencia.
Sólo hay que considerar qué ha pasado en tres comunidades autónomas con bastante peso demográfico para que salte a la vista el fracaso del proceso de acreditación previsto en la Ley:
Andalucía promulgó su Decreto de Acreditación antes de que el Consejo Territorial del Sistema de la Dependencia aprobase los criterios comunes por lo que, difícilmente los pudo tener en cuenta. Cataluña y la Comunidad de Madrid, a día de hoy todavía no han aprobado los suyos.
O sea, que la obligación de los prestadores de servicios de tener a todas sus gerocultoras “cualificadas” antes de acabar 2015 está en un “acuerdo estatal” de 2008 que cada comunidad autónoma debería haber convertido en Decreto autonómico antes de acabar 2009 pero que la mayoría ha ignorado ostensiblemente.
No creo que haya que ser un eminente jurista para entrever que sólo existirá obligación y fecha límite en las comunidades autónomas que hayan regulado la acreditación conteniendo esos requisitos.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que la velocidad con la que ha sido posible obtener la cualificación ha sido muy diversa en diferentes comunidades. En algunas resulta casi imposible hacer nada hoy, en otras el proceso está muy avanzado existiendo la posibilidad de acceder a la cualificación mediante un sistema estatal y otro autonómico.
Mi consejo a los empresarios del sector y a las gerocultoras que reciben información preocupantes es que intenten obtener la cualificación. Allí donde ésta es posible, adelante. Allí donde es difícil, sería bueno dirigirse por escrito al Departamento competente en servicios sociales pidiendo instrucciones y exponiendo los esfuerzos que se están haciendo.
Llevo unos cuantos años explicando en clases y conferencias lo mismo que he expuesto en estas líneas y suelo acabar diciendo que no me creo que nadie vaya a ser despedido el uno de Enero de 2016 por no tener la cualificación profesional. Tal es mi convencimiento que me juego una cena con quien quiera a que tengo razón.
Si (
No(