¿Quién debe suministrar medicamentos a las residencias?

En teoría, las personas mayores que viven en una residencia, en su relación con la sanidad pública son ciudadanos que viven en sus casas por lo que pueden hacer el mismo uso de los recursos sanitarios públicos que cualquier otro ciudadano. Pueden ir al centro de salud, a urgencias si se encuentran mal y llevar su receta a cualquier oficina de farmacia donde, haciendo frente al copago correspondiente, les será facilitada la medicación prescrita.

Hace años que existe un divorcio entre la teoría y la realidad: la gran mayoría de residencias disponen de médicos contratados que atienden a los residentes y, de alguna forma (existen muchas diferentes), consiguen que la sanidad pública convierta sus indicaciones en recetas que son llevadas a oficinas de farmacia que a su vez las convierten en medicamentos. Aunque existen modalidades muy diferentes, en la mayoría de ellas se acaba pagando por un servicio (el que presta el médico contratado por la residencia) que debería estar cubierto por la sanidad pública; y se acaban creando sistemas de suministro de medicamentos en los que las oficinas de farmacia “avanzan” productos antes de disponer de las recetas produciéndose después regularizaciones.

Como digo, esto no es nada nuevo. Tampoco lo es que las administraciones autonómicas intenten “ordenar” la situación con soluciones que en muchos casos pasan por que no sean las oficinas de farmacia las que suministren los medicamentos a las residencias.

Recientemente, el “ánimo ordenatorio” se ha incrementado y tenemos iniciativas en Andalucía, Comunidad Valencia y Cataluña, que están encontrando una resistencia importante por parte de las oficinas de farmacia y también de las propias residencias.

En Andalucía, un Decreto de 2015 regulaba hasta hace poco la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales. En éste se establecía un sistema que excluía el suministro de medicamentos a algunas residencias públicas y privadas por parte de las oficinas de farmacia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en dos sentencias de principios de 2018 ha declarado nulo y extendido la nulidad del Decreto. La clave de la nulidad descansa en que, según el tribunal, las condiciones de dispensación y la alteración de las existentes que recoge esta normativa corresponde determinarlas exclusivamente al Estado y, por tanto, no son competencias de las Comunidades.

En la Comunidad Valencia el proyecto planteado por la Generalidad, Servicio de preparación de unidosis y su distribución a los centros de asistencia social sociosanitarios 'Resi-EQUIFar', establece el suministro de medicamentos a las residencias mediante un sistema “unidosis” por parte de un suministrador que elige la propia Generalidad mediante un concurso público y que en la práctica excluye a las oficinas de farmacia. La patronal AERTE ha mostrado reiteradamente su rechazo y ha paralizado durante un tiempo un modelo que se está intentando implantar sin haber contado con la participación del sector.

En Cataluña, la Generalitat está trabajando en un modelo más ambicioso de atención sanitaria a personas mayores que viven en residencias y que se fundamenta en tres documentos que se están elaborando con bastante más participación que en la Comunidad Valenciana y que se han ido presentando en su versión provisional en varios actos, algo muy loable por parte de la administración, aunque también con sus sombras, ya que, aunque se presenta en la web de la Generalitat como un modelo pactado con las diferentes patronales, en el que no se redactarán decretos hasta que se alcance el “consenso necesario”, cuando hablas con quien ha estado en las reuniones, te explica una historia diferente en la que la Generalitat tiene muy claro lo que quiere hacer y el consenso es algo bastante difuso.

Para poderse hacer una idea de por dónde van las cosas pongo a continuación unos enlaces a unas versiones de borradores de los documentos que han sido entregados a algunos de los participantes en las reuniones de trabajo. Éstos deben ser tomados con gran cautela ya que son de hace unos meses y dicen de forma clara que son documentos de trabajo y borradores. Aún así, pueden servir para ver por dónde van los tiros.

Model d'Atenció Sanitària Integrada a les persones que viuen en centres residencials per a gent gran (Modelo de atención sanitaria integrada a las personas que viven en centros residenciales de mayores)

Marc avaluatiu del Model d'Atenció Sanitària Integrada per a persones en residències de Catalunya (Marco evaluativo del Modelo de Atención Sanitaria integrada para personas que viven en centros residenciales de mayores)

Model d’Atenció Farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya. (Modelo de atención farmacéutica para personas que viven en residencias de Cataluña)

El motivo por el que difundo unos borradores es que, para algunas personas,estos documentos son más que meros papeles de trabajo. De hecho, la Asociación de Farmacéuticos Comunitarios de Asistencia Residencial AFCAR ha pensado que suponen una actuación de hecho de la Generalitat que puede ser impugnada y han decidido presentar un recurso contencioso ante los tribunales (aquí está el recurso).

A diferencia de en la Comunidad Valenciana, donde se consideró que AERTE no estaba legitimada para personarse en la licitación de la suministradora de medicamentos, en el caso de AFCAR, el Tribunal sí ha aceptado tramitar el recurso contencioso administrativo (aquí está la aceptación) por lo que en los próximos meses vamos a poder seguir un litigio interesante.

Tal y como están las cosas creo que los argumentos van a ir por dos caminos diferentes:

Por un lado, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, hay que encontrar un sistema claro y eficiente para que las personas mayores que viven en residencias reciban el servicio público de sanidad al que tienen derecho, que incluye la prestación farmacéutica, sin necesidad de duplicar profesionales ni de tener que recurrir a “sistemas imaginativos” para conseguir los medicamentos cuando son requeridos. Respecto a este punto la finalidad que persiguen las comunidades autónomas parece la correcta aunque quizás el camino que siguen no lo sea tanto.

Por otro lado, habrá que determinar si la competencia para establecer ese sistema corresponde a cada comunidad autónoma por separado o al Estado. A estos efectos, ayudaría que el Estado se posicionase, cosa que, si ha hecho, no ha llegado a mis oídos y que corresponde ahora a la nueva ministra Carmen Montón.

Como es una cuestión que tiene mucha afectación sobre las personas mayores que viven en residencias, los profesionales que trabajan en ellas, y también sobre los farmacéuticos, sería positivo ver un debate de ideas fundamentadas. A ver si éste llega.