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ARADE avisa de posibles denuncias por la “falta de objetividad” en las inspecciones a las residencias

ARADE avisa de posibles denuncias por la “falta de objetividad” en las inspecciones a las residencias
miércoles 18 de octubre de 2017, 18:46h
Paquita Morata: “Hay procedimientos sancionadores que no tienen un apoyo jurídico detrás”.
La gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE), Paquita Morata Prieto, ha señalado a NGD que la semana pasada presentaron una queja ante el registro del Gobierno de Aragón, en la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, porque se están realizando inspecciones a las residencias privadas que consideran que “no son objetivas”.

A principios de año ya informamos de que una campaña de inspecciones había provocado en Aragón el cierre voluntario de 14 residencias porque no podían cumplir con los requisitos de atención y calidad establecidos por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. También contaba Morata en una entrevista a NGD que lo entendía como “algo necesario para depurar el sector”.

A día de hoy, la situación ha cambiado. Morata explica que ahora mismo se encuentran “en una disyuntiva un poco complicada porque el plan de inspección estaba teóricamente muy bien planteado, pero nos estamos encontrando con una falta de objetividad en parte del personal encargado de hacer las inspecciones”.

Con “no son objetivas”, Morata quiere decir que “de un tiempo a esta parte, el equipo de inspección de centros ha cambiado y nos estamos encontrando con personas que interpretan la ley de una manera totalmente subjetiva”. Inseguridad jurídica

¿En qué se traduce esto? La gerente de ARADE destaca que “se están encontrando con procedimientos sancionadores que no llegan al nivel de cierre porque las deficiencias se entienden que no son tan graves como para llegar a ese extremo, pero sí con procedimientos sancionadores con cuantías elevadas que no tienen un apoyo jurídico detrás”. De esta forma, aunque desde ARADE se apoyó el plan de inspección porque entendían que era necesario porque había que depurar el sector y que todas las propuestas de mejora eran bienvenidas y todo lo que no cumpliera la ley debía ser modificado, Paquita Morata lamenta que en la actualidad se encuentren “con una importante inseguridad jurídica”.

Por ello, ARADE ha pedido “que se elabore un ‘checklist’ de manera que se puedan tener unos criterios objetivos y cuantificables”, apunta Morata, que añade: “Hasta ahora nos hemos encontrado muchos centros privados que, por cuestión de imagen o por no montar lío, han tenido que hacer inversiones que no se indicaban en ningún sitio que tuvieran que ser así”. Detalla que algunos centros han tenido que hacer un “te callas y pagas”, pero cuando el nivel de este tipo de inspecciones rayan un estilo maleducado a la búsqueda de deficiencias más que de una forma colaboradora con lo que no dejan de ser empresas, la mayoría pyme, hay que reaccionar”.

La gerente de ARADE denuncia que “lo que se va buscando es la sanción y el ‘te pillo’”. La realidad, subraya Morata, es que “está siendo así por una parte del equipo de inspección, con los que nos estamos encontrando con procedimientos sancionadores que no deberían de darse”.

Por ello, en el escrito-queja presentado ante la DGA, “ARADE propone que las actas de inspección tienen que indicar el punto concreto de la ley objeto de incumplimiento”. Morata apunta que “no se puede decir ‘no me gustan los sofás porque no me gustan’ o ‘no puede haber mosquiteras en las ventanas porque yo lo digo’”.

ARADE “pide también que el inspector sepa qué legislación es aplicable al centro que esté inspeccionando”. No se puede inspeccionar de la misma manera un centro que fue construido hace 30 años y depende de una legislación de edificación de esa época, que un centro que va a ser de nueva apertura.

Y lo mencionado anteriormente, “que las inspecciones sean objetivas a través de un ‘checklist’ o de una forma que se impida que en la mano del inspector esté el futuro de la empresa”.

Denuncias

Preguntada si los motivos que han podido llevar a la Inspección a este cambio de equipo y, por otro lado, al cambio de actitud con las empresas, pueden ser una falta de preparación de los inspectores o a otro tipo de intereses, Paquita Morata entiende que se debe a algún otro tipo de interés.

Y lo explica: “Creo que cuando se desarrolla una actividad laboral, uno debe intentar ser lo más objetivo posible, independientemente de tus ideas personales o de tus convicciones políticas. Creo que desde la Consejería el planteamiento era bueno y se había empezado a hacer de una forma bastante correcta, pero al final ese trabajo se lleva a cabo por personas que, si no se nos da una contestación concreta, quizá se encuentren con denuncias. Hay centros a los que le resulta inadmisible, no sólo el pago de una sanción, sino que quede en entredicho su imagen y su buena labor porque una persona se empecine en tratar de esa forma al centro”.

“Apoyamos la inspección, debe haberlas, pero lo que no se puede admitir son cosas que entendemos inadmisibles”, afirma Morata, que recuerda que “desde ARADE se ha advertido al Gobierno de Aragón de estas posibles denuncias si se persiste en la actitud de algunos inspectores”.

La queja fue entregada el pasado 6 de octubre con el asunto: “Inspecciones no objetivas” y está dirigida al secretario técnico del Departamento, que es la persona que firma el Plan de Inspección.

“Es falta de objetividad porque tenemos una legislación que cumplir, pero depende mucho del inspector de turno, de como quiera enfocar las cosas y la manera y las formas a la que se llega a los centros”.

Vea aquí residencias de Aragón

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