Si preguntas en España a cualquiera cómo funciona eso del copago de la dependencia lo más seguro es que no tenga ni idea. Aunque en algunas comunidades ha sido un tema candente, sobre todo cuando en 2012 se incrementó la aportación. Lo cierto es que, salvo para los afectados, pasa como algo desapercibido.
Por eso resulta tan sorprendente saber que en el Reino Unido una pretendida modificación del sistema de copago en servicios sociales haya causado un sobresalto tan grande en plena campaña electoral de forma que, incluso, algunos analistas apuntan a que podría alterar el resultado. Cuando publiquemos estas líneas estará a punto de saberse quién ha ganado y por cuánta diferencia, por eso todavía es un buen momento para saber lo que ha pasado.
En Reino Unido, quien está ingresado en una residencia de mayores de financiación pública paga una cantidad cada mes y, la diferencia entre lo pagado y el coste del servicio genera una deuda que grava su patrimonio de forma que, tras la muerte, la administración puede recuperar lo que ha costado a las arcas públicas el cuidado del difunto, con unas limitaciones: la vivienda habitual de la persona queda fuera de la garantía y siempre hay una cantidad que los descendientes pueden heredar.
Cuando la primera ministra Teresa May decidió convocar las elecciones hizo público el programa electoral del partido conservador y, entre una serie de medidas para hacer más sostenible el sistema de protección social, introdujo una que ampliaba el sistema de cobro post mortem. La generación de deuda se ampliaría a los servicios de ayuda a domicilio y se modificaría el tope que podía cobrar la administración de forma que dejaba de estar protegida la vivienda habitual y los herederos sólo tendrían garantizado el cobro de 100.000 Libras esterlinas.
Si el primer sistema permitía cobrar de las herencias de un grupo más bien reducido de mayores acaudalados, el nuevo sistema hubiera ampliado mucho el número de personas afectadas, éstos serían en su mayoría de clase media y unos cuantos descendientes cada año verían como a la hora de heredar no recibirían ni la casa de sus progenitores.
La oposición laborista y demócrata-liberal bautizaron rápidamente el nuevo sistema como el ‘Impuesto sobre la demencia’ y empezaron a machacar a los conservadores acusándoles de querer saquear a las clases medias hasta en la tumba. El argumento caló en la sociedad a través de los medios de comunicación y las redes. Los conservadores, primero, se defendieron diciendo que era una medida para garantizar la sostenibilidad del sistema pero, ante la indignación colectiva decidieron dar un giro de 90 grados y quitar ese punto de su programa.
Teresa May había convocado las elecciones pensando centrar el tema en el Brexit, esperando que los británicos le diesen su confianza para negociarlo y olvidándose de otros temas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea va a ser mala para Europa, pero especialmente nefasta para los propios ingleses. La premier, según casi todos los expertos, hábilmente convocaba elecciones justo antes de empezar a negociar de forma que cuando en dos años la salida sea una realidad y el país sienta el dolor, todavía tenga dos años más de legislatura por delante que la separen de la ruptura.
Pero el copago entró en campaña.
Si bien es cierto que los atentados de Manchester y Londres han sacudido de una forma más terrible la campaña electoral, el ‘dementia tax’ ha puesto encima de la mesa uno de los retos a los que las sociedades deben enfrentarse aunque se resistan a ello.
Me ha sorprendido que un tema como el copago, que los conservadores británicos habían puesto en su programa como algo menos frente al reto del brexit haya saltado a la actualidad y haya tenido influencia en la campaña.
Es cierto que bajo la polémica está el problema real de hacer sostenible un sistema que, por motivos demográficos, va a tener cada vez más gasto, al aumentar el número de dependientes y posiblemente menos ingresos al bajar el número de personas que trabajan.
No sé que debería pasar aquí para que algo así sucediese. Supongo que, en cualquier caso, esto pasaría en unas elecciones autonómicas ya que en España no existe un copago sino diecisiete, uno por comunidad.
Puestos a imaginar, supongo que si llega a sucede aquí será en Asturias, donde ya tienen su versión local del ‘Impuesto sobre la demencia’, o sea, donde el usuario de servicios sociales genera una deuda con el ERA (organismo autonómico) que éste puede reclamar tras la muerte del dependiente. En ocasiones ha sucedido que la administración tarda un tiempo en reclamar y los herederos, que ya se han gastado la herencia, tienen que de devolver una cantidad que no tienen.
Ahora toca esperar cómo acaban las elecciones británicas. A ver.
Si (
No(