Las organizaciones AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES han valorado positivamente el compromiso del Gobierno de elevar la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta los 7.200 millones de euros en 2027, frente a los 3.691 millones consignados en 2025.
Las principales entidades representativas del ámbito de la dependencia y los cuidados de larga duración en España han expresado su satisfacción tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros mediante el que el Gobierno se compromete a incrementar la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Las organizaciones AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES consideran que el anuncio supone un avance positivo para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que desarrollan su actividad en el sector de los cuidados. Asimismo, entienden que refleja un mayor reconocimiento institucional hacia un ámbito que consideran estratégico para el presente y el futuro del país.
Las patronales señalan que el anuncio permite retomar la dinámica de crecimiento de la financiación estatal que se impulsó entre 2021 y 2023. A su juicio, este esfuerzo presupuestario resulta necesario para responder a los desafíos sociales y demográficos que afronta España.
Las entidades consideran que reforzar la aportación estatal representa un paso importante para consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia un modelo con mayor solidez y sostenibilidad, preparado para responder a una demanda creciente de cuidados y atención de larga duración.
Las organizaciones han mostrado su confianza en que el incremento de recursos anunciado por el Ejecutivo se traduzca de forma efectiva en mejoras para los servicios profesionales de atención y cuidados.
Según indican, la llegada de estos fondos debería permitir reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención prestada y seguir avanzando en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector.
Las patronales consideran igualmente necesario que el incremento presupuestario tenga efectos directos sobre los servicios, las personas atendidas y los profesionales, reforzando la capacidad del sistema para atender las necesidades actuales y futuras.
Además, subrayan que los nuevos recursos deberían constituir un aumento neto de la financiación destinada a dependencia y cuidados, evitando que este refuerzo pueda compensarse mediante reducciones en aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos.
En este contexto, las entidades hacen un llamamiento a las comunidades autónomas para que el aumento presupuestario se concrete en actuaciones específicas que permitan fortalecer la red asistencial y garantizar la sostenibilidad de un sector que consideran uno de los pilares del Estado del bienestar y uno de los principales generadores de empleo social.
Las entidades recuerdan que la atención a la dependencia constituye una política pública esencial para asegurar la autonomía, la calidad de vida y la dignidad de millones de personas.
Asimismo, destacan que este ámbito genera empleo estable, actividad económica y cohesión social en el conjunto del territorio.
Por este motivo, consideran que el incremento de recursos destinados a los cuidados representa una inversión con impacto social y capacidad para reforzar el Estado del bienestar, además de contribuir a responder a uno de los principales retos de las próximas décadas.
No obstante, advierten de que el envejecimiento de la población, el incremento de las situaciones de dependencia y el aumento de la demanda de cuidados requerirán mantener y reforzar este esfuerzo inversor en los próximos años.
En este sentido, las organizaciones consideran necesario aumentar el porcentaje del PIB destinado a los cuidados de larga duración y alinearlo con el nivel de inversión existente en otros países europeos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, la calidad y la capacidad de respuesta del sistema a largo plazo.
AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES han señalado finalmente que el compromiso anunciado no debería convertirse en un objetivo final, sino integrarse dentro de una estrategia continuada de fortalecimiento del sistema.
Las organizaciones consideran necesario mantener el esfuerzo inversor más allá de 2027 para responder tanto a las necesidades actuales como a las que puedan surgir en los próximos años.
Además, subrayan que reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia exigirá seguir avanzando hacia una colaboración público-privada estable y sólida. En esa línea, manifiestan su disposición a participar en la elaboración de un Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia.
Las entidades concluyen que la dimensión de los retos demográficos y asistenciales requiere aprovechar la experiencia, los recursos y las capacidades de todos los agentes implicados, dentro de un marco de cooperación que permita ampliar coberturas, mejorar los servicios y responder a las necesidades crecientes de atención.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con el que el Gobierno de España pondrá en marcha un incremento de financiación destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La medida contempla una inversión adicional de 6.162.904.040 euros entre los años 2026 y 2027 y se articula mediante una modificación estructural del modelo de financiación del sistema.
La actuación prevé un aumento de las cuantías correspondientes al nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona reconocida en situación de dependencia. El incremento será mayor en aquellos casos de personas con grados más elevados de dependencia.
La reforma establece una subida de las aportaciones estatales vinculadas a cada grado reconocido de dependencia.
En el caso del grado III, correspondiente a gran dependencia, la cuantía aumentará un 128%, pasando de 290 euros mensuales a 660 euros al mes.
Para el grado II, correspondiente a dependencia severa, el incremento será del 100%, elevándose desde los 130 euros mensuales hasta los 260 euros.
En el caso del grado I, referido a dependencia moderada, la cuantía crecerá un 18%, pasando de 76 euros a 90 euros mensuales.
Como resultado de estas modificaciones, la aportación económica del Estado alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y llegará a 7.239,4 millones en 2027.
Según recoge la información facilitada, esta cifra supondrá duplicar la inversión estatal en dependencia respecto a 2025 y multiplicarla por cinco en comparación con la realizada hace una década, tras los recortes efectuados entre 2011 y 2018, cifrados en más de 5.400 millones de euros, que posteriormente fueron revertidos mediante un plan de choque impulsado por el Gobierno de España.
El Gobierno señala que esta medida constituye un primer paso para reformular el sistema de dependencia mediante una ampliación de la financiación estatal.
Los efectos del real decreto-ley aprobado serán inmediatos y, desde el 1 de julio de 2026, la Administración General del Estado comenzará a transferir mayores cantidades económicas a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la gestión de la dependencia.
Además, la nueva financiación queda incorporada como una obligación para el Estado, independientemente del gobierno existente o de la situación presupuestaria, dado que las nuevas cuantías vinculadas a los niveles mínimos de protección únicamente podrán modificarse mediante una norma con rango de ley.
El objetivo señalado es consolidar esta financiación ampliada con la finalidad de mejorar la atención y afrontar retos asociados al envejecimiento de la población y a los cambios en las estructuras familiares.
El incremento de financiación tendrá una repercusión directa sobre más de 1,6 millones de personas beneficiarias del sistema en España.
Según los últimos datos publicados por el Imserso, con fecha de 31 de mayo de 2026, existen 1.682.785 personas con prestación efectiva.
Asimismo, el Gobierno señala que en 2027 la aportación estatal al SAAD alcanzará el 50% del gasto total del sistema, dando cumplimiento al compromiso político incluido en el acuerdo de coalición.
La ampliación presupuestaria también pretende facilitar que las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos económicos para avanzar en el modelo de cuidados impulsado hace dos años por el Ministerio de Derechos Sociales mediante una estrategia estatal orientada a la desinstitucionalización de las personas en situación de dependencia.
El planteamiento consiste en sustituir un enfoque definido como asistencialista por otro centrado en la persona, con mayor protagonismo de los derechos, la autonomía y las preferencias individuales, incluida la posibilidad de permanecer en el hogar o en entornos comunitarios cercanos.
Entre las actuaciones que podrán desarrollarse con estos recursos figuran:
El Ministerio de Derechos Sociales considera que el aumento de financiación puede generar un efecto económico y social significativo, apoyándose en estudios publicados durante los últimos años.
Entre ellos se encuentra el informe 'El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España', elaborado por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento) y publicado hace un mes.
Según ese estudio, cada euro invertido en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. Además, el documento señala la creación de 95.000 empleos directos y que el 49% del gasto retornó a las administraciones públicas mediante impuestos y cotizaciones sociales.
Tomando como referencia estos datos, el Ministerio estima que el plan de expansión previsto desde 2026 podría generar un impacto económico de hasta 4.000 millones de euros y un retorno aproximado de 3.000 millones para las arcas públicas, además de favorecer la creación de cerca de 100.000 nuevos empleos.
La ampliación presupuestaria también tiene como finalidad reforzar los recursos destinados a la aplicación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
La modificación legislativa afectará tanto a la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia como a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Entre los nuevos servicios contemplados se incluyen modelos de convivencia colaborativa y apoyos en viviendas compartidas, productos destinados a mejorar la autonomía mediante sistemas de préstamo o cesión temporal, servicios de asistencia personal y la ampliación del servicio de ayuda a domicilio para acompañamientos en actividades cotidianas.
La reforma también contempla reconocer la teleasistencia como un derecho universal, ampliar la duración de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente y reforzar derechos relacionados con la elección de prestaciones, permanencia en el entorno elegido y atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Asimismo, se establece que las personas en situación de dependencia recibirán atención sanitaria independientemente del lugar donde residan, incluidas las residencias.
Entre los objetivos recogidos se encuentra también la mejora de la calidad del empleo en el sector de los cuidados y la incorporación de nuevos profesionales para responder a las necesidades derivadas del envejecimiento poblacional.
Las comunidades autónomas dispondrán de mayores recursos para contratación y mejora de condiciones laborales, mientras que la reforma legislativa incorpora un artículo específico sobre calidad en el empleo destinado a garantizar condiciones laborales dignas, estabilidad y profesionalización.
El texto también establece que el Consejo Territorial deberá fijar criterios de calidad, estándares laborales y determinar el número adecuado de profesionales según perfiles de usuarios, cualificación y formación.
Por otra parte, se prevén medidas destinadas a reducir cargas administrativas y agilizar procedimientos.
Entre ellas se encuentra el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para personas con grado I de dependencia en el SAAD y una pasarela para el reconocimiento del 65% de discapacidad en personas con grados II y III. Además, se establecerá un procedimiento urgente para personas en situación de especial vulnerabilidad.
La nueva financiación y la reforma en tramitación también tienen como finalidad proporcionar mayores recursos económicos y normativos a las comunidades autónomas para aplicar el mandato recogido en el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024.
Según se indica, esta modificación está orientada a reforzar la protección y los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo aspectos relacionados con la accesibilidad universal.