Financiación

El XXV Observatorio de la Dependencia publica datos oficiales aún no difundidos por el Ministerio de Derechos Sociales que revelan una inversión pública de 13.734 millones de euros en 2025, un sistema que financia sus tres cuartas partes con dinero autonómico y que arrastra profundas desigualdades territoriales. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte: mientras haya casi 300.000 personas en lista de espera con plazos medios superiores a 325 días, "no se está cumpliendo la ley".

El sector privado de la atención a la dependencia afronta importantes desafíos relacionados con la financiación, la falta de profesionales y el aumento del absentismo. En este contexto, Iinforesidencias ha organizado este seminario que se celebrará el próximo 11 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, en el auditorio de BEAZ, en Bilbao.

La patronal plantea elevar la financiación hasta el 2% del PIB y propone medidas para incorporar trabajadores, agilizar homologaciones y reforzar el sector ante el impacto del envejecimiento.

El Ejecutivo foral prevé aumentar el presupuesto para ampliar plazas públicas y asumir la subida salarial vinculada al I Convenio Colectivo de Dependencia.

Los precios concertados en residencias no cubren el coste real del servicio en la mayoría de los casos, lo que, según CEAPs, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

El número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) "alcanza" un récord histórico con 1.655.446 personas recibiendo prestaciones efectivas.

El crecimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), impulsado por la estrategia de desinstitucionalización, choca con una financiación insuficiente que, según advierte el sector, pone en riesgo su sostenibilidad a corto plazo.

El laberinto burocrático de la dependencia en España arroja cifras críticas tras el cierre del último ejercicio. A finales de 2025, un total de 258.167 personas permanecían a la espera de un trámite, en un contexto donde el tiempo medio para resolver un expediente ha subido hasta los 341 días y la inversión, aunque récord con 13.506,6 millones de euros, apenas representa el 0,8% del PIB, la mitad de la media de la Unión Europea.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas advierte de que, sin cambios culturales desde la infancia y sin financiación suficiente, la corresponsabilidad seguirá siendo incompleta y la carga recaerá mayoritariamente sobre ellas.

Las cinco patronales del sector de la Dependencia consideran que una regularización amplia de personas inmigrantes puede tener un impacto positivo inmediato en un mercado laboral tensionado y con un déficit estructural de profesionales. Advierten, no obstante, de que sin itinerarios formativos, homologación de competencias y estabilidad contractual, el efecto podría diluirse y limitarse principalmente a aflorar empleo sumergido, especialmente en la ayuda a domicilio. Además, insisten en que sin una financiación suficiente —con el objetivo de alcanzar al menos el 2 % del PIB en dependencia— cualquier mejora en calidad asistencial y ratios seguirá condicionada y difícilmente sostenible en el tiempo.

Andalucía ha cerrado 2025 alcanzando los 496 días. La consejera de Inclusión Social, Loles López, destacó que este avance es resultado de la transformación del sistema, que ha simplificado procesos y aumentado el número de beneficiarios y prestaciones.

Según el Panel del SAAD presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, la cifra de personas en espera se redujo a 152.693, lo que representa una caída del 12,4% en el último trimestre y un 51% desde 2020. A pesar del aumento del 7,4% en las solicitudes debido a la presión demográfica, el tiempo medio de tramitación se ha reducido a 341 días.