España destinó en 2025 el 0,8% de su PIB a la atención a la dependencia, la mitad de lo que dedican de media los países de la Unión Europea. Así lo recoge el XXV Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que reclama que el Gobierno aumente su aportación "al menos en mil millones cada año" para reducir las listas de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, y permitir compatibilidades entre ellos.
La inversión pública total alcanzó los 13.734 millones de euros, de los cuales las comunidades autónomas aportaron el 72,6%, con 9.976 millones, un 6,5% más que en 2024. La Administración General del Estado contribuyó con 3.758 millones, un 8% más que el ejercicio anterior, incremento motivado en parte por el aumento del número de personas atendidas y por los 500 millones adicionales derivados de la denominada Ley ELA.
Para José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la situación no admite triunfalismos. "En esto como en todo, obras son amores y no buenas razones. Mientras no haya una financiación suficiente para poder atender a las personas en situación de dependencia, que es lo que marca la ley en el plazo establecido, tendremos gobiernos que son insumisos", afirma el presidente de la asociación.
300.000 personas en lista de espera: la ley se incumple
Uno de los datos más graves que recoge el Observatorio es el de las listas de espera. Casi 300.000 personas aguardan una resolución con plazos medios superiores a los 325 días. Una situación que, para Ramírez Navarro, no admite interpretaciones: "Tenemos que advertir que no se está cumpliendo la ley". El presidente de la asociación reclama agilizar los procedimientos, eliminar trabas burocráticas y destinar recursos suficientes.
"Sin dinero no se hace ágil el sistema", sentencia. La reducción de esa lista de espera es, junto con la financiación y la transparencia, uno de los tres cambios estructurales que el informe considera urgentes e imprescindibles para que la dependencia deje de ser, casi dos décadas después de aprobarse la ley, un derecho sobre el papel.
Del 15 al 27%: el Estado sigue lejos del 50% que exige la ley
La ley establece que la Administración General del Estado debe hacerse cargo del 50% de la financiación del sistema. Un umbral que sigue siendo una aspiración lejana. "Siempre se ha quedado corto. Incluso en el año 2020 llegaba a aportar nada más que el 15%. Actualmente ya pone casi el 27%", explica Ramírez Navarro, que reconoce el avance pero lo contextualiza: la paralización del presupuesto extraordinario del plan de choque ha impedido mantener el ritmo de crecimiento necesario para acercarse a ese mandato legal.
Es precisamente esa parálisis la que lleva al presidente de la asociación a cuestionar el tono del Ministerio. "Es incomprensible la actitud triunfalista del Ministerio cuando en los tres últimos años se ha paralizado el incremento de financiación que supuso el plan de choque", concluye.
Una brecha territorial que se duplica
Más allá de los datos globales, el informe pone de manifiesto una desigualdad territorial de notable magnitud. El gasto anual medio por persona beneficiaria se situó en 8.417 euros en 2025, pero la horquilla entre comunidades es enorme: el País Vasco destinó 14.384 euros por persona atendida, el doble que Aragón, la comunidad que menos invirtió, con 7.159 euros anuales.
En términos de inversión por persona potencialmente dependiente, el País Vasco vuelve a liderar con 3.102 euros, seguido de Extremadura con 2.757 euros y Baleares con 2.632 euros. A la cola se sitúan Galicia con 1.490 euros, Canarias con 1.492 euros y Murcia con 1.751 euros. Por habitante, las comunidades que más invirtieron fueron País Vasco con 479,8 euros, Extremadura con 411,3 euros y Castilla y León con 388 euros, mientras que Canarias con 178,8 euros, Murcia con 225,8 euros y Cataluña con 247,3 euros registraron los niveles más bajos.
En cuanto al esfuerzo autonómico propio, País Vasco lidera con el 85,3% de aportación propia, seguido de Navarra con el 81,4% y Baleares con el 81,3%. Las que menos esfuerzo propio realizaron fueron La Rioja con el 59,8%, Castilla y León con el 63,3% y Andalucía con el 66%. Cabe destacar que los gobiernos de Cataluña y Cantabria fueron los únicos que redujeron su aportación al sistema en 2025, en 90,4 millones y 1,7 millones de euros respectivamente.
El copago: dinero de los usuarios que algunas comunidades no declaran
Uno de los argumentos más relevantes y menos visibles del informe es el que tiene que ver con el copago. Ramírez Navarro lo explica con contundencia: ese dinero que los propios usuarios aportan al sistema representa en torno al 20% de la financiación total, pero hay comunidades autónomas que no hacen públicos esos ingresos. Y eso, según el presidente de la asociación, invalida cualquier reclamación de mayor financiación estatal por su parte.
"Esas comunidades autónomas como La Rioja, Galicia, Aragón, Madrid, Extremadura o la Comunidad Valenciana no pueden reclamar más financiación a la Administración General del Estado argumentando que financian más, porque no sabemos lo que ellos están percibiendo directamente del copago de esas comunidades autónomas", subraya Ramírez Navarro. Y añade un matiz fundamental: ese dinero no puede contabilizarse como aportación propia de las comunidades, porque son los propios usuarios y sus familias quienes lo aportan al sistema. Algunas administraciones lo gestionan sin rendir cuentas públicas sobre ello.
Ocho comunidades, penalizadas por incumplir objetivos
El informe desvela que en 2026 ocho comunidades autónomas verán reducida su financiación del nivel acordado como consecuencia de no haber cumplido los objetivos de mejora vinculados a empleo, lista de espera y calidad de los servicios: Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y la Comunidad de Madrid. El mayor recorte corresponde a Cataluña, que pierde 15,5 millones de euros respecto a 2025, seguida de la Comunidad Valenciana con 9,1 millones menos. En el lado opuesto, Canarias es la comunidad que más incrementa su financiación acordada para 2026, con 16,1 millones adicionales, seguida de Galicia con 10,3 millones más.
Para Ramírez Navarro, la responsabilidad del deterioro del sistema es compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, aunque con matices importantes según el territorio. "Hay una responsabilidad absolutamente compartida", afirma, y detalla que algunas comunidades como Galicia, Canarias, Murcia o Cataluña están financiando "muy por debajo de la media estatal" en relación con su población potencialmente dependiente. Otras, como La Rioja, presentan porcentajes aparentemente superiores, pero la falta de transparencia sobre el copago impide saber cuánto aportan realmente de sus propios presupuestos.
Opacidad e incomprensible actitud triunfalista
La falta de transparencia es otro de los ejes centrales de la crítica del Observatorio. El Ministerio de Derechos Sociales y cinco comunidades autónomas no facilitan los datos necesarios para evaluar y planificar el sistema con rigor. La asociación reclama que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones, de las solicitudes sin grabar y de las personas atendidas con grado III.
"La transparencia y la opacidad que el Ministerio de Derechos Sociales tiene, y además algunas comunidades autónomas, no nos permiten a veces afirmar cuál sería el resultado de esa responsabilidad compartida", señala Ramírez Navarro.
Una ley con casi 20 años y una deuda pendiente
Casi dos décadas después de la aprobación en 2006 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el Observatorio concluye que "la dependencia es un derecho pendiente" y que el potencial de la ley "sigue sin desarrollar". El informe no elude la valoración política: "Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia".
Ramírez Navarro apunta, no obstante, a una señal que considera positiva: que el asunto haya comenzado a entrar en la agenda pública, como ocurrió en las últimas elecciones andaluzas. "Si está en la agenda pública, va a estar en la agenda de los políticos y eso va a hacer que tomen medidas necesarias para resolver el sufrimiento de las personas más vulnerables", afirma.
Y señala el papel imprescindible de los medios de comunicación en ese proceso: "No se puede estar en la agenda de los políticos si no estamos en la agenda de los medios de comunicación". Un recordatorio, también, sobre la responsabilidad del periodismo especializado ante uno de los grandes retos sociales del país.
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