"Una cosa es predicar, otra repartir trigo": las exigencias del sector de la Dependencia para que el dinero vaya a listas de espera y salarios

El anuncio de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación de la dependencia ha generado una valoración favorable entre distintas organizaciones y expertos, aunque acompañada de dudas sobre su aplicación práctica y su impacto real.

El fundador de Inforesidencias, Josep de Martí, resumió esa cautela con una expresión gráfica: "Bienvenido el anuncio, pero una cosa es predicar, otra repartir trigo. Esperemos a ver el trigo".

De Martí señaló que el aumento de inversión en dependencia es una noticia positiva, pero pidió conocer la "letra pequeña" y comprobar cómo se concreta la medida. "A ver, a mí las palabras me gustan. Que digan que van a gastar más en dependencia siempre es positivo", afirmó. Sin embargo, añadió que la experiencia acumulada tras años de anuncios obliga a mantener prudencia.

También apuntó al carácter inesperado del anuncio: "Hoy lo que ha habido es un anuncio que casi no se esperaba, no es una cosa que se vea como que se lleve mucho tiempo trabajando, sino un anuncio que han hecho de repente".

Igual de elocuente fue el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, que dijo: "Nunca es tarde si la dicha es buena". El máximo responsable de la organización de personas mayores señaló que "si después de 20 años el presidente del Gobierno anuncia que va a asumir el compromiso de financiar el 50% de la Dependencia, que el otro le corresponde a las comunidades autónomas, bienvenido sea".

Pero fue contundente: "Lo que quiero es que pongan los euros encima de la mesa". Y añadió: "No me basta solo con que vayan a ponerse los euros, sino hay que ver realmente si eso es suficiente, cuándo van a llegar y cómo se van a distribuir, porque cada vez hay más personas dependientes". Fernández Santillana fue muy gráfico: "Queremos que con este anuncio el trocito de la tarta sea un poco más grande para todos".

Reducir las listas de espera y los salarios, una prioridad

Entre las principales demandas trasladadas por el sector aparece la necesidad de que la financiación tenga efectos directos sobre las personas pendientes de atención. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que el incremento de recursos supone un paso "de la retórica a los hechos", aunque insiste en que la prioridad debe situarse en las 265.503 personas que permanecen en listas de espera.

La organización plantea agilizar los procedimientos administrativos, incrementar la intensidad de los servicios y facilitar la compatibilidad entre prestaciones y recursos.

Además, considera que los nuevos recursos deberían servir para aumentar las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio, actualmente situadas en una media de 38 horas mensuales, incrementar las prestaciones económicas para cuidadoras familiares y reforzar las ayudas vinculadas a servicios.

La mejora de las condiciones laborales del sistema también aparece entre las peticiones formuladas. La Asociación de Directoras sostiene que los nuevos recursos no deben destinarse a equilibrar las cuentas autonómicas, sino a mejorar la atención y las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente de las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio y del personal de residencias.

La entidad plantea además mecanismos que permitan asegurar que el incremento presupuestario tenga un efecto directo sobre la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.

Familias y profesionales reclaman que las ayudas lleguen al destinatario final

Desde distintos ámbitos también se ha incidido en la necesidad de que el dinero llegue de forma efectiva a las personas que necesitan apoyos.

La portavoz del movimiento 'A la vejez vitales' y miembro de la junta directiva de CEOMA, Sabina Camacho, destacó la importancia del apoyo económico a las familias. "Las familias necesitan ser cuidadas, ser atendidas, y necesitan ese apoyo económico que muchas veces no lo tienen".

Camacho recordó además el esfuerzo económico que supone la atención residencial. "El precio de las residencias es alto porque son 24 horas, los 365 días del año, con profesionales, con distintos servicios, servicios que hay que dar a las personas mayores".

En la misma línea, el presidente de la SEGG, Francisco José Tarazona, afirmó que el anuncio será positivo si se traduce en una mayor rapidez administrativa y en una mejor atención a las personas dependientes. Según explicó, la principal incógnita no es únicamente la cuantía económica, sino la velocidad con la que esos recursos lleguen a las comunidades autónomas y posteriormente a los usuarios.

La financiación "finalista" y las dudas sobre la suficiencia de los recursos

La presidenta de la Fundación Pilares, Pilar Rodríguez, valoró el compromiso tras años de reivindicación: "Me parece estupendo que después de tanto tiempo, desde que se inició la implementación de la Ley de Dependencia, por fin se haya producido ese compromiso y realmente se cumpliera el mandato de que la Administración General del Estado debería poner el 50% del gasto".

Aunque reclamó mecanismos de control sobre el destino de los fondos: "Es importantísimo verificar por parte de la Administración que ese dinero sea finalista para invertir en servicios de dependencia y de su prevención, porque si no, haríamos un flaco favor y es intolerable que se gaste en otras cosas".

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), Mar Ugarte, advirtió de que el incremento anunciado puede resultar insuficiente ante el aumento de las necesidades de atención: "Valoramos cualquier incremento de financiación, pero es inaceptable que se presente como solución lo que apenas es un paso corto frente a una realidad cada vez más exigente".

Ugarte recordaba que venimos de años de déficit estructural en la dependencia y, "mientras la demanda no deja de crecer por el envejecimiento de la población, la llegada de la generación del baby boom y el aumento de las necesidades de cuidados, los recursos siguen sin alcanzar el nivel necesario". Apuntaba al respecto que no basta con aumentar partidas: "Si la demanda crece más rápido que la financiación, el sistema seguirá siendo insuficiente. Y esa es una realidad que no puede maquillarse".

CEDDD insiste en la necesidad de impulsar un compromiso político firme que sitúe la inversión en dependencia en el 2% del PIB, en línea con los países europeos más avanzados en cuidados de larga duración. Cuidar no puede depender de decisiones coyunturales ni de equilibrios presupuestarios temporales.

Este consejo abunda además en la necesidad de una financiación "estable, suficiente y finalista" que sitúe los cuidados en el centro de las políticas públicas.

Las patronales de la Dependencia, satisfechas

Las principales entidades representativas del ámbito de la dependencia y los cuidados de larga duración en España han expresado su satisfacción tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros mediante el que el Gobierno se compromete a incrementar la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Las organizaciones AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES consideran que el anuncio supone un avance positivo para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales que desarrollan su actividad en el sector de los cuidados. Asimismo, entienden que refleja un mayor reconocimiento institucional hacia un ámbito que consideran estratégico para el presente y el futuro del país.

Las patronales señalan que el anuncio permite retomar la dinámica de crecimiento de la financiación estatal que se impulsó entre 2021 y 2023. A su juicio, este esfuerzo presupuestario resulta necesario para responder a los desafíos sociales y demográficos que afronta España.

Las entidades consideran que reforzar la aportación estatal representa un paso importante para consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia un modelo con mayor solidez y sostenibilidad, preparado para responder a una demanda creciente de cuidados y atención de larga duración.

Petición para que los recursos lleguen a servicios, profesionales y usuarios

Las organizaciones han mostrado su confianza en que el incremento de recursos anunciado por el Ejecutivo se traduzca de forma efectiva en mejoras para los servicios profesionales de atención y cuidados.

Según indican, la llegada de estos fondos debería permitir reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención prestada y seguir avanzando en las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector.

Las patronales consideran igualmente necesario que el incremento presupuestario tenga efectos directos sobre los servicios, las personas atendidas y los profesionales, reforzando la capacidad del sistema para atender las necesidades actuales y futuras.

Además, subrayan que los nuevos recursos deberían constituir un aumento neto de la financiación destinada a dependencia y cuidados, evitando que este refuerzo pueda compensarse mediante reducciones en aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos.

En este contexto, las entidades hacen un llamamiento a las comunidades autónomas para que el aumento presupuestario se concrete en actuaciones específicas que permitan fortalecer la red asistencial y garantizar la sostenibilidad de un sector que consideran uno de los pilares del Estado del bienestar y uno de los principales generadores de empleo social.

Las patronales sitúan los cuidados como una inversión de futuro

Las entidades recuerdan que la atención a la dependencia constituye una política pública esencial para asegurar la autonomía, la calidad de vida y la dignidad de millones de personas.

Asimismo, destacan que este ámbito genera empleo estable, actividad económica y cohesión social en el conjunto del territorio.

Por este motivo, consideran que el incremento de recursos destinados a los cuidados representa una inversión con impacto social y capacidad para reforzar el Estado del bienestar, además de contribuir a responder a uno de los principales retos de las próximas décadas.

No obstante, advierten de que el envejecimiento de la población, el incremento de las situaciones de dependencia y el aumento de la demanda de cuidados requerirán mantener y reforzar este esfuerzo inversor en los próximos años.

En este sentido, las organizaciones consideran necesario aumentar el porcentaje del PIB destinado a los cuidados de larga duración y alinearlo con el nivel de inversión existente en otros países europeos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, la calidad y la capacidad de respuesta del sistema a largo plazo.

Las entidades piden mantener el esfuerzo más allá de 2027

AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES han señalado finalmente que el compromiso anunciado no debería convertirse en un objetivo final, sino integrarse dentro de una estrategia continuada de fortalecimiento del sistema.

Las organizaciones consideran necesario mantener el esfuerzo inversor más allá de 2027 para responder tanto a las necesidades actuales como a las que puedan surgir en los próximos años.

Además, subrayan que reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia exigirá seguir avanzando hacia una colaboración público-privada estable y sólida. En esa línea, manifiestan su disposición a participar en la elaboración de un Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia.

Las entidades concluyen que la dimensión de los retos demográficos y asistenciales requiere aprovechar la experiencia, los recursos y las capacidades de todos los agentes implicados, dentro de un marco de cooperación que permita ampliar coberturas, mejorar los servicios y responder a las necesidades crecientes de atención.