El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con el que el Gobierno de España pondrá en marcha un incremento de financiación destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La medida contempla una inversión adicional de 6.162.904.040 euros entre los años 2026 y 2027 y se articula mediante una modificación estructural del modelo de financiación del sistema.
La actuación prevé un aumento de las cuantías correspondientes al nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona reconocida en situación de dependencia. El incremento será mayor en aquellos casos de personas con grados más elevados de dependencia.
Aumentan las cuantías según el grado de dependencia
La reforma establece una subida de las aportaciones estatales vinculadas a cada grado reconocido de dependencia.
En el caso del grado III, correspondiente a gran dependencia, la cuantía aumentará un 128%, pasando de 290 euros mensuales a 660 euros al mes.
Para el grado II, correspondiente a dependencia severa, el incremento será del 100%, elevándose desde los 130 euros mensuales hasta los 260 euros.
En el caso del grado I, referido a dependencia moderada, la cuantía crecerá un 18%, pasando de 76 euros a 90 euros mensuales.
Como resultado de estas modificaciones, la aportación económica del Estado alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y llegará a 7.239,4 millones en 2027.
Según recoge la información facilitada, esta cifra supondrá duplicar la inversión estatal en dependencia respecto a 2025 y multiplicarla por cinco en comparación con la realizada hace una década, tras los recortes efectuados entre 2011 y 2018, cifrados en más de 5.400 millones de euros, que posteriormente fueron revertidos mediante un plan de choque impulsado por el Gobierno de España.
Los cambios comenzarán a aplicarse el 1 de julio
El Gobierno señala que esta medida constituye un primer paso para reformular el sistema de dependencia mediante una ampliación de la financiación estatal.
Los efectos del real decreto-ley aprobado serán inmediatos y, desde el 1 de julio de 2026, la Administración General del Estado comenzará a transferir mayores cantidades económicas a las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la gestión de la dependencia.
Además, la nueva financiación queda incorporada como una obligación para el Estado, independientemente del gobierno existente o de la situación presupuestaria, dado que las nuevas cuantías vinculadas a los niveles mínimos de protección únicamente podrán modificarse mediante una norma con rango de ley.
El objetivo señalado es consolidar esta financiación ampliada con la finalidad de mejorar la atención y afrontar retos asociados al envejecimiento de la población y a los cambios en las estructuras familiares.
Más de 1,6 millones de personas verán incrementadas sus prestaciones
El incremento de financiación tendrá una repercusión directa sobre más de 1,6 millones de personas beneficiarias del sistema en España.
Según los últimos datos publicados por el Imserso, con fecha de 31 de mayo de 2026, existen 1.682.785 personas con prestación efectiva.
Asimismo, el Gobierno señala que en 2027 la aportación estatal al SAAD alcanzará el 50% del gasto total del sistema, dando cumplimiento al compromiso político incluido en el acuerdo de coalición.
Los recursos podrán destinarse a nuevas mejoras en el sistema
La ampliación presupuestaria también pretende facilitar que las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos económicos para avanzar en el modelo de cuidados impulsado hace dos años por el Ministerio de Derechos Sociales mediante una estrategia estatal orientada a la desinstitucionalización de las personas en situación de dependencia.
El planteamiento consiste en sustituir un enfoque definido como asistencialista por otro centrado en la persona, con mayor protagonismo de los derechos, la autonomía y las preferencias individuales, incluida la posibilidad de permanecer en el hogar o en entornos comunitarios cercanos.
Entre las actuaciones que podrán desarrollarse con estos recursos figuran:
- La reducción de listas de espera y la agilización de procedimientos administrativos.
- La contratación de más trabajadoras y la mejora de sus condiciones laborales.
- El incremento y mejora de servicios dirigidos a personas con dependencia, especialmente en situaciones más graves.
- La ampliación de la atención domiciliaria y el aumento de centros de día.
- La inversión en tecnología y el refuerzo de servicios como la teleasistencia.
- La transformación de centros residenciales para evolucionar el modelo de macrorresidencias y adaptar espacios que permitan una mayor autonomía de las personas usuarias, en línea con proyectos impulsados a través del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
El Ministerio estima un impacto económico y laboral relevante
El Ministerio de Derechos Sociales considera que el aumento de financiación puede generar un efecto económico y social significativo, apoyándose en estudios publicados durante los últimos años.
Entre ellos se encuentra el informe 'El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España', elaborado por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento) y publicado hace un mes.
Según ese estudio, cada euro invertido en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. Además, el documento señala la creación de 95.000 empleos directos y que el 49% del gasto retornó a las administraciones públicas mediante impuestos y cotizaciones sociales.
Tomando como referencia estos datos, el Ministerio estima que el plan de expansión previsto desde 2026 podría generar un impacto económico de hasta 4.000 millones de euros y un retorno aproximado de 3.000 millones para las arcas públicas, además de favorecer la creación de cerca de 100.000 nuevos empleos.
La financiación reforzará la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad
La ampliación presupuestaria también tiene como finalidad reforzar los recursos destinados a la aplicación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
La modificación legislativa afectará tanto a la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia como a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Entre los nuevos servicios contemplados se incluyen modelos de convivencia colaborativa y apoyos en viviendas compartidas, productos destinados a mejorar la autonomía mediante sistemas de préstamo o cesión temporal, servicios de asistencia personal y la ampliación del servicio de ayuda a domicilio para acompañamientos en actividades cotidianas.
La reforma también contempla reconocer la teleasistencia como un derecho universal, ampliar la duración de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el fallecimiento de la persona dependiente y reforzar derechos relacionados con la elección de prestaciones, permanencia en el entorno elegido y atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Asimismo, se establece que las personas en situación de dependencia recibirán atención sanitaria independientemente del lugar donde residan, incluidas las residencias.
Mejora del empleo y reducción de trámites administrativos
Entre los objetivos recogidos se encuentra también la mejora de la calidad del empleo en el sector de los cuidados y la incorporación de nuevos profesionales para responder a las necesidades derivadas del envejecimiento poblacional.
Las comunidades autónomas dispondrán de mayores recursos para contratación y mejora de condiciones laborales, mientras que la reforma legislativa incorpora un artículo específico sobre calidad en el empleo destinado a garantizar condiciones laborales dignas, estabilidad y profesionalización.
El texto también establece que el Consejo Territorial deberá fijar criterios de calidad, estándares laborales y determinar el número adecuado de profesionales según perfiles de usuarios, cualificación y formación.
Por otra parte, se prevén medidas destinadas a reducir cargas administrativas y agilizar procedimientos.
Entre ellas se encuentra el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para personas con grado I de dependencia en el SAAD y una pasarela para el reconocimiento del 65% de discapacidad en personas con grados II y III. Además, se establecerá un procedimiento urgente para personas en situación de especial vulnerabilidad.
Aplicación del nuevo Artículo 49 de la Constitución
La nueva financiación y la reforma en tramitación también tienen como finalidad proporcionar mayores recursos económicos y normativos a las comunidades autónomas para aplicar el mandato recogido en el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024.
Según se indica, esta modificación está orientada a reforzar la protección y los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo aspectos relacionados con la accesibilidad universal.
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