Pongamos de una vez por todas la Excel encima de la mesa

Ni Nostradamus ni Baba Vanga se preocuparon de hacer proyecciones estadísticas. Aunque, si lo hubieran hecho, tal vez estaríamos mejor preparados para hacer frente al mayor de los tsunamis laborales que amenaza con desestabilizar aún más un sector maltratado tras la crisis del coronavirus: la alarmante falta de personal para cuidar de una población objetivo progresivamente mayor.

Además, mal que pese, esta escasez de recursos humanos también podría hipotecar el desarrollo de algunas líneas de intervención para transitar del cuidado en entornos de aislamiento y segregación (instituciones) a modalidades de prestación de apoyo y cuidado acordes con el enfoque de derechos humanos y, de esta manera, tener la oportunidad de convertirnos en ciudadanos de pleno derecho y tomar el control de nuestras vidas (Estrategia Estatal de Desinstitucionalización). Esta frase, en sí misma, daría para decenas de tribunas de opinión. Pero vayamos al grano y analicemos los problemas y la solución mágica ideada.

Problema número 1: la escasez de mano de obra

Recientemente leía en diferentes entrevistas a responsables del sector que en “2024 disminuyó el número de plazas residenciales en unas 3.000 respecto a 2023” (Ignacio Vivas, vicepresidente de IDIS); que “para alcanzar los estándares europeos, en el conjunto de España faltarían más de 70.000 plazas” (Rafael Sánchez, presidente de CEAPs); que “si no hay personas que cuiden, no hay cuidados” (Lourdes Rivera, presidenta de AESTE); que “la ausencia de personal es un problema que empieza a ser endémico” (José Luis Pareja, presidente de Lares); que "en el sector faltan unos 130.000 profesionales" (Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED).

Como evidencia complementaria a la percepción de la patronal, un estudio promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social concluye que “la falta de trabajadores interesados en las ocupaciones de atención directa a las personas” no se corresponde con un “aumento de la demanda de estos trabajadores debido al veloz crecimiento de los mayores de ochenta años” (extracto del informe “El Empleo en España en el sector de los Cuidados de Larga Duración 2024”).

Problema número 2: el envejecimiento a velocidad creciente

Añadamos una segunda espada de Damocles a la pobre oferta del recurso fundamental en la atención y cuidados de personas mayores dependientes: de acuerdo con una extrapolación de los datos del INE (Proyecciones de Población 2024-2074), se estima que en el año 2040 la población con 80 años o más será un millón y medio superior a la actual; por su parte, la población con 65 años o más, pasa de 10 millones en 2025 a 14,5 millones en 2040.

Si bien las fuentes consultadas difieren entre sí pero no significativamente, todas coinciden en que el impacto conjunto de la inmigración (claramente alcista en el periodo estimativo 2025-2040) y las políticas preventivas para un envejecimiento activo y saludable (reducción esperada en los flujos de acceso a recursos especializados) traerá consigo una mayor necesidad de plazas, situación además agravada por la irrupción de la “generación del babyboom” en el sistema de cuidados. Una cohorte demográfica, por otra parte, con expectativas claramente diferenciadas de la “generación silenciosa”.

Problema número 3: la limitada capacidad de transformación asociada a una exigua financiación (pública y privada)

No ocurrirá pasado mañana, pero convendría concretar qué tipo de estrategias posibilistas de cambio serían de aplicación para prestar un cuidado eficiente -producir más con menos o, en el mejor de los casos, más con lo mismo- y de calidad contrastable. En este sentido, poco ayudan los problemas estructurales de financiación que arrastran las CCAA penitentemente desde hace años. Sin compromiso público de cumplir con lo prometido y sin amparo político para activar medidas dirigidas a prestigiar el sector, el panorama de futuro se asemeja más a un páramo yermo que a un vergel exuberante de riquezas por doquier.

Pero no reivindico la participación del Estado como si fuera el Dios del maná bíblico. Solo planteo su papel de redistribuidor de la riqueza, que previamente hemos generado como sociedad comprometida con el cuidado personal y comunitario, a través de aportaciones específicas para la dependencia reguladas en función de la capacidad económica de cada cual. Sin embargo, estas medidas tributarias, tan escandinavas como la residencia/hogar -si no más-, no están en las agendas públicas. Se ve que somos escandinavos circunstanciales, nórdicos a conveniencia.

En todo caso, aun cuando este cocktail de causalidades no aconseje analizar el problema desde la exosfera, nos afanamos en despegar tercamente los pies del suelo para dar por fácilmente conseguibles aquellos paradigmas económicamente insostenibles y operativamente inalcanzables, salvo un giro drástico y radical en el reparto de los presupuestos públicos. Nos vanagloriamos de incorporar al discurso público la implementación generalizada de los modelos escandinavos, pero lo hacemos a precios ibéricos: una fusión que hace tiempo identifiqué como Ibernavia, un país que, lógicamente, solo tendría cabida en el mundo de “Alicia en el país de las maravillas”.

Problema número 4: las ratios de personal desde la perspectiva pública

España es un país delirante en cuanto a requisitos de personal se refiere. Al parecer, solo es capaz de acordar, consensuar y, si me apuran, obligar con criterio de transversalidad aquello que tiene un carácter recaudatorio (cuotas a la Seguridad Social, escala del IPRF o impuesto de sociedades). Sin embargo, cuando se trata de atender y cuidar a quienes contribuyeron, abnegadamente y por igual, conforme a estas imposiciones fiscales y parafiscales, la harina es de otro costal.

Las ratios son una especie de entelequia estimativa que plantean intensidades de atención totalmente asimétricas para un mismo nivel de dependencia (no es lo mismo ser extremeño en plaza autorizada que alavés en plaza pública). Y cuando los responsables políticos deciden abordar el tema para generalizar la exigencia de profesionales, se inventan códigos como Ad1N y Ad2N a modo de referencias fijas insensibles a la composición mix de la dependencia (terminología vacía si no va acompañada de método objetivo para inferir su valor).

Pero también son capaces de rizar el rizo abordando la determinación científica de ratios para terminar escondiendo intencionadamente los resultados en el último cajón del archivador. Cuando la realidad no se pliega a la política y demanda respaldar presupuestariamente un nuevo marco de actuación (la Excel no gusta o contraviene otros intereses), la Administración cambia el foco y lo orienta a otros “factores dinamizadores del nuevo paradigma” (personalización, inclusión comunitaria o ecosistemas de cuidados) que, por lo visto, no contemplan la presencia de profesionales adicionales.

Lo digo con conocimiento de causa porque participé en un estudio analítico que estimaba las ratios de personal gerocultor conforme a la siguiente distribución para una jornada anual de 1.772 horas: 0’178 para grados 0 del BVD, 0’274 para grados I, 0’376 para grados II y 0’475 para grados III. Ninguna normativa autonómica llega a este nivel de requerimientos, salvo la Comunidad Foral de Navarra en su “Open House” y en función de la combinación de perfiles del BVD del centro residencial en cuestión.

Contexto analítico: el tsunami en números

En febrero de este año, con motivo del IV Babyboom organizado por CEAPs, tuve la oportunidad de exponer algunas proyecciones estadísticas. Los datos, rotundos, muestran un devenir sectorial irremediablemente agudizado a medida que incorporamos al análisis lo que podríamos catalogar como variables críticas, por cierto no compartidas como tal por los distintos agentes del sistema: la evolución de la dependencia (por tanto, la ratio), el ritmo de crecimiento en la creación de plazas, el umbral del 5% -cifra mágica “recomendada” por la OMS, parafraseando a Josep de Martí- y la aspiración a la jornada de 35 horas semanales.

Los números advierten de que los 783 millones de euros prometidos por el Gobierno para la Dependencia en 2025 no cubrirían ni la mitad del gasto de personal gerocultor derivado de las proyecciones del INE en 2040 a valores de SMI, a todas luces insuficientes. Unos números tan contundentes que pensar en incrementar ratios es prácticamente un espejismo por mucho que nadie discuta su revisión si atendemos a los perfiles de dependencia predominantes en las residencias de España (grados II y III del BVD, con prevalencia consolidada de estos últimos).

Quienes nos gobiernan, por mucho que nos insten a su implementación, conocen las dificultades del modelo nórdico para expandirlo como si de una irremediable invasión cultural se tratara. Con la Excel encima de la mesa, se me antoja imposible captar personal en ese páramo yermo al que nos dirigimos. Siento mucho opinar en estos términos, pero es más probable que IKEA o JYSK amueblen el conjunto de residencias del Estado a que seamos capaces de revertir la tendencia para potenciar socialmente el sector y dotarlo de suficiente atractivo profesional.

En el medio/largo plazo no se atisban políticas activas para facilitar la incorporación de inmigrantes como capital humano especializado (entre otros obstaculizadores, por un discurso xenófobo peligrosamente extendido) ni se esperan reflexiones sensatas y rigurosas para delimitar un marco de cuidados común y lograble para el conjunto del Estado.

Mientras tanto, presumo una estrategia de guerra de guerrillas que se libra con la misma arma: discurso teórico que no aterriza. Y resolvemos la ecuación del futuro despejando la variable principal -a la que el resto de variables siempre estarán subordinadas- por la calle del medio: decido implementar la estrategia de la desinstitucionalización para no incrementar el gasto público en ningún eslabón de la cadena del cuidado porque el apoyo informal es infinito, inagotable e incansable. El eslogan no debería ser “como en casa” sino “directamente en casa”; no debería ser “avanzar desde la excelencia en el cuidado” sino “universalizar un cuidado low cost”.

¿Alguien más piensa que es necesario analizar poliédricamente el sector para detectar sus amenazas y oportunidades, aflorar sus fortalezas y debilidades, y fijar un nuevo rumbo que surque la mar oceánica del cuidado sin dejar de tocar tierra? Solucionemos la paradoja porque deberían ser dos fuerzas compatibles si realmente queremos transitar hacia un nuevo paradigma sostenible.

Por cierto, consultado ChatGPT sobre la solución de futuro no descubre nada que ya sepamos y se limita a proponer una serie de obviedades. Las neuronas artificiales todavía no están a la altura de nuestra imaginación como actores directos de un sector tan complejo como fascinante.

Alejandro Gómez Ordoki es consultor de servicios sociales en GSS (Gestión en Servicios Sociales)