Un filón por explotar en la búsqueda de enfermeras para residencias

Ahora que todos nos rebanamos la cabeza intentando encontrar una solución a la falta de personal sanitario cualificado para residencias, especialmente enfermeras, me gustaría presentar una parte de lo que podría ser una solución. Insisto, una parte. No hay soluciones mágicas, pero sí caminos inexplorados que podrían aliviar un problema que, hoy por hoy, parece irresoluble.

Para explicarlo me voy a remontar a mi juventud, esos maravillosos años entre 1991 y 2000 en los que trabajé como funcionario, concretamente como inspector de servicios sociales de la Generalitat de Cataluña. Digo que “trabajé”, pero no que “trabajé únicamente” en la Generalitat. A partir de 1994, creo que fue ese año, obtuve la compatibilidad para poder tener un segundo trabajo dando clases en una academia de preparación de oposiciones.

Como el derecho administrativo me gustaba y tenía frescos en la memoria los temarios de unas oposiciones que había aprobado, empecé dando alguna clase esporádica y acabé impartiendo veinte horas semanales, repartidas entre lunes y sábado. Cuando la academia no me necesitaba tanto, daba clase en un sindicato, también preparando oposiciones; y cuando me quedaba tiempo, impartía formación en cursos de dirección de residencias en alguna patronal y universidad.

Veinte horas era el máximo que me permitía la compatibilidad y siempre intenté llenarlas. Nadie me obligaba, pero yo quería algo más de lo que me ofrecía la administración. Básicamente, en casa estábamos formando una familia y pensábamos que más dinero nos ofrecería más opciones. Mi trabajo como inspector no se resintió, lo pueden atestiguar quienes me “sufrieron”. Trabajar once horas diarias entre ambas dedicaciones era cansado, sí, pero tenía treinta años y no recuerdo sentirme agotado. Recuerdo sentirme útil y básicamente, bien.

¿Por qué explico esto? Porque hasta ahora, desde el sector social, vemos a la sanidad pública como una competencia feroz a la hora de contratar enfermeras. Casi nadie estudia enfermería pensando en trabajar en una residencia; su meta es un hospital o la atención primaria. Por eso muchas enfermeras pasan por una residencia solo mientras esperan su oportunidad, "dar el salto" al sistema público.

También por eso, los procesos de homologación de títulos extranjeros para cubrir vacantes en residencias llevan implícita una paradoja: la persona que trabaja en la residencia mientras homologa su título se va el día después de conseguir la homologación, porque en la sanidad pública gana más y tiene mejores condiciones.

Pero, ¿y si en la sanidad pública pudiésemos encontrar no un rival sino un aliado?

Lo que propongo es potenciar algo que ya se puede hacer, que ya se está haciendo y que podría expandirse si se fomentara adecuadamente: que el personal de enfermería, medicina o fisioterapia de los hospitales públicos y de la atención primaria obtenga la compatibilidad para poder trabajar unas 15 horas a la semana en empresas privadas que se dediquen a la atención social o sanitaria.

Imaginemos un procedimiento administrativo rápido y flexible, con un plazo máximo de un mes y silencio administrativo positivo para obtener la compatibilidad. Imaginemos, además, que quienes optasen por esta vía tuvieran algún tipo de ventaja fiscal o de cotización a la Seguridad Social. Imaginemos algún sistema que priorizase a quienes tengan dos trabajos a la hora de establecer los turnos.

Este punto sería controvertido, pero su justificación sería el punto de partida del problema: la sociedad, el interés general, requiere de más horas de enfermería que las que podemos disponer con el sistema actual. Así, el interés general pide que se dé alguna ventaja a quien esté dispuesta a dedicar más horas a la profesión para la que se ha formado y la sociedad necesita.

Si hacemos caso a los datos del sindicato SATSE, en 2024 trabajaban en la sanidad pública 214.057 enfermeras, de las cuales 171.963 estaban en hospitales y 42.094 en la atención primaria. No contamos comadronas, enfermeras formadoras ni otros perfiles.

Sé que el Excel lo aguanta todo, pero no me he podido resistir a hacer un pequeño cálculo: si lográramos que solo el 5% del personal de enfermería solicitara la compatibilidad y trabajase 15 horas semanales en alguna residencia, obtendríamos el equivalente a 4.800 jornadas completas.

Después de pensar que es una idea excelente, me pongo el traje de abogado del diablo y empiezo a ver obstáculos.

El primero es la actualidad política. El Ministerio parece ir en la dirección opuesta, apostando por la dedicación exclusiva de los médicos en la sanidad pública. Nada hace suponer que las enfermeras vayan a recibir un trato distinto.

El segundo es más profundo. Si se fomenta el pluriempleo, ¿no sería más sencillo permitir que un profesional de la sanidad haga más horas en su propio hospital o centro de salud en lugar de trabajar en otro sitio? Aquí entramos en un terreno pantanoso: la legislación laboral y los convenios colectivos son estrictos, limitan las horas extraordinarias y prohíben, por ejemplo, que alguien renuncie a sus vacaciones a cambio de más salario.

La única forma de salvar este escollo es mantener el derecho al pluriempleo y fomentar que aquellos que quieran puedan tener un segundo trabajo, siempre dentro de ciertos límites razonables. Pero la propuesta encontraría resistencias, seguro.

Si no se hace obligatorio y se respeta la limitación de la compatibilidad (el segundo trabajo no puede superar el 50% de la jornada del primero), creo que este modelo podría tener recorrido. Por supuesto, lo ideal sería incentivarlo con ayudas o desgravaciones fiscales, pero si los gobiernos no están por la labor, al menos debería promoverse la conexión entre profesionales interesados en este esquema y residencias que hoy no pueden contratar por falta de personal cualificado disponible en el mercado laboral.

Siendo realista, esta idea no resolvería por completo el problema de la escasez de enfermeras en residencias. Pero sí podría aliviarlo en parte, sin necesidad de procesos largos ni reformas estructurales imposibles de implementar en el corto plazo.

Seguro que me he dejado problemas sin abordar. Pero, al menos, creo que esta vía merece ser explorada.

¿Qué os parece? ¿Valdría la pena seguir con ella?

Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

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