Expertos economistas abogan por aumentar la financiación pública del sistema de dependencia para garantizar su sostenibilidad

Según datos del INE, la tasa de dependencia superó el 53% en 2024, y más de 290.000 personas se encuentran en listas de espera para acceder a servicios o prestaciones del sistema de dependencia. Se trata, sin duda, de un desafío significativo en el cuidado de la población dependiente en España. La sesión titulada "El reto de la dependencia", organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), buscaba evaluar los avances logrados y los retos que aún quedan por enfrentar en este ámbito.

La principal conclusión ha sido destacar la necesidad de reforzar el sistema de dependencia para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Valentín Pich, presidente del CGE, y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, fueron quienes presentaron la sesión. Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF, y Sergi Jiménez-Martín, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra, director de la BMiSS de la BSE e investigador asociado de Fedea, intervinieron durante el evento.

Más financiación pública

Durante la inauguración del evento, Valentín Pich destacó que “el sistema de dependencia en España enfrenta importantes retos estructurales. Los copagos suponen una carga financiera difícil de sostener para muchas familias, mientras que la financiación pública, que actualmente alcanza el 0,8% del PIB, podría incrementarse para acercarse al promedio de la OCDE (1,7%). Este aumento contribuiría a aliviar las cargas familiares y generar nuevos empleos en el sector, fortaleciendo la economía y garantizando un modelo de atención más equitativo y sostenible para el futuro”.

Ángel de la Fuente opina que "el sistema de atención a la dependencia es un componente crucial del Estado del Bienestar, especialmente en una sociedad como la nuestra, que está envejeciendo rápidamente. Aunque la creación del SAAD representó un avance significativo, parece que ha quedado a medio camino. Para avanzar, es necesario darle un impulso adicional, lo cual implica elevarlo en la lista de prioridades sociales y políticas. No todo debe centrarse en las pensiones; también debemos asegurar un sistema de atención que satisfaga las necesidades actuales y futuras de nuestra población".

Ignacio Fernández-Huertas y Sergi Jiménez-Martín han expuesto breves ponencias. La presentación de Fernández-Huertas se tituló “Dependencia: Perspectivas a largo plazo”, mientras que Jiménez-Martín abordó el tema “Atención a la dependencia en España: Problemas y soluciones”.

Ignacio Fernández-Huertas, durante su intervención, ha señalado que "el gasto en cuidados de larga duración será una de las principales presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años debido al proceso de envejecimiento que ya enfrenta la sociedad española, el cual se intensificará con la jubilación de la generación del baby boom. Según estimaciones de la AIReF, este gasto podría alcanzar el 1,7% del PIB en 2050, impulsado por una tasa de dependencia proyectada del 51,4% y una población de 50,3 millones de habitantes".

Durante su intervención inicial, Sergi Jiménez-Martín destacó que "el SAAD está avanzando de manera significativa gracias a los impulsos presupuestarios recibidos en los últimos años. Desde 2021, el presupuesto destinado a la dependencia ha crecido considerablemente, con un incremento del 19% en 2022 y un 15% en 2023, alcanzando los 7.116,8 millones de euros. A nivel nacional, se ha logrado reducir la lista de espera en 11 puntos porcentuales respecto a 2019, situándola en torno al 9%, por debajo del umbral del 12,7% establecido en 2021. Además, las prestaciones económicas para el cuidado de familiares han ido disminuyendo su peso, representando ahora el 29,3% del total, frente al 51,1% en 2009. Finalmente, el sector de la dependencia es, desde 2021, el que más ha crecido en la economía española".

Se ha llevado a cabo un COLOQUIO, moderado por Amelia Pérez Zabaleta, quien ocupa el cargo de vicepresidenta primera del Consejo General de Economistas. En este evento, Ignacio Fernández-Huertas y Sergi Jiménez-Martín han abordado seis cuestiones fundamentales.

1.- ¿Qué opinión tienen sobre la Ley 39/2006, que promueve la autonomía personal y atiende a las personas en situación de dependencia? Desde su implementación, ¿en qué grado ha logrado su propósito de salvaguardar a las personas dependientes?

Ignacio Fernández-Huerta opina que “la implementación de la ley de dependencia y el impulso recibido en años recientes han contribuido a mejorar la atención. A pesar de que los objetivos del Plan de Choque para la dependencia aún no se han alcanzado por completo, la cobertura del sistema ha aumentado, se ha disminuido el limbo de dependencia y parece que se continúa avanzando en esta dirección. Además, desde 2003, el gasto en cuidados de larga duración se ha duplicado en relación al PIB, pasando del 0,4% al 0,8%”.

Sergi Jiménez-Martín señala que “El SAAD ha experimentado una evolución muy positiva en los últimos años, impulsada por un incremento en los recursos, lo que ha permitido una notable reducción de las listas de espera y del peso de las prestaciones económicas. La tendencia apunta a disminuir estas prestaciones para cuidadores familiares, fomentando en su lugar el uso de servicios que faciliten la reincorporación de los cuidadores al mercado laboral. Una vez encauzado el problema de acceso a la dependencia, el enfoque del sector debería orientarse hacia mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la fuerza laboral, priorizando la estabilidad, la formación y una justa compensación para los trabajadores del sector”.

2.- La atención a la dependencia ha emergido como uno de los desafíos más significativos para la sociedad española. Surge la pregunta de si esta situación es similar a la que enfrentan naciones cercanas como Francia, Italia y Alemania, o si, por el contrario, España posee características específicas que agravan este problema.

Ignacio Fernández-Huerta señala que, según el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, el gasto en cuidados de larga duración en España se sitúa casi un punto por debajo de la media europea (1,7%), a pesar de los aumentos observados en los últimos años. Esta cifra dista considerablemente del aproximadamente 4% que se registra en países como Noruega y Holanda, e incluso del 3% en Suecia o Dinamarca. Además, España enfrenta un desafío significativo relacionado con la descentralización de esta política, lo cual impacta en la financiación, gestión e implementación del sistema de atención a la dependencia. Como resultado, se generan situaciones heterogéneas en diversas comunidades autónomas.

"La atención a las personas mayores dependientes es una tarea delicada, donde suelen destacar especialmente las situaciones de desatención", ha afirmado Sergi Jiménez-Martín. En el año 2022, el 13,6% de la población de 65 años o más en España recibió ayudas para la dependencia, lo que representa un aumento de 1,2 puntos porcentuales en comparación con 2021 y un porcentaje notablemente superior al promedio de la OCDE. En contraste, países como Suiza y Alemania tienen una cobertura de ayudas más alta, alcanzando el 24,2% y el 20,5%, respectivamente. Además, en los países del norte de Europa, esta cifra varía entre el 13% y el 16%. Sin embargo, en comparación con España, la cobertura es menor en naciones del centro y sur de Europa, especialmente en Francia e Italia.

3.- La calidad de vida de los cuidadores y sus familias se ve impactada de manera directa por la insuficiencia de financiación y los prolongados tiempos de espera para acceder a las prestaciones de dependencia. Estos obstáculos, ¿cómo afectan las decisiones tanto personales como profesionales de los ciudadanos, sobre todo en aquellos que deben disminuir su actividad laboral para cuidar a un familiar dependiente?

Ignacio Fernández-Huerta señala que “La AIReF no ha tenido la oportunidad de evaluar en profundidad la política de dependencia, como sí ha hecho en el caso de otras políticas públicas como el IMV, educación o sanidad entre otras. Por lo tanto, no disponemos de información adecuada para valorar el impacto real sobre la sociedad en su conjunto y las personas directamente afectadas de estos tiempos de espera que se constatan en las estadísticas oficiales”.

Sergi Jiménez-Martín comentó: “Es cierto que el grueso de la ayuda a la dependencia recae fundamentalmente en los familiares. Sin embargo, desde prácticamente la introducción del SAAD en 2007, se ha observado una tendencia hacia la disminución de las prestaciones familiares y un incremento en las prestaciones de servicios, lo que facilita la reducción de la carga familiar, especialmente para las mujeres. Aún así, queda mucho camino por recorrer para lograr un cambio de paradigma”.

4.- En 2023, se registraba que más de 290.000 personas estaban en lista de espera, y se calculaba que cada 15 minutos una persona perdía la vida mientras esperaba su prestación. ¿Sería posible proporcionar información más actualizada y detallar si las acciones implementadas en los últimos años han conseguido disminuir esta cifra y facilitar el acceso a los servicios de dependencia?

Ignacio Fernández-Huerta señaló que, de acuerdo con los datos más recientes del IMSERSO hasta el 31 de diciembre de 2024, se ha observado un aumento del 5,1% en las solicitudes en comparación con el mismo periodo de 2023. Las resoluciones de grado con derecho a prestación también han crecido un 4,4%, mientras que las resoluciones del PIA (Programa Individual de Atención) han aumentado en un 7,5%. Además, ha habido una disminución del 23,8% en el número de personas con derecho a prestación que no cuentan con resolución de PIA.

En el año anterior, es decir, en 2023 respecto a 2022, se registraron cambios similares: un incremento del 4% en las solicitudes, un aumento del 5,1% en las resoluciones con derecho a prestación y un crecimiento del 7,5% en las resoluciones de PIA; al mismo tiempo, se observó una caída del 12,5% en las personas con derecho sin resolución de PIA. En resumen, parece que hay una tendencia positiva en este ámbito durante los últimos dos años.

Sin embargo, el tiempo promedio para la tramitación de un expediente desde la solicitud hasta la resolución de la prestación no ha mostrado mejoras significativas (aunque esta situación varía según la comunidad autónoma): aunque se redujo de 344 días en 2022 a 324 días en 2023, para el año 2024 se estima que será de 334 días.

Sergi Jiménez-Martín señala que desde 2021 ha habido un notable aumento en el presupuesto destinado a la dependencia. En 2022, este presupuesto creció un 19%, y en 2023, se incrementó en un 15%, alcanzando así los 7.116,8 millones de euros. A nivel nacional, después de la implementación del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD en abril de 2021, la lista de espera se ha reducido en 11 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. Actualmente, alrededor del 9% de las personas aguardan recibir prestaciones, cifra que se encuentra por debajo del umbral establecido en dicho acuerdo (12,7%).

5.- En el entorno familiar de España, el cuidado de los mayores ha sido tradicionalmente una responsabilidad delegada, sin embargo, la evolución de las estructuras familiares y laborales está transformando esta situación. ¿Qué factores son los que impulsan el aumento en la demanda de servicios de dependencia y hasta qué medida se está respondiendo a esa necesidad?

Ignacio Fernández-Huerta señala que “El principal factor del incremento de la demanda de servicios de la dependencia es el proceso de envejecimiento al que se enfrenta la sociedad española. Este fenómeno surge debido a la llegada a la edad de jubilación de los llamados babyboomers (nacidos entre 1957 y 1977), así como a la creciente longevidad de la población y al descenso en la fecundidad registrado en las últimas cuatro décadas, aunque esto se ha visto compensado en parte por los flujos migratorios.

Como resultado, se prevé un aumento futuro en el número de personas con mayor probabilidad de requerir servicios de dependencia, lo que también implica que este grupo representará una proporción más significativa del total de la población. Según estimaciones de la AIReF, para el año 2050, cerca de 15 millones de personas tendrán más de 66 años, lo que equivaldría al 29% del total poblacional”.

Sergi Jiménez-Martín ha señalado que “La principal fuente de demanda proviene del envejecimiento poblacional, dado que la proporción de personas mayores de 80 años continúa en aumento. El establecimiento de una prestación universal para la atención a la dependencia contribuye significativamente a este objetivo. Sin embargo, el sistema es relativamente nuevo y, por tanto, susceptible de mejoras, ya que debe adaptarse a realidades muy diversas”.

6.- ¿Cuáles son las propuestas específicas que consideran indispensables para optimizar la atención a la dependencia en España, y cómo se puede garantizar que tanto los profesionales como las familias cuenten con los recursos necesarios para proporcionar un cuidado digno y sostenible?

Ignacio Fernández-Huerta señala que “En un contexto en el que los recursos son limitados y las necesidades crecientes, ser eficaz y eficiente en el gasto público es una exigencia incuestionable.” Por esta razón, la AIReF ha sugerido evaluar el gasto en dependencia dentro del marco del Spending Review. Esta evaluación permitiría identificar áreas y acciones que requieren mejoras, así como enfrentar con mayores garantías los desafíos presentes y futuros en este ámbito.

Además, sería recomendable situar las presiones por el aumento del gasto en dependencia y de otras políticas públicas dentro de una estrategia fiscal a medio plazo que sea realista y creíble, asegurando así la sostenibilidad de las finanzas públicas de todas las AAPP.

Sergi Jiménez-Martín enumera algunas de las medidas que considera necesarias:

• Agilizar los trámites y procedimientos para acceder a las prestaciones.
• Reducir o eliminar la incertidumbre financiera que enfrentan las regiones, diversificando las fuentes de financiación. Esto podría lograrse combinando financiación pública nacional, a través de impuestos y contribuciones (idealmente mediante un sistema de aseguramiento público), con financiación regional mediante la asignación finalista de impuestos sobre sucesiones o transmisiones patrimoniales, y complementándola con financiación privada, promoviendo el aseguramiento individual privado.
• Avanzar hacia un modelo de atención residencial más personalizado, fomentando la convivencia de mayores activos en pequeñas comunidades.
• Profesionalizar la fuerza laboral, mejorando sus condiciones laborales en términos de estabilidad contractual, formación y salarios, tanto en la atención domiciliaria como en la residencial.
• Mejorar la coordinación efectiva entre la atención sanitaria y la atención a la dependencia, evitando que una cubra problemas propios de la otra”.

El coloquio ha sido cerrado por Valentín Pich y Ángel de la Fuente, quienes han resumido las PRINCIPALES CONCLUSIONES en su intervención final. Los desafíos significativos que enfrenta el sistema de atención a la dependencia en España son consecuencia del envejecimiento poblacional, lo que genera presión sobre su sostenibilidad y eficacia.

A pesar de los avances logrados, como el aumento del presupuesto y la reducción parcial de las listas de espera, continúan existiendo problemas relacionados con los tiempos de tramitación, desigualdades territoriales y una financiación insuficiente en comparación con la media europea. Para hacer frente a estos retos, es necesario implementar una estrategia fiscal integral, mejorar la calidad del capital humano y optimizar el gasto público mediante revisiones periódicas.

Asimismo, agilizar los procedimientos, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer la coordinación entre atención sanitaria y dependencia son pasos fundamentales para asegurar un sistema eficiente y equitativo que satisfaga las demandas futuras.