Ignacio Fernández-Cid destaca la importancia de la nueva Ley de Dependencia, aunque critica su escasa dotación presupuestaria y la falta de coordinación política. Josune Méndez señala problemas en la gestión y desigualdades territoriales, mientras que José Luis Pareja expresa desconfianza hacia la clase política y aboga por una implementación equitativa en todo el país.
La conocida como Ley Dependencia acaba de cumplir 18 años y, a tenor de lo explicado desde las patronales, nadie está satisfecho. Ignacio Fernández-Cid (FED) critica su escasa dotación presupuestaria y la falta de coordinación política. Josune Méndez (AESTE) señala problemas en la gestión y desigualdades territoriales, mientras que José Luis Pareja expresa desconfianza hacia la clase política y aboga por una implementación equitativa en todo el país.
Así, 18 años después, la Ley de Dependencia suspende, "no ha cumplido las expectativas".
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, es claro: "Se concedió un derecho muy importante y se estableció el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social. Otra cosa es la dotación presupuestaria que ha tenido, pero las cosas hay que empezarlas por los cimientos y por el movimiento de tierras, así que, enhorabuena, nos debemos felicitar todos".
"Más presupuesto y más realismo"
Del mismo modo, explica, la ley "ha tenido un desarrollo muy dispar en función también de cómo ha ido el bagaje político y la situación económica del país, pero como se ve, es una apuesta que no tiene vuelta atrás porque los mayores de 65 años ya suponen el 20% de la población y esto va en aumento". Insiste en que "nos debemos felicitar todos porque cuando se llega a la vejez y uno empieza a tener problemas de fragilidad y dependencia, lo lógico es que las instituciones le respalden".
De cara a la nueva Ley de Dependencia que se está preparando desde el Ministerio de Derechos Sociales, Fernández-Cid pediría "más presupuesto y más realismo". Cree que "si se quiere desarrollar un programa a corto o medio plazo tiene que ser algo con sentido común". "No puede ser positivismo a ultranza, que está muy bien, pero eso no es viable", apunta.
El máximo responsable de la FED es partidario de empezar "paso a paso y con cosas que sean de verdad, no imposibles". "Lo otro es una fantasía que se quedará en el cajón de los recuerdos", concluye.
No ha cumplido las expectativas
En esta línea, la secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Josune Méndez de Cruz, opina que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia "supuso un grandísimo avance en su momento porque se reconocían por fin los derechos y necesidades de las personas dependientes en España, propiciando un marco para su atención y apoyo".
"Siendo este un gran hito del momento -señala-, la sensación es que no ha cumplido las expectativas", ya que "la lenta gestión de los expedientes, la excesiva burocracia que la acompañan y una insuficiente dotación económica, han hecho que no se hayan podido aprovechar todas sus oportunidades". También considera que ha puesto más de manifiesto las desigualdades territoriales.
Pero la portavoz de AESTE enumera más: "Uno de los principales problemas son las listas de espera para las valoraciones del grado de dependencia, superando con creces en la mayoría de las CCAA los 6 meses estipulados, así como la espera para obtener el servicio solicitado una vez obtenida la valoración". Cree que "la consecuencia de esto es que miles de personas no hayan podido acceder a los servicios que han necesitado en el momento preciso, muchísimas de ellas falleciendo durante la espera".
En este punto, es conveniente recordar que según el Observatorio de la Dependencia, 3
5.920 personas fallecerán en 2024 en las listas de espera de la dependencia: 18.592 pendientes de resolución de grado y 17.328 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto supone que 98 personas fallecerán al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos). Desde 2017, el número de personas fallecidas en las listas de espera asciende a 388.932.
De esta forma, Josune Méndez de Cruz recuerda que están muy atentos a los términos en los que se va a desarrollar la nueva ley de dependencia; "un planteamiento en inicio, y por lo poco que han podido saber, muy ambicioso, que teniendo en cuenta el antecedente que tenemos del desarrollo de la ley actual y el más que previsible incremento de demanda de servicios los próximos años, va a necesitar de muchos recursos para que tenga éxito".
Además, para terminar, el nuevo texto deberá ir acompañado de "un sistema mucho más ágil de tramitación de expedientes y una simplificación de los procedimientos para el acceso, para que pueda tener éxito y pueda realmente cumplir su función y no quede en saco roto".
El fracaso de la clase política
De igual modo, el presidente del Grupo Social Lares, José Luis Pareja, entiende que "fue un muy buen intento y se supone que avalado por numerosos estudios". Ha recordado en este punto el famoso Libro Blanco de la Dependencia, pero subraya: "Evidentemente, todos los datos se han ido viniendo abajo". ¿Por qué? "Porque no se han dado cuenta de que estamos hablando del cuarto pilar del Estado de Bienestar, pero al final cada uno ha hecho lo que ha querido", se lamenta.
Para el presidente de la patronal que representa al Tercer Sector, "es verdad que el Estado ha tenido que hacer una apuesta decidida, pero luego no ha habido una verdadera coordinación y cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha querido". "No ha habido un verdadero interés por el bien común. Por ello, creo que el fracaso de la Ley de Dependencia es el fracaso de la clase política, que no ha estado nunca a la altura de las circunstancias", añade.
Al respecto, recuerda que igual que en el caso de la recién aprobada Ley de la ELA, que "ahora resulta que no tiene asignación presupuestaria cuando el Gobierno se comprometió a que este año, es decir, ya, se iba a disponer de las ayudas para las familias". "Con esto quiero mostrar mi desconfianza más absoluta en la clase política y en el sistema burocrático que tenemos actualmente", afirma.
Para Pareja la conclusión es que "tenemos unas listas de espera enormes para poder entrar en un centro residencial". Deja claro que van a seguir "luchando por las personas mayores porque los políticos van a hacer lo que quieran con el anteproyecto que hay ahora mismo de Ley de Dependencia". Y es rotundo: "Ahora mismo prevalecen los intereses partidistas y para que esta ley salga adelante la tiene que aprobar Sumar, que es el partido que la está llevando a cabo en el Gobierno, y el resto de partidos. Y eso lo veo tan difícil...".
El presidente del Grupo Social Lares recuerda algo más sobre el proceso de "desinstitucionalización" y eso de que "todo el mundo quiere vivir en su casa": "Es cierto a medias porque hay personas mayores que no quieren vivir en su casa porque no está adaptada y no se puede adaptar. Además, no tienen acceso ni a parques ni a lo que sea para estar con la personas maya. Por esto, no hagas un proceso de desinstitucionalización cuando no lo vas a llevar a cabo en todo el país".
"Yo quiero que todo lo que haga este Gobierno -y los sucesivos- tengan una aplicación real y total en cualquier lugar de España. Quiero que me garanticen que cualquier persona ajena al proyecto va a tener los mismos plazos, los mismos tiempos, las mismas prestaciones o las mismas ratios", termina.
Desde el Circulo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) opinan que "la Ley de la Dependencia cumple 18 años, pero sigue en el limbo" y explica que "más de 93.000 personas han fallecido en 5 años esperando resolución".
En una entrada en X (antiguo Twitter) apunta que "el gasto por persona atendida ha caído desde 2010" y piden una "financiación justa". Reclama una inversión por parte del Ejecutivo central equivalente al 2% del PIB, así como "procesos más ágiles".
— CEAPs (@cea_ps) December 18, 2024
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