No tiene ningún problema en empezar avisando de que la "principal preocupación" que tiene el sector de la atención geroasistencial es que "el Gobierno quiere modificar el sistema de cuidados a los dependientes y la Ley de la Dependencia al margen de las empresas". Por ello, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ve deseable, como proponía también el presidente de LARES, un Pacto nacional por la Dependencia para solucionar los problemas que existen en el sector.
En este sentido, tiene claro que "apostar por una política de desinstitucionalización de forma generalizada no tiene ningún sentido" porque "el 95,8% de las personas mayores de 65 años viven en su domicilio, pero hay que añadir: mientras se pueda". Aun así, el responsable de la FED es optimista con el futuro del sector residencial porque la demanda va a seguir aumentando, a pesar de que el llamado “Acuerdo Belarra” ha provocado la suspensión de, al menos, cien nuevos proyectos de residencias a lo largo del país. "Sin un marco claro y estable es muy difícil que la inversión fluya", apunta.
En cualquier caso, incide en el desafío que supone encontrar empleados debidamente cualificados: "El sistema público de Sanidad tiene ya graves problemas para encontrar profesionales de la medicina y de la enfermería, por lo que para nosotros la situación es desesperante, y en muchos casos imposible". Reitera que necesitamos políticas activas de empleo, con formación en origen, y solucionando este problema decididamente en un plazo no superior a tres meses por expediente.
Ignacio Fernández-Cid apuesta por incrementar los presupuestos hasta un mínimo del 2% del PIB, es decir más de 29.000 millones de euros. Aquí lo cuenta:
- ¿Cuál es su principal preocupación hoy como presidente de una patronal que representa a empresas dedicadas a la atención y cuidado de las personas mayores y/o dependientes? ¿Qué es lo más urgente?
Nuestra principal preocupación viene derivada de que el Gobierno quiere modificar el sistema de cuidados a los dependientes y la Ley de la Dependencia al margen de las empresas, a pesar de que en este sector son mayoritariamente las prestadoras de los servicios. Si bien es cierto que van a dotar un mayor presupuesto, éste va dirigido, en nuestra opinión, justo en el sentido contrario al que debiera ir.
La mesa de diálogo social, aunque es cierto que tiene un carácter consultivo no vinculante, no se ha reunido para trabajar y discutir los temas, sino que únicamente le ha servido al ejecutivo para anunciarnos sus medidas unilaterales y sólo se ha convocado una vez. Sin escuchar es imposible solucionar nada y sería deseable, como propone mi amigo Jose Luis Pareja Rivas, presidente de LARES, que se firme un Pacto nacional por la Dependencia para solucionar los problemas que existen en el sector.
- ¿Y a corto-medio plazo, cuáles son los principales desafíos que afronta el sector en la actualidad?
Uno, mejorar la mala imagen que tiene una parte de la sociedad sobre nuestro sector y nuestro trabajo. La actividad de cuidar a otra persona es una actividad muy estimulante y de gran responsabilidad que requiere mucha profesionalidad y humanidad. Sin duda hay que ponerla en valor.
Dos, es un problema muy acuciante la falta de profesionales que existe en el sector, tanto de enfermeros, médicos y técnicos en general como de gerocultores. Se deben desarrollar políticas activas de empleo que nos proporcionen profesionales formados en origen.
Tres, el absentismo laboral está creciendo alarmantemente, llegando a triplicar la tasa de absentismo habitual del 4% hasta el 12% que estamos padeciendo actualmente.
Cuatro, hay que fijar precios públicos que permitan dar servicios profesionales, de calidad, que se indexen anualmente al IPC y que nos permitan remunerar a nuestros profesionales de forma suficiente como para que se puedan plantear desarrollar su carrera profesional en el sector social.
- ¿Sería ingenuo/estéril hablar del largo plazo?
En absoluto, sería muy deseable que se abriera una mesa de planificación de los servicios y recursos a medio y largo plazo. Es un hecho que el país está envejeciendo a un ritmo muy acelerado y debiéramos sentarnos para planificar la respuesta que podremos ofrecer a la gran demanda creciente que va a venir. Desde FED llevamos tiempo alertando sobre lo imperativo de este tema, pero no conseguimos que los responsables políticos lo aborden.
- Ya no es solo un reto en verano, ahora lo es todo el año... ¿Cómo consiguen trabajadores, personal cualificado, concretamente enfermeras, en sus centros?
Cada vez nos cuesta más tiempo y esfuerzo conseguir profesionales para que trabajen en el sector. Efectivamente ya no es un problema cíclico, es un problema real y sostenido en el tiempo a lo largo de todo el año, aunque en verano se agudiza. El sistema público de Sanidad tiene ya graves problemas para encontrar profesionales de la medicina y de la enfermería, por lo que para nosotros la situación es desesperante, y en muchos casos imposible, como ocurre especialmente en el ámbito rural.
- Sobre las propuestas para nuevas titulaciones intermedias o la de agilizar los trámites de homologación para profesionales extranjeras... ¿se ha avanzado algo?
Lamentablemente no, con el agravante de que, en las últimas concesiones al gobierno del País Vasco, se ha aprobado transferir las competencias para la tramitación de los procesos de homologación de los profesionales de terceros países no europeos, por lo que esto va a empeorar mucho más para el resto de las comunidades autónomas.
Necesitamos que se implementen políticas activas de empleo, con formación en origen, pero solucionando este problema decididamente en un plazo no superior a tres meses por expediente, que actualmente se puede dilatar hasta dos años.
- No hace tanto se decía que era muy importante que se considerara a las gerocultoras y enfermeras como puestos de difícil cobertura... ¿Qué se está haciendo? ¿Qué pasa si una inspección detecta falta de personal necesario, qué puede hacer el director si no puede cubrirlos?
La posición tanto del director como la de la empresa es muy difícil. El debate es peliagudo porque se centra en la necesidad de incorporar personal aunque no tenga la titulación necesaria, porque los cuidados y la asistencia a los dependiente hay que seguir proporcionándola.
La inspección en alguna comunidad autónoma ya ha legislado esta situación y exonera a las empresas de sanciones siempre que se demuestre que se han hecho las gestiones oportunas para conseguir el número de profesionales suficiente, en caso contrario se limitan a sancionar a las empresas. La realidad es que estamos sufriendo una situación muy complicada en este aspecto y hay en algunos casos que nos es casi imposible cubrir estos puestos.
- En esta línea, también se ha pedido reiteradas veces que Atención Primaria asuma toda la atención sanitaria... ¿Podemos decir algo, existirá realmente una coordinación social y sanitaria pronto?
Me temo que no, se está mejorando la coordinación entre lo sanitario y lo social pero todavía falta muchísimo por desarrollar. El de la dependencia es un sector muy grande con unas magnitudes que desbordan completamente a Sanidad. Ni tienen presupuesto suficiente, ni profesionales, ni una infraestructura capaz de asimilar el volumen y, lo que es más preocupante, creo que tampoco voluntad política para ello.
- Inevitablemente, hay que hablar siempre de política... ¿ve alguna diferencia entre el nuevo modelo de cuidados para evitar el ingreso en residencias del ministro Bustinduy y el Acuerdo Belarra? ¿Qué recorrido le ve a la nueva propuesta de Derechos Sociales?
Apostar por una política de desinstitucionalización de forma generalizada no tiene ningún sentido. Las personas deben poder vivir en su domicilio o en su entorno familiar de forma preferente, pero eso ya se está dando actualmente, porque el 95,8% de las personas mayores de 65 años viven en su domicilio, pero hay que añadir: mientras se pueda.
Parece que la política actual se basa en contraponer residencias y domicilios, y sobre todo, si son macro residencias. Las residencias públicas se caracterizan por ser macro residencias de hasta 500 plazas en algunos casos, hecho que no se da en el sector privado.
Se está apostando por generalizar las prestaciones económicas en el entorno antes familiar, ahora relacional (se suprime la excepcionalidad de estas prestaciones), claramente para reducir las sangrantes listas de espera, más de 300.000 dependientes a finales de año 2023. En vez de apoyarse en servicios profesionales y de calidad, se basan en los cuidados de no se sabe quién, sin formación y control mínimo.
- ¿Se va a seguir invirtiendo en residencias de personas mayores?
Lo que ha provocado el llamado “Acuerdo Belarra” es un parón muy importante de, al menos, cien nuevos proyectos de residencias a lo largo del país. Sin un marco claro y estable es muy difícil que la inversión fluya. Sin embargo, estoy convencido de que se seguirá desarrollando el sector porque la demanda va a seguir aumentando.
- ¿Cambian mucho los proyectos arquitectónicos con las nuevas reglamentaciones o es algo que estaba en los planes del sector desde antes?
Nuestro sector está en permanente evolución, cambio y búsqueda de la mejora constante. Los centros modernos ya se llevan años diseñando en base a unidades de convivencia, es decir, espacios comunes para un máximo de personas, apostando mayoritariamente por habitaciones individuales, mejor ubicados e incorporando equipamientos más modernos y nuevas tecnologías.
- Seguimos con la política... Reforma de la Ley de Dependencia... Al margen de lo que propone el Gobierno, ¿qué necesita la Ley de Dependencia, además de financiación?
Sería deseable que se dé libertad de elección a las personas sobre los servicios/prestaciones que se le ofrecen. Una libertad de elección que ya existe en multitud de otros ámbitos como educación y sanidad entre otros. Incluso me atrevería a decir que sería muy deseable, y este es un mensaje dirigido a los defensores a ultranza de lo público, que el dependiente y su familia pudieran elegir también entre centros residenciales públicos y privados.
Al mismo tiempo, es imprescindible una mayor dotación económica, ya que sin los presupuestos necesarios no se podrán dar los servicios que los dependientes y sus familias necesitan. En concreto hay que incrementar los presupuestos hasta un mínimo del 2% del PIB, es decir más de 29.000 millones de euros.
- ¿Cree que se está haciendo algo realmente eficaz para enfrentarse al envejecimiento y el correspondiente aumento de la demanda de servicios de atención y cuidado?
Por supuesto, se llevan desarrollando políticas encaminadas a dar los servicios y prestaciones necesarias, con funcionarios muy implicados en ello y todo eso es para valorarlo, pero lamentablemente los recursos que se destinan a ello son muy insuficientes en un país como España que está desarrollando un envejecimiento tan creciente.
Es de justicia reconocer que se está avanzando mucho, pero nosotros como patronal tenemos la responsabilidad de seguir concienciando a todos los actores implicados en que hay que seguir desarrollando este sector, que es un pilar básico en nuestra sociedad.
- ¿Qué le parece que hayamos pasado de preocuparnos por la pandemia a ver que se utiliza como arma política los fallecidos en las residencias?
Lamentable, llevamos años rogando que nuestro sector se quede al margen de la contienda política, pero nos está resultando casi imposible. Tenemos que recordar que el cuidado a los dependientes debe ser una responsabilidad de todos, cada uno en el rol que juega, pero no solo de los operadores.
Por eso tiene todo el sentido del mundo solicitar un Pacto nacional por la Dependencia, ya que esto no debe ir de ideologías, esto es algo que nos afecta como sociedad… ¿quién en su ámbito familiar o más cercano no tiene algún dependiente que necesita atención y asistencia?
Los medios de comunicación generalistas nos podrían ayudar mucho con este enfoque. Ellos tienen una gran responsabilidad como el cuarto poder que son.
- ¿Cómo cree que está afrontando el sector la implementación de nuevas tecnologías? ¿Cree que la Inteligencia Artificial tiene su sitio en la atención geroasistencial?
El sector de la Dependencia es un sector en continua transformación y cambio, por tanto, se van incorporando a nuestro día a día las nuevas tecnologías que van apareciendo, así que la inteligencia artificial tendrá, sin duda, un protagonismo especial a pesar de que somos un sector en el que personas cuidan a personas, por lo que siempre serán herramientas de apoyo, no de sustitución.
- Como se dice en términos radiofónicos: minuto y resultado, ¿cómo va la negociación del Convenio Colectivo?
Tenemos ya un Convenio colectivo firmado hasta el 31 de diciembre de 2025, así que está todo en orden en este sentido. Se hizo una apuesta importante por la mejora de las tablas salariales y de otras condiciones que, al final, se traduce en importante incremento de costes para los empresarios que apostamos por este sector.
- Como siempre: ¿cómo ve el sector dentro de 5 años? ¿Y de 10?
Espero que se apueste por seguir desarrollando la fórmula que más éxitos ha traído a este sector, la colaboración pública-privada. Nuestro deseo es que nos permitan seguir desarrollando servicios cada vez más mejores, más modernos y personalizados para los dependientes y sus familias.
En cuanto a los profesionales y los empresarios, nosotros seguiremos con la máxima ilusión y pasión trabajando en un sector que nos encanta y nos motiva.
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