La FED ve un "auténtico despropósito usar criterios politizados" en el reparto de los fondos para el nuevo modelo de dependencia "como pretende Belarra"

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, se ha mostrado en total “desacuerdo” y considera un "auténtico despropósito usar criterios politizados" en el reparto de 200 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra quiere hacer únicamente entre las comunidades autónomas que apoyaron el Acuerdo de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD, conocido como "acuerdo Belarra", para el despliegue de un nuevo modelo de cuidados a las personas mayores.

“La patronal de la dependencia FED, en cuanto al criterio de reparto de los fondos, muestra su desacuerdo”, explicaba a Dependencia.info Fernández-Cid al tiempo que enumeraba una serie de razones: “Lo primero, la aportación pública sigue siendo insuficiente. Hay claramente una infravaloración de la aportación a la Ley de la Dependencia. Con los datos que tenemos con respecto a 2022, estaríamos hablando de un 0,8% del PIB cuando ya hemos comentado en otras ocasiones que en los países de nuestro entorno, a los cuales nos queremos parecer, esta cifra está entre el 2 y el 2,5% de su Producto Interior Bruto”.

“Lo segundo -continua el presidente de la FED-, se siguen incumpliendo los objetivos de eficacia y compromiso de las comunidades autónomas. Seguimos con una lista de espera de personas para ser valoradas que en 2022 ha llegado a 131.810 personas más que el año anterior. Ese año cerramos con 353.965 personas que estaban esperando algún tipo de trámite de la Dependencia”, añadía.

Por ello, consideran que “lo que se debiera primar en cuanto al reparto de esos fondos es aquellas comunidades autónomas que hacen bien sus deberes para que el principal protagonista de todo esto, que es el dependiente, reciba los servicios o las prestaciones a las que tenga derecho y no se quede en el limbo, perdido en la burocracia y la ineptitud de la Administración Pública de turno”.

El criterio de reparto "no tiene ningún sentido"

Entiende Ignacio Fernández-Cid que “someter el criterio de reparto de esos fondos a si se aprobó o no se aprobó y si se está siguiendo o no el sistema de acreditación aprobado por la mínima en julio de 2022, no tiene ningún sentido”.

Este representante de una de las patronales de la dependencia recuerda que “claramente” lo dijeron desde el inicio: “Un sistema de acreditación que se pretende implantar siguiendo modelos de países mucho más desarrollados y, además, mucho más implicados en cuanto a presupuesto que el nuestro, como son los países del norte de Europa, sin hacer la más mínima memoria económica para ver la viabilidad y sostenibilidad del sistema nos parece un error garrafal”.

Entonces, repartir esos fondos en base a si lo estás aplicando o no, cuando hoy por hoy todavía ninguna comunidad autónoma lo está haciendo, nos parece que es un criterio muy sectario y muy ligado a planteamientos políticos. Por tanto, nos parece un error tremendo.

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Inciden en que en marzo de 2023, todas las comunidades autónomas tenían que haber traspuesto ya este sistema de acreditación a sus normativas y salvo la Comunidad Valenciana, el otro día, ninguna más lo ha hecho: “Lo que nosotros consideramos es que se debe primar la eficacia en la gestión para la recepción de todos estos servicios a la dependencia a los dependientes, en cuanto a rapidez y calidad de esos servicios y no en cuanto a criterios políticos de si estás conmigo o estás contra mí.

Por otra parte, a la FED le cuesta bastante creer que el Ministerio de Derechos Sociales se vaya a atrever a “dejar fuera de esos fondos a comunidades autónomas como el País Vasco o como Cataluña”. y lo argumentan: “Después, lamentablemente, vemos que hay reparto de fondos según criterios totalmente políticos en base a apoyos parlamentarios que se necesitan para sacar adelante leyes que se compensan con aportaciones, fondos y con inversiones en estas dos comunidades autónomas”.

Por tanto, concluye Fernández-Cid: “No creemos que esto vaya a seguir adelante y de serlo sería claramente discriminatorio y habría que ver finalmente qué comunidades autónomas se han quedado fuera y cuáles no”.