Andalucía reclama "de una vez por todas" un gran acuerdo de financiación de la Ley de Dependencia

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reclamado al Gobierno central que impulse “de una vez por todas” un gran acuerdo en materia de financiación de la Ley de Dependencia, porque, ha recordado, el Estado únicamente financia el 20%.

Denuncia que este porcentaje está “muy alejado del 50% que le corresponde por Ley”.

Insiste en que, desde el año 2012, Andalucía ha dejado de percibir 508 millones que les corresponden a las personas en situación de dependencia, “además del millón de euros al mes que estamos dejando de percibir por el pago de la Teleasistencia Avanzada, lo que supone un auténtico boicot”.

Ofrece más datos: durante 2016, Andalucía ha incorporado a 28.300 personas beneficiarias (con un crecimiento neto de 5.000 personas con relación al cierre de 2015) con 41.600 prestaciones nuevas, y se han llevado a cabo 68.400 nuevas valoraciones y revisiones.

Sánchez Rubio subraya: “Por eso, desde 2012, Andalucía ha tenido que hacer frente a los recortes del Gobierno del PP para que no se viera afectada la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, sus familias, profesionales y las entidades”.

La consejera informó de que la Junta de Andalucía ha invertido más de 10.000 millones en los diez años que lleva en vigor la Ley de Dependencia, y se han atendido a más de 371.000 personas con 488.300 prestaciones.

En los presupuestos de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5% más que el presente ejercicio, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura. Esta inversión, que en casi un 54% se destina a financiar a ayuntamientos y diputaciones, permitirá atender a 230.000 personas a finales del presente año. Las aportaciones autonómicas han permitido garantizar la estabilidad de los casi 45.500 empleos creados en Andalucía desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio).

La Junta de Andalucía ha reivindicado al Gobierno de España la recuperación de los recortes del 13% del nivel mínimo y el nivel acordado en la financiación de la dependencia para este año 2017, lo que supondría contar con 114 millones de euros más en este ejercicio y poder atender al conjunto de personas que están esperando alguna prestación.

Andalucía quiere que la inclusión de la dependencia en el modelo de financiación no suponga quitar fondos a otros elementos del Estado del Bienestar, sino de aportar a la dependencia la consideración y los recursos que la propia Ley reconoce.

Además de la apuesta por Ley de Dependencia, Sánchez Rubio también ha querido poner en valor otros logros del Gobierno andaluz en el balance de los 30 años de los Servicios Sociales Comunitarios que ha hecho en el Forum Tribuna Andalucía. En este sentido, ha resaltado que “hemos desarrollado una nueva forma de entender la protección y la atención a la infancia, como conjunto de actuaciones individuales, colectivas e institucionales para hacer plenamente efectivos los derechos de la infancia, consolidando y reforzando todos los servicios y recursos de atención a la infancia y las familias. Además, Se han implementado medidas para reducir la tasa de pobreza infantil en Andalucía que en 2016 alcanzaron a más de 145.000 menores”.

En materia de personas mayores, la consejera ha recordado que “durante estos 30 años, nuestras políticas han virado hacia un modelo innovador de envejecimiento activo que ha recibido la máxima puntuación de la Comisión Europea (4 estrellas), situando a Andalucía como región de referencia en Europa. La estrategia de envejecimiento activo pivota sobre los más de 900 Centros de Participación Activa, de los que 168 son de titularidad de la Junta de Andalucía con más de 506.500 personas asociadas o sobre la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, que poseen más de 1,1 millones de personas mayores de 65 años y que en sus 15 años de existencia les ha supuesto un ahorro de más de 328 millones de euros”.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales también ha defendido que “durante estos 30 años se han consolidado las políticas que favorecen la integración, la participación y el desarrollo de las personas con discapacidad, incorporando la atención a la discapacidad de manera transversal e integral en la agenda política. Por ello, el Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía consolidará las políticas autonómicas de discapacidad, cuyo desarrollo se concreta en un presupuesto anual que superará los 1.300 millones de euros”.

Con respecto a la juventud, ha señalado que “hemos propiciado su participación en la toma de decisiones a través del apoyo al tejido asociativo y del propio Consejo de la Juventud de Andalucía, y hemos elaborado, igualmente, tres grandes planes para dar respuestas de manera coordinada a los problemas de la juventud andaluza:, el Plan Andalucía Joven, de 1986; el primer Plan Junta Joven (2005-2008); y el segundo Plan Junta Joven (2011-2014)”.

Por último, ha destacado que Andalucía siempre ha apostado por los Servicios Sociales Comunitarios “como la puerta de entrada, siempre abierta, a la que han accedido cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, en busca de servicios, recursos y prestaciones orientadas a velar por sus derechos, dando forma a lo que hoy conocemos como Protección Social”.