La FED presentará un recurso de reposición al auto que ordena publicar las tablas salariales

¿Qué pasa con las tablas salariales para 2022?

Tras ordenar la Audiencia Nacional la publicación de las tablas salariales de la Dependencia para 2022, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), ha decidido presentar un recurso de reposición al auto, que obliga, en una decisión sin precedentes, a publicar preliminarmente al BOE las tablas salariales actualizadas al 6,5%.

Así lo ha explicado a Dependencia.info el secretario general de la FED, Alberto Echevarría, que añadía que el principal problema es que si el recurso prospera y da la razón a la federación no se podría pedir a esos trabajadores que devolvieran el dinero que se les ha pagado (hay que hacerlo con carácter retroactivo desde el 1 de enero) porque "los tribunales de lo Social ya lo han condenado y han dicho que no, que no cabe esa devolución". "Por eso es por lo que nosotros alegábamos que se producía un daño irreversible", insistía.

En un comunicado, la Federación Empresarial de la Dependencia declara que:

• El auto no se centra en la verdadera cuestión a dirimir: si ante el recurso de casación que FED elevó al Tribunal Supremo por la sentencia que obligaba a actualizar las tablas salariales al 6,5%, recurso que recordamos sigue su proceso judicial, la publicación preliminar de las tablas salariales, ante una hipotética sentencia favorable, causaría un daño irreparable al sector. Por ello, sumado a la responsabilidad que sentimos hacia nuestros mayores y dependientes, no podemos asumir que se adopten medidas que pongan en peligro la viabilidad de nuestro sector y vamos a elevar un recurso de reposición.
• El sector de la ayuda a la dependencia se sostiene en una colaboración público/privada que desde hace mucho tiempo está desequilibrada a la hora de asumir el impacto de la actual realidad económica. Consideramos injusto que, en el actual contexto inflacionario, con constantes subidas en el precios energéticos y alimentarios, se nos obligue a realizar una subida salarial del 6,5% cuando la actualización de los precios de concierto en los servicios que nos han ofrecido las CC.AA. no llega al 2%. Esta circunstancia se verá agravada en los próximos años con las actuales perspectivas económicas que harán que este desequilibrio vaya aumentando progresivamente y se haga insostenible.
• Además, entendemos que este diferencial entre alza de salarios y precios de concierto es que provocará irremediablemente una subida en los costes de los servicios que muchos usuarios no van a poder asumir, obligando a muchos dependientes a tener que volver a sus domicilios. El nuevo modelo de ayuda a la dependencia recientemente aprobado por el Gobierno, recoge que estos grandes dependientes pueden recibir un máximo de tres horas al día de ayuda profesional en su domicilio. La pregunta es si como sociedad nos podemos permitir que el peso de los cuidados, en muchos casos muy específicos, que las personas dependientes necesitan, recaigan 21 horas al día en familiares que muchas veces no disponen ni de la formación ni de los recursos suficientes para garantizar su bienestar. Consideramos además que los principales perjudicados de las últimas decisiones tomadas por el ejecutivo serán los propios dependientes y sus familias (más de 180.000 residentes privados) que se encontrarán sin la oferta necesaria para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales.
• Tenemos una especial preocupación por las empresas que se encargan de la ayuda domiciliaria a los dependientes. Este sector trabaja con unos márgenes muy ajustados y con precios de conciertos con los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas bajos y no indexados al IPC, por lo que, si se les obliga a realizar esta subida salarial, muchas empresas van a tener que trabajar a pérdidas, lo que repercutirá en un empeoramiento de sus servicios o directamente las obligará a cerrar. La empresa privada ofrece un servicio de calidad dónde la iniciativa pública no es capaz de llegar y en un sector tan sensible como es el del cuidado de nuestros mayores y dependientes, adoptar medidas que pongan en juego su sostenibilidad consideramos que es un error absoluto.
• Nuestro sector, que es crítico para nuestra sociedad, y más aún con las perspectivas de envejecimiento de la población actuales, debería de ser objeto de medidas legislativas que favorecieran la inversión privada y se está apostando por lo contrario. España aún requiere de 75.000 camas más para llegar al 5% recomendado por la OMS, por lo que tenemos un severo riesgo de quedarnos con un parque de residencias obsoleto y haciendo inviables los servicios a domicilio. Queremos recordar que el Gobierno ha aprobado recientemente un nuevo modelo de dependencia, sin el apoyo de patronales ni sindicatos y con la oposición de nueve comunidades autónomas que representan el 71,4% de la población del país, que obliga a las empresas a cumplir unos requisitos muy severos de transformación que ya han frenado en más de un 35% la inversión en un sector tan capital como el nuestro.

Desde la FED creemos firmemente en que la colaboración constructiva entre todos los agentes involucrados en el sector es el único camino para lograr lo que al fin y al cabo es nuestro objetivo común: el bienestar de nuestros mayores y de las personas dependientes. El mejor reflejo del modelo por el que apostamos es la Comunidad de Cantabria dónde de forma unánime, tanto el Gobierno de Cantabria, las distintas patronales y los sindicatos de la dependencia y discapacidad han acordado solicitar a los grupos parlamentarios una modificación legislativa que garantice por ley que cualquier subida salarial a los trabajadores del sector lleve aparejada un incremento en el precio que paga la Administración central a los centros por las plazas concertadas. Animamos a que todos los actores involucrados en el sector rememos en la misma dirección para seguir la estela del caso de éxito de Cantabria.