El sector de la atención a las personas mayores inicia un nuevo curso tras las vacaciones de verano inmerso en la más absoluta incertidumbre. Se vislumbra un otoño complicado que puede alargarse, incluso, a todo el 2023. En primer lugar, por las dudas ampliamente expuestas por parte de las patronales sobre la aplicación real que tendrá el nuevo modelo residencial aprobado recientemente por el Gobierno sin consenso ni financiación garantizada.
El director de Inforesidencias.com, Josep de Martí, explica en su artículo ‘El nuevo curso para las residencias: complejidad, incertidumbre y caos’ que el documento de la ministra Ione Belarra “se basa en un espejismo de voto mayoritario en el Consejo Territorial y con tantas dudas sobre su aplicación, que quizás hagan falta meses o años para saber exactamente hasta qué punto es de aplicación obligatoria”.
Pero es que, además, se da la circunstancia de que los gobiernos regionales encargados de hacer la transposición para aplicar estos nuevos criterios de acreditación de residencias aprobado “por los pelos” por el ministerio de Derechos Sociales se enfrentan en menos de un año a unas elecciones autonómicas que pueden decidir, no solo el signo del partido que deberá gobernar, sino la viabilidad de este proyecto en esa comunidad. Y a finales, las generales.
El director de Inforesidencias recuerda que como el documento da un plazo de nueve meses para que se adecuen las normativas a esos nuevos requisitos y las elecciones locales y de muchas comunidades autónomas son en mayo, se plantean muchas “dudas sobre si las comunidades, sobre todo las que votaron en contra del documento, vayan a hacer algo… El documento, con una dudosa aplicabilidad jurídica que puede requerir de la intervención judicial, puede quedarse en nada”.
Pese a que casi hemos olvidado la pandemia y que no se habla mucho, de momento, de la cuarta vacuna, la incertidumbre para las empresas del sector también es económica con una inflación disparada y una economía en proceso de desaceleración, consecuencias ambas derivadas de la guerra en Ucrania y los cortes de suministro del gas ruso que repercuten en parte de Europa.
El precio de la energía
Habrá que estar atentos a cómo afecta el precio de la energía a los gastos de los centros de atención a las personas mayores y durante cuánto tiempo. La incertidumbre por el desarrollo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las diferencias políticas de Vladimir Putin con el resto de Europa, con el gas ruso como herramienta de chantaje, puede afectar de forma muy importante a los costes de la energía en el sector geroasistencial y en todos los sectores.
La principal consecuencia es que el precio de la electricidad marcaba este miércoles cifras récord. Así, en el mercado mayorista ha alcanzado en agosto su nivel más alto desde que hay registros, con 308,31 euros megavatio hora (MWh) de media. Se trata de un aumento que afecta a las familias normales, pero, lógicamente, también a las empresas y la industria.
De esta forma, las miradas se centran ahora en la reunión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, con los grupos parlamentarios y más tarde con patronales y sindicatos para diseñar el plan de contingencia de seguridad energética, aunque la inestabilidad energética por la guerra seguirá provocando que se alcancen niveles en los precios de la factura de la luz históricamente elevados.
La inflación sigue en los dos dígitos
Por otra parte, como es sabido, la subida del precio de la luz, los carburantes y el gas tiene mucho que ver con el incremento de precios de todo lo que se fabrica, se produce, se almacena y se transporta y distribuye. El IPC se disparó hasta el 10,8% en julio, la más elevada desde septiembre de 1984, debido principalmente a la subida del precio de la electricidad en casi un 50% respecto a julio de 2021.
La inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, se situaba en una tasa del 6,1%, la más alta desde enero de 1993.
Josep de Martí nos recuerda también que “los precios (privados y de concertación) de las residencias de personas mayores han subido muy por debajo” de ese más del 10%. Esto hace, insiste, que “los márgenes de las empresas prestadoras se están viendo comprometidos de forma importante”.
Con estas, aunque la tasa de inflación se ha moderado ligeramente en agosto al bajar cuatro décimas, hasta el 10,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sigue al alza y es la tasa más alta en casi cuarenta años.
El salario mínimo
Igualmente, la subida del salario mínimo de los trabajadores también afectará a las cuentas de las empresas del sector del cuidado a las personas mayores, como de todos los demás. La propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es revalorizar el SMI por encima del 60% del salario medio por, lo ha dicho ella misma, la situación económica de "máxima incertidumbre".
La ministra piensa en la incertidumbre de los trabajadores y no en la de las empresas que pagan los salarios a estos trabajadores. Díaz ha pedido a la CEOE "compromiso con su país" al tiempo que propone y anima ya a manifestarse en la calle contra la patronal.
Josep de Martí, nuevamente, opina: “Una nueva subida del salario mínimo interprofesional, si las empresas no pueden trasladar ese aumento de costes a precio, puede generar que la expectativa de los prestadores de servicios se haga aún más modesta”.
Con todo esto, la confianza de los consumidores en la economía española se hunde por la peor valoración de la situación actual y, en especial, de las perspectivas a seis meses para la economía en general. Los responsables de echar cuentas en las residencias, centros de día y servicios de atención a domicilio tienen todas estas incertidumbres y veremos hasta dónde llega su confianza.
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