Llega septiembre y, aunque el tópico nos dice que volvemos de vacaciones, en el sector de las residencias de mayores pocos han podido desconectar de verdad durante este tórrido verano en el que están pasando cosas que nunca habían sucedido.
Las residencias han afrontado el mes de julio más caluroso de la historia registrada combinado con los precios de la electricidad también más altos desde que se recuerda. Factores que se han sumado a la ya tradicional dificultad, casi imposibilidad, de encontrar enfermeras para las sustituciones de vacaciones.
Putin y su agresión sobre Ucrania tienen mucho que ver con la subida de precios, aunque ésta era algo que ya veíamos antes de febrero. Lo que ha hecho la invasión es acelerar la tendencia y poner más de incertidumbre en ese cocktail de factores que forma la realidad.
El IPC marca un 10% que creíamos que nunca se volvería a alcanzar, mientras los precios (privados y de concertación) de las residencias de personas mayores han subido muy por debajo de ese porcentaje. Así, los márgenes de las empresas prestadoras se están viendo comprometidos de forma importante.
Todo ello en otras circunstancias podría parecer un bache. Los avisos de distintos gobiernos europeos de que se acerca un “invierno muy duro”, hacen temer que más que eso, nos acerquemos a un socavón.
Quizás en estos momentos deberíamos estar comprobando y fortaleciendo nuestros sistemas de seguridad a la vez que reforzando los mecanismos de protección que tenemos en funcionamiento. El problema es que eso de “En tiempos de desolación nunca hacer mudanza” no va en absoluto con nuestro querido gobierno.
La ministra Ione Belarra ha decidido sacar adelante su documento de requisitos de acreditación, precisamente ahora. Un documento que se basa en un espejismo de voto mayoritario en el Consejo Territorial y con tantas dudas sobre su aplicación, que quizás hagan falta meses o años para saber exactamente hasta qué punto es de aplicación obligatoria.
Paréntesis:
Ayer recibí un correo de un cliente/amigo que me dice lo siguiente:
Te escribo porque, una vez publicado en el BOE, nos surgen algunas dudas respecto a lo que comentamos en nuestra llamada y lo que nos transmiten nuestros abogados. Por si nos puedes ayudar a clarificar y sobre todo, el por qué de ello, te paso las dudas:
- Plazo para la implementación del acuerdo.
- ¿Qué pasa si las regiones que votaron en contra se niegan a implementarlo, sería posible esto? ¿O en todo momento es obligatorio para todas las CCAA?
- ¿Es aplicable el 100% del acuerdo a todas las CCAA o solo pueden implementar parte?
- ¿Hay alguna noticia de que, si es obligatorio esta implementación, alguna CCAA pueda tratar de impugnarlo?
Un documento que, curiosamente, se publica en el BOE el 11 de agosto y da un plazo de nueve meses a las comunidades autónomas (todavía no sabemos si a todas) para que adecuen su normativa a esos requisitos. Como las elecciones locales y de muchas comunidades autónomas serán en mayo de 2023, pocos días después de que acabe el plazo de los nueve meses, se me plantean muchas dudas sobre si las comunidades, sobre todo las que votaron en contra del documento, vayan a hacer algo. Lo cierto es que tengo dudas, incluso sobre si las que votaron a favor cambiarán normativas recientemente aprobadas para ajustarse a lo que ahora dicen los criterios.
El documento, con una dudosa aplicabilidad jurídica que puede requerir de la intervención judicial, puede quedarse en nada si, como consecuencia de las próximas elecciones autonómicas, algún gobierno cambia de color y decide apartarse de la exigua mayoría. Así que no creo que sea algo que vaya a ayudar. Sólo que la señora Belarra hubiese tenido algo más de paciencia y hubiese conseguido un texto que fuese aceptable por una verdadera mayoría, las cosas serían diferentes. Pero no ha sido así.
Hay más factores que se añaden a este otoño/invierno de incertidumbre. Una nueva subida del salario mínimo interprofesional, si las empresas no pueden trasladar ese aumento de costes a precio, puede generar que la expectativa de los prestadores de servicios se haga aún más modesta.
Así que, estamos en una situación en la que hace falta que alguien se eleve un poco e intente vislumbrar lo que hay algo más allá del lío en que nos encontramos.
Como no soy excesivamente modesto, voy a intentar elevarme yo y decir lo que veo.
En diez años, el porcentaje de personas de más de 65 años se habrá elevado del 20% actual a un 25% o 26%. Habrá más personas mayores que vivirán más tiempo, aunque dentro de ese tiempo de vida adicional, una buena parte será de dependencia y fragilidad. O sea, que, aunque surjan nuevas formas de vivir la vejez de forma autónoma, vamos a seguir necesitando servicios especializados de sustitución del hogar para un porcentaje de esos mayores.
Veo que quien tenga 80 años dentro de 15 será más intolerante a la frustración y querrá servicios personalizados. Unos servicios que requerirán ratios de personal superiores a las que tenemos, unos equipamientos más amplios y sofisticados, y una forma de trabajar en la que se tengan en cuenta sus preferencias.
Lo que no consigo ver, aunque me eleve mucho, es cómo se van a pagar esos servicios excelentes, con ratios del 0,8 en unidades de convivencia de 12 personas para un creciente número de personas mayores dependientes.
Por eso creo que, hoy, en la situación peculiar en la que nos encontramos, el elemento de sostenibilidad y eficiencia debería ser una parte importante del debate sobre el futuro de la atención a la dependencia.
Este verano he estado leyendo un documento titulado “El modelo europeo de cuidados de larga duración (CLD): sistemas mixtos de responsabilidad familiar, asistencialización y socialización del riesgo de dependencia. Hacia un modelo integral de cuidados centrado en la persona” de Gregorio Rodríguez Cabrero. El documento plantea dos líneas de debate: por una parte, la necesidad de definir una estructura social de cuidados o sociedad de los cuidados basada en el reparto justo de los cuidados informales; por otra parte, desarrollar modelos de atención integral, centrados en la persona y cuyo espacio de cuidados sea el domicilio hasta donde sea posible, es decir, el derecho a vivir y ser cuidado en casa.
Me ha gustado la idea de mantener al máximo a las personas dependientes en sus domicilios, que es donde quiere vivir la inmensa mayoría. Aun así, la experiencia nos enseña que para un pequeño porcentaje (4-5%) la mejor opción acaba siendo una residencia. Incluso si ese porcentaje baja algo, el aumento de población mayor nos obligará a tener y mantener más residencias de las que tenemos ahora.
Sé que la situación es compleja y los problemas del día a día acuciantes. Aun así, hay que reservar algo de tiempo al debate y a las ideas. Si no, lo mejor a que podremos aspirar es a documentos creados con malabarismo político que acaban en nada.
Si (
No(