Josep de Martí, director de Inforesidencias.com (Foto: Dependencia.info)
La maniobra política de la ministra Belarra para poder decir que ha sacado adelante el “nuevo modelo de residencias” se va deshaciendo como un azucarillo en una taza de café caliente.
El esfuerzo de sus colaboradores por alcanzar el consenso con las comunidades autónomas, o no fue lo suficientemente intenso o, sencillamente, fracasó. Y en vez de aceptarlo y seguir intentando alcanzarlo mediante la negociación y la escucha a quienes son al final los receptores de esos criterios (las residencias, los trabajadores y los usuarios) se convirtió en malabarismo al conseguir una mayoría de comunidades y ciudades autónomas que permitiese ofrecer la imagen de que se había conseguido algo.
Para entender todo este embrollo hay que saber que cuando en 2005 y 2006 se redactó la Ley de Dependencia casi nadie estaba seguro de si el Estado tenía competencias como para poder sacarla adelante (la “dependencia” no aparece en la Constitución y los “servicios sociales” eran competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que el Estado se quedaba sin un título competencial al que acogerse). El gobierno de entonces hizo un juego de manos, se acogió a un título competencial bastante difuso y, a cambio de ofrecer millones de euros a las comunidades, consiguió que el parlamento aprobase la Ley por casi unanimidad.
La manera de no invadir competencias autonómicas fue ocurrente: se creó un Consejo Territorial de la Dependencia con representación del Estado, las Comunidades y ciudades autónomas (más la presencia testimonial de entes locales) que sería el encargado de proponer las normas que desarrollarían el sistema. Se esperaba que fuese un órgano bastante técnico, ya que tenía que aprobar el baremo de la dependencia, el sistema de cálculo del copago o los criterios de acreditación y calidad y se consideró que normalmente aprobaría sus acuerdos por consenso.
En la última redacción, la norma de funcionamiento del Consejo se puede encontrar en este enlace https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3389 “Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se publica el Reglamento interno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”
Si alguien quiere leerlo entero, adelante. Para quien prefiera una pista... Artículo 17
Esto dice el artículo 17.1
“1. Las decisiones que adopte el Consejo Territorial y las Comisiones Delegadas revestirán la forma de acuerdos y propuestas, dictámenes o recomendaciones, por consenso de los miembros del Consejo Territorial y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla”.
Puedo imaginarme la reunión del Consejo en la que se votó el último borrador del documento de criterios comunes de acreditación y cómo las comunidades menos pobladas consiguieron imponerse, con la inestimable ayuda del Estado, a las que cuentan con más habitantes.
Que algo que rechazan Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, el País Vasco, Galicia y Murcia resulta llamativo.
Mi primera reacción fue la de considerar que el Estado no tendría herramientas para meter en vereda a tantas y tan fuertes comunidades. Recibí algún mensaje que me decía que la resolución, tomada según procedimiento era obligatoria.
Pero resulta que no es cierto.
El mismo artículo 17 en su punto 3 dice lo siguiente: “Los acuerdos son de obligado cumplimiento y directamente exigibles, salvo para aquellos que hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad”.
El sonido del globo deshinchándose no me dejó oír nada más.
O sea, que… nada de nada. Sólo es obligatorio para quien votó a favor.
Me consta que Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco no están por la labor de cumplir algo a lo que no están obligados.
No me consta, pero creo que cuando comunidades como Aragón o Asturias vean lo que les puede costar el aumento de ratios que se prevé para 2023 quizás también se hagan los remolones.
¿Qué pasará ahora?
He hecho un vídeo extendiéndome algo más en el tema.
En mi opinión, aspectos como tender hacia la ACP, reducir y eliminar el uso de contenciones, tender a las unidades de convivencia a los dormitorios individuales y a aumentar las ratios de personal son todo factores positivos que hay que afrontar. ¿Hacerlo como se ha hecho este acuerdo? Eso no me gusta.
Acabo con un giro argumental que se podría plantear: El artículo 2.2. del reglamento del Consejo establece lo siguiente: “El Consejo Territorial podrá reformar el Reglamento por mayoría de sus miembros”. ¿Alguien se imagina que desde el Ministerio se plantease una reforma del reglamento para quitar el artículo 7.3? Tendría poco recorrido práctico, pero como maniobra política daría juego.
No quiero acabar sin decir que todo esto está despistando al sector geroasistencial de cuatro aspectos que son verdaderamente urgentes y deberían afrontarse ya:
Para afrontar el aumento en la demanda de servicios de atención a la dependencia vamos a necesitar más personal (ratios superiores), con mejores condiciones laborales y formación continuada.
El modelo debe avanzar para ajustarse a las necesidades y preferencias de los futuros usuarios y sus familiares.
La Sanidad y los servicios de atención a la dependencia deben encajar asumiendo la primera los servicios a los que tienen derecho las personas dependientes.
Todo ello requiere unas reglas de juego estables y una financiación suficiente que atraiga a inversores y garantice un sistema sostenible en el tiempo.
Estos son los cuatro temas de que se hablaba antes de empezar la pandemia. Ahora se ha sumado la necesidad de recuperar la confianza, injustamente disminuida.
Espero que la ministra decida buscar el consenso y hacerlo en base a esos cuatro puntos a los que hacía referencia. El documento que han sacado está bien orientado pero, a mi entender, falla en los detalles.
Si (
No(