He pasado una semana interesante con relación al acuerdo de criterios comunes de acreditación de la dependencia que, para abreviar, llamaré “Criterios Belarra” en reconocimiento a la ministra que los ha conseguido sacar adelante, como mínimo en su forma escrita.
Después de haber defendido que verdaderamente tienen muy poca trayectoria debido a que no son obligatorios para las comunidades que no los han votado, he recibido varias indicaciones de juristas que me han dicho que mi punto de vista es demasiado simplista y que existen sentencias que avalan la obligatoriedad de los acuerdos de las conferencias sectoriales. Ya he leído las sentencias y sigo creyendo que, como mínimo hay campo para el debate jurídico, algo que sabemos que es proceloso y sobre todo largo.
Si tenemos que esperar a que pasen los nueve meses que el texto da a las comunidades para aprobar sus normativas inspiradas en los “Criterios Belarra”, sin que algunas lo hagan; más un tiempo adicional para que sean requeridas a hacerlo más el tiempo que tarden en ponerse en marcha acciones legales, pueden pasar perfectamente dos años, tiempo en el que habremos tenido elecciones autonómicas, locales y generales. Como estoy seguro de que cualquier cambio de gobierno traerá consigo la modificación a fondo del documento, el tiempo corre en su contra.
Aunque sigo creyendo que la obligatoriedad del acuerdo es muy discutible, voy a dejar ese tema de lado por un momento y me voy a imaginar una posible solución al problema que de verdad plantea el documento.
Creo que la ministra Belarra quería un momento de gloria en el que apareciera como la madrina del “nuevo modelo de residencia” y lo ha conseguido. Casi todos los medios han comprado el relato y han comunicado de forma relevante que las comunidades han acordado cómo serán las nuevas residencias: más centradas en la persona, menos masificadas; respetuosas, más parecidas a vivir en casa y sin sujeciones. Las quejas de empresarios, sindicatos y algunos profesionales han aparecido de forma menos destacada. Tampoco se han dedicado los medios a explicar en detalle el proceso para alcanzar el nuevo modelo, cómo va a encarecer el precio del servicio y cómo no va a poder pagarse ese incremento. Pero da igual. Los titulares, aunque escritos en el viento, ahí quedan, tan evidentes como la sonrisa de la ministra en Twitter.
Ahora hay que intentar implementar un acuerdo que tiene en contra a comunidades que representan a más del 70% de la población de España.
Yo creo que pasadas las noticias y el efecto en las redes, podría ser un buen momento para que desde el Ministerio se tomase el documento y se le diese unas vueltas poniendo énfasis en que debe ser “de mínimos” y consensuado. La idea sería que sobre la base existente se hiciesen algunos cambios que lo pudiese hacer aprobable, para empezar, por parte de Castilla-La Mancha, una comunidad gobernada por el PSOE pero que ha votado en contra. Creo que los cambios que voy a proponer podrían hacer cambiar de parecer a alguna otra y, además conseguir el apoyo de buena parte de los prestadores de servicios e inversores que vamos a necesitar.
Concentro los cambios en tres bloques:
- Arquitectura
Manteniendo la idea de potenciar unas residencias que parezcan más comunidades que instituciones creo que debería mantenerse el fomento de las unidades de convivencia. Como la función del documento es establecer mínimos, no máximos, creo que se debería establecer que las comunidades definirán la capacidad máxima de las unidades de convivencia, que en ningún caso será superior a 25.
Sobre la capacidad máxima de las residencias, creo que podría establecerse una división. “Residencias con modelo housing” (serían aquellas en las que más de un porcentaje de residentes, por ejemplo un 75%, viven en unidades de convivencia) y “Residencias institucionales” que sigan una distribución arquitectónica tradicional. El criterio de acreditación de capacidad máxima de 120 plazas se usaría sólo para “Residencias institucionales” con licencia solicitada con posterioridad a la entrada en vigor de las normas de acreditación. Las residencias con “Modelo housing” no deberían tener una limitación de capacidad. En ellas podrían convivir unidades de convivencia en el número que el promotor (público o privado) considerase adecuado. No debería haber problema con que haya residencias de 200 plazas si éstas están divididas en unidades de convivencia.
Sobre si se puede acreditar o no una residencia fuera del núcleo urbano o directamente en zona rural creo que es algo que el documento debería dejar a criterio de cada comunidad autónoma. Al tratarse de un documento de criterios mínimos, podría dejar una mención a la preferencia (si eso lo consideran tan importante), pero que dejase de ser algo tan limitativo.
Sobre dormitorios individuales, creo que, aunque se trata sin duda de un factor de calidad fundamental. El criterio debería rebajar el “mínimo” y dar más margen a las comunidades.
Lo volveré a decir después, pero creo que estos cambios deberían incorporarse junto con un compromiso por parte de las administraciones según el cual los criterios que se estableciesen no serían cambiados, como mínimo en 15 años, de forma que se garantizase suficiente seguridad a quienes vayan a hacer las inversiones necesarias. Para poder establecer este plazo haría falta un consenso importante entre todas las comunidades.
- Personal y ratios
Está bien que se siga el camino hacia la profesionalización, aunque, sinceramente, las excepciones que se hacen para las zonas despobladas o las islas deberían ser generalizadas a toda España, de forma que fuese cada comunidad autónoma la que en su normativa decidiese si todo o parte de su territorio debería poder acogerse a esas excepciones.
La división de la atención directa en dos niveles y el aumento de ratios no me parece mal si van acompañados de la suficiente financiación. Lo que si me parece es demasiado meticulosa y detallada la cuantificación de las ratios. Creo que se debería dejar más margen a las comunidades autónomas.
También creo que establecer un vínculo entre los sucesivos aumentos de ratio de personal con el de los precios públicos de concertación de las plazas daría mucha más solvencia y credibilidad a la propuesta. De esta forma se podría establecer que el escaldado creciente de ratios debería estar precedido en año anterior por una incremento del precio de concertación.
- Filosofía
En el camino hacia la Atención Centrada en la Persona creo que este documento puede tener un papel importante, si se llega a enmendar y a hacer aplicable. Dentro de éste, la eliminación de las contenciones tiene un papel fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con que se establezca un plazo para su eliminación, aunque también creo que se debería dejar un margen de actuación a las comunidades en lo que respecta a la amplitud del calendario. Me da miedo que, como paso con tantas cosas del acuerdo de criterios de 2008 éste se quede también en papel mojado.
- Transitoriedad
Es la gran preocupación de muchos prestadores.
De nuevo, creo que, siendo tan diversa la realidad de las comunidades, se debería dejar un margen más amplio de actuación también en los plazos de adecuación y en el establecimiento de excepciones por causa de viabilidad económica.
Como no existe forma en que se pueda prescindir de las residencias existentes. En vez de demonizarlas y generar inseguridad podría buscarse una forma que incentivase su reconversión más que condenarlas a la desaparición.
Podríamos encontrarnos con que se estableciesen varios precios de concertación según el nivel de cumplimiento de los requisitos. Los ciudadanos beneficiarios elegirían a qué residencia querrían ir de forma que las “mejores desde el punto de vista arquitectónico” acabasen teniendo un precio de concertación superior y, por tanto, también exigiesen un copago superior.
Los dependientes podían elegir. No sé qué tipo de residencias acabaría teniendo la lista de espera más larga.
En fin, esto es sólo un conjunto de ideas algo desordenadas que vienen de alguien que no tiene responsabilidades políticas.
Si se vuelven a sentar los técnicos, seguro que pueden salir más y se pueden mejorar los “Criterios Belarra”.
Tal como están, haya o no fundamento jurídico, no creo que se apliquen nunca.
¿No estamos a tiempo de arreglarlos un poco?
Si (
No(