Desde que empezó la pandemia hemos visto cómo los diferentes poderes públicos parecen luchar varias batallas, una contra la expansión y los efectos del virus, otra contra oponentes políticos y, aún una tercera, por la subsistencia en el poder.
Me alegré cuando todas las comunidades consensuaron con el gobierno de España unas medidas para evitar o aplacar los efectos del rebrote, pero me he preocupado otra vez al leer el llamamiento que hace CEAPs para que la seguridad de quien vive y trabaja en residencias se considere una “Cuestión de Estado”. Según explican desde esta asociación patronal, existen claras diferencias en el trato que están recibiendo los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, dependiendo de donde residan. Así, en comunidades como Cataluña, Extremadura o Navarra se están llevando a cabo PCRs generalizados a residentes y empleados, mientras en lugares como Asturias o Madrid los trabajadores no tienen derecho a esos tests. Mientras tanto en comunidades como Andalucía estarían a punto de aprobarlo; en Castilla La Mancha y Aragón aún están en estudio. Más caótico resultan a este respecto, según denuncia CEAPs, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde dependiendo de la zona de Salud en que se encuentre la residencia se aplican unos criterios u otros.
Recomiendo leer lo que ha dicho Cinta Pascual, presidenta de CEAPs, al respecto.
A priori, lo más lógico sería que hubiese unas instrucciones únicas y un procedimiento general que se fuese adaptando a la realidad de cada zona (comunidad, provincia, región sanitaria, área de salud). En 2020 aún sería más lógico que todo lo que estuviese pasando en toda España generase unos datos que fuesen de igual naturaleza y que pudieran ser tratados por un único sistema. Hoy existen sistemas que usando inteligencia artificial pueden encontrar patrones y relaciones entre datos que pasan inadvertidos al ojo humano y que pueden ayudar mucho a la toma de decisiones. Resulta fundamental para que funcionen disponer del “Big data”, o sea muchos, muchos datos que sean tratables de una forma homogénea. En España seguimos sin disponer de esos datos.
El fracaso del gobierno de España a la hora de recoger los datos de las residencias alcanza carácter épico si tenemos en cuenta que todavía no ha compartido, y posiblemente no dispone de datos oficiales sobre cuánta gente ha muerto en residencias. Durante meses tuvo el “mando único” y desde marzo todas las residencias de España están informando diariamente sobre su situación Hay comunidades como Castilla y León (que creo es la que lo está haciendo mejor) que comparten día a día y con datos agrupados a nivel provincial, cuántas personas viven en residencias, mortalidad, fallecidos con Covid confirmado, fallecidos con síntomas compatibles, residentes con Covid confirmado, residentes aislados con síntomas y aislados de forma preventiva. Esta comunidad, además, ofrece los datos en diferentes formatos que permiten su tratamiento.
¿Por qué no disponemos de esos mismos datos referidos a toda España? ¿Por qué para estimar cuántos fallecimientos se han producido en residencias tenemos que ir a la página web de TVE que ofrece información “pública” pero no “oficial”?
Quizás cada vez soy más cínico, pero creo que los gobiernos de las comunidades son demasiado celosos de sus competencias y temerosos de permitir que el Estado les pueda arrebatar alguna si empiezan a aplicar normas y criterios comunes, piensan quizás que lo que ahora se haga en situación excepcional podría convertirse en la norma del futuro. Una pérdida de espacio competencial se les antoja como algo casi tan malo como la enfermedad. Que una cierta unidad de criterios pudiera ser buena para la ciudadanía pasa a un segundo plano en el juego político. El gobierno del Estado, dividido y con una clara debilidad parlamentaria, necesita hacer equilibrios y malabares para dar la sensación de que lidera. Los dos partidos coaligados tienen sus propias agendas en las que algo que les une, más que la lucha contra la pandemia, es conseguir gobernar algún día en la Comunidad de Madrid. Y en mi tierra, Cataluña, la lucha política adquiere perfiles particulares. La pregunta “¿Qué es lo prioritario en estos momentos?” adquiere una dimensión metafísica, muchos se olvidan por completo de la pandemia cuando se la plantean.
Y aquí estamos. Con una escalada en el número de contagiados, pero con muy pocos muertos comparando con abril. Las residencias están haciendo lo que pueden para evitar que el virus vuelva a entrar y, por suerte la sanidad dispone ahora de recursos terapéuticos y organizativos que antes no tenía.
Me uno al clamor iniciado pidiendo que la lucha contra la pandemia, especialmente en lo que a residencias de mayores se refiere, sea considerada una “cuestión de Estado”.
Conociéndolos como los conocemos, pedir que los diferentes gobiernos antepongan el interés general al de cada partido, aunque sólo sea durante unos meses, es ilusorio incluso delirante, y aún así, debemos pedirlo y ellos deberían hacer el esfuerzo.
Parece que, como en aquellas películas de indios y vaqueros que veía en mi infancia, y que hoy serían consideradas intolerablemente racistas, estamos rodeados de indios dispuestos a arrancarnos la cabellera. Hemos formado un círculo con los carromatos y, después de una primera envestida, estamos esperando el segundo ataque. En vez de organizarnos entre todos, se han formado grupos que pugnan por imponer su estrategia mientras en el fondo rezamos por que llegue el Séptimo de Caballería a salvarnos.
Para un nativo americano, el coronavirus seríamos los invasores ocupantes de los carromatos y el séptimo de caballería el rebrote fatal. Para mi visión holliwoodiense, los soldados azules sería esa vacuna que nos anuncian desde diferentes países y que se promete como la solución final a la pandemia. ¿Aguantaremos hasta que llegue?
No hay “espoiler”, tenemos que aguantar hasta el final con el reparto mediocre de la película.
Si (
No(