Superados ya los habituales problemas de representatividad patronal, acaba de iniciarse la negociación de nuestro nuevo convenio sectorial.
Una ocasión más para intentar poner de acuerdo posiciones sindicales y patronales. Una nueva ocasión para hacer un ejercicio de un buen número de “cálculos milimétricos” y “proyecciones económicas” para que, las condiciones del colectivo de nuestros trabajadores/as puedan acercarse a la dignas condiciones que se merecen, sin que se ponga en riesgo la viabilidad de este particular oficio que es el de cuidar personas dependientes.
No obstante, resulta fácil adivinar que, por mucho esfuerzo y empeño que se ponga en ello, los beneficios para nuestro colectivo de trabajadores/as, lamentablemente, no serán para “tirar cohetes”. Y no lo serán porque el contexto económico en el que se desarrolla nuestra actividad no lo permitirá. Habrán de ser horas y horas, días y días de arduas negociaciones, reuniones, discusiones, reivindicaciones… para concluir en lo que yo me atrevería a llamar el “chocolate del loro”.
En este sentido me pregunto yo si alguien no ha pensado en que si en lugar de tratar de negociar “migajas” en el último eslabón de la cadena (el convenio), no sería más apropiado intentar trabajar e incidir en el primero de ellos, esto es, negociar previamente con las administraciones públicas el que habría y debería ser el precio apropiado para los servicios que contratan. No deja de resultar paradójico que esas administraciones públicas paguen aproximadamente la “mitad” por el mismo servicio que a ellas les cuesta el “doble”. Y más paradójico aún si tenemos en cuenta que ellas no deben ni amortizar sus inversiones ni retribuir el capital.
Resulta igualmente paradójico que cuando políticos, sindicatos y demás agentes sociales parecen estar totalmente de acuerdo en la eliminación de cualquier brecha salarial entre hombres y mujeres, en el principio de que “a mismas funciones, mismas retribuciones” y en la equiparación salarial entre los distintos funcionarios estatales y autonómicos, (personal sanitario, profesores, policía, Guardia Civil, policías autónomas y funcionarios públicos en general…) nadie parece reparar en la importante brecha salarial que diferencia a ”empleados públicos” de los “empleados privados”.
De forma generalizada se pronuncian discursos, artículos, opiniones e incluso se promulgan nuevas leyes para que así sea y, sin embargo, absolutamente nadie se atreve a reconocer la existencia de esta escandalosa diferenciación retributiva entre trabajadores que realizan idéntica función. Dicha diferenciación, ni se justifica ni es de recibo en modo alguno y aun así parece darse por hecho que dos profesionales que realizan “exactamente el mismo trabajo y función”, el de cuidar y atender a un dependiente, tengan que tener una diferencia salarial que difícilmente se explica (¿?). Parece darse por hecho que la mayor competencia a la hora de seleccionar, contratar y mantener plantillas estables sean precisamente las administraciones públicas con sus importantes diferencias salariales para que después subcontraten servicios por la mitad de su coste, lo que sin duda alguna no “contradice” sino “legitima” dicha brecha salarial.
Eso es “abrir un melón” que, de momento no parece estar en el objetivo de nadie.
Tengo la convicción absoluta de que para los sindicatos, los trabajadores/as del sector “privado” no son ningún tipo de “sub-especie” y que defienden sus derechos e intereses con igual celo y empeño que los derechos e intereses de sus homólogos “públicos”. No obstante, los hechos y, en concreto, su retribución resultan tan distintas que pareciera que los primeros revistiesen la calificación de “trabajadores/as de segunda”.
Lamentablemente no puedo reconocer, ni en patronal ni en los sindicatos, ningún tipo de posición consensuada, fuerte y enérgica para que, en “estrecha comunión”, incluyan en sus “hojas de ruta” el inicio de una negociación previa, “a tres bandas”, con las distintas Administraciones de un precio público que permita posteriormente negociar un convenio con las mayores expectativas posibles. Ya sé que hay opiniones en contra de esta “cruzada” argumentando una línea de actuación totalmente contraria, esto es, elevar previamente el Convenio para que los precios públicos se vean en la necesidad de verse revisados posteriormente. Pero la experiencia nos demuestra que ese no es el orden natural. Y no lo es porque mientras eso sucede, el sector privado se ve afectado por un significativo desequilibrio económico que incluso pone en grave riesgo la viabilidad de los proyectos. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor, cabría reseñar que hay muchas administraciones publicas que no son sensibles, en absoluto, a los problemas de las empresas y operadores con los que conciertan y no les faltarían argumentos para sentirse “totalmente ajenos” a las negociaciones de la patronal privada y los sindicatos.
Esa seria, sin duda, una excelente base para que, después de ese ejercicio conjunto entre patronal y sindicatos, ambas partes negociaran la porción de ese incremento que podría dedicarse a la mejora de los salarios y condiciones generales de nuestros trabajadores/as. Solo después de haber conseguido ese objetivo o propósito “prioritario”, nuestros trabajadores/as podrían dispensar a la inminente negociación del Convenio la mayor de las esperanzas para esperar cambios importantes. Cambios que les alejen de los salarios mínimos interprofesionales y cambios que les acerquen a sus homólogos públicos. Cambios, en definitiva, que reconozcan su profesión y dignifiquen la remuneración de su trabajo.
Mientras esto no ocurra, mientras que no se consiga mover significativamente la “aguja” de los precios públicos más allá de lo que viene siendo habitual, difícil se me antoja esperar grandes cambios o avances en pro de nuestros trabajadores/as en este nuevo convenio. Mientras eso no ocurra, dichos cambios serán tan “milimétricos” que bien podría calificarse lo que de ello resulte como de un “convenio más” en lugar de aportar importantes novedades que lo signifiquen como un “buen convenio” para todas las partes.
Aquilino Miralles Carranza
Director General
Grupo Sergesa
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