¿Podríamos haber ahorrado el “follón” de la comunicación al REPS?

El pasado 3 de septiembre transcurría de una forma bastante normal para el sector de las residencias hasta que desde la patronal catalana ACRA, al rededor de las cinco de la tarde, enviaron a sus asociados un correo electrónico en el que les decían:

“Os adjuntamos una nota informativa en relación al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, el cual debe cumplimentarse antes del 23 de septiembre de 2018 para todos aquellos centros residenciales, centros de día, sociosanitarios y cualquier otro centro que se encuentre dentro del Anexo 2 "Centros sanitarios afectados por la obligación de aportación de datos".

Bajo este, en apariencia, inofensivo texto, se escondía el germen de lo que ha llevado de cabeza a muchos directores de residencias en las últimas semanas.

De forma muy resumida, lo que ha pasado es que el gobierno quiere que exista un registro público (el famoso REPS, Registro Estatal de Profesionales Sanitarios) en el que aparezcan todos los profesionales sanitarios que trabajan en España y en el que se pueda consultar dónde trabajan y algunos aspectos de su titulación. Así, podremos saber que la Doctora Pepita Pérez es traumatóloga y trabaja en el hospital X; o Zutanito Detal es enfermero y trabaja en una clínica además de tener consulta privada.

Todavía no he entendido la función real de este registro existiendo colegios profesionales y otros (muchos) registros ya existentes, pero “doctores tiene la Iglesia”, o sea, nuestros queridos gobernantes que sólo piensan en nosotros sabrán el porqué.

El famoso REPS tiene que empezar a funcionar a finales de 2018 para lo que tiene que recibir muchos datos. ¿La forma? Una obligación impuesta en todos los servicios sanitarios de España, bajo pena de multa. Estos tendrán que presentar telemáticamente un listado con una serie de datos antes del 23 de Septiembre.

Para saber quién es y quién no, un servicio sanitario en España sólo hay que acudir al Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS), donde están obligados a inscribirse. Un Decreto regula ese registro y en un anexo determina los tipos de servicios sanitarios que existen.

Me imagino que todos los hospitales, clínicas, consultorios y centros de salud de España, llevan un año preparándolo todo. Ellos están inscritos en el REGCESS y supongo que alguien les dijo hace tiempo que había un plazo que acababa a finales de Septiembre para hacer la comunicación al REPS.

Lo que hizo la comunicación de ACRA fue llamar la atención sobre un punto del Decreto que regula el REGCESS y que obliga a inscribirse a los “Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria: servicios que realizan actividades sanitarias pero que están integrados en organizaciones cuya principal actividad no es sanitaria (prisión, empresa, balneario, residencia de tercera edad,...)”.

Como el Decreto que Regula ese registro es de 2003, parecía que todas las residencias en las que se preste algún tipo de atención sanitaria deberían haberse inscrito ¡hace quince años! en un registro estatal a través de las comunidades autónomas.

La verdad es que sólo en las comunidades en que el gobierno autonómico había desarrollado la norma o instado a los centros residenciales a hacerlo las residencias se habían inscrito. Cuando hice una consulta al registro durante la primera semana de septiembre, encontré en ese tipo de servicios al Corte Inglés y algunas fábricas que habían inscrito sus servicios sanitarios internos, pero muy pocas residencias.

En estos días, las residencias de toda España han recibido mucha información y no siempre coherente. ACRA ha emitido varios documentos para ayudar a sus asociados a hacer la comunicación pero, como para comunicar los profesionales primero tienes que inscribirte en el registro, lo que lleva tiempo, y me parece que una tasa, al final han tenido que aconsejar un sistema no del todo coincidente con el previsto en la norma mediante el que comunicas estando tu autorización “en trámite”.

Lares, que cuenta en Antonio Molina con una de las mentes más preclaras del sector geroasistencial español, ha ido informando a sus asociados de qué hacer y recordando de forma reiterada que desde el Ministerio les han asegurado que no sancionarán.

AESTE y otras asociaciones autonómicas han hecho lo propio pero, aún así, aunque se trata de una de las pocas cosas que todas las residencias de España tendrían que hacer de la misma forma, las cosas han evolucionado de forma diferente en cada comunidad.

Y el día 23 llegó... y el día 23 pasó.

Llegado este momento pienso que si el comunicado no hubiese llegado el día 3 a las 5, las pocas residencias inscritas hubieran comunicado sus profesionales y el resto habría quedado en la misma situación en la que estaban hasta ese día. Quizás ilegal, pero amparadas por la “justificación de la masa”.

Cuando todo el mundo es culpable de algo, el poder se enfrenta al dilema que tocó discernir al Rey en Fuenteovejuna (donde “todos a una” habían matado al comendador); “o los has de perdonar, o matar la villa toda”.

En mi opinión, si nadie hubiese comunicado nada, a nadie hubiesen sancionado. Y si comunican unos cuantos, el Ministerio de Sanidad, como el rey inventado por Lope de Vega, acabará perdonando.

ACRA no hizo mal al distribuir el informe jurídico de que disponía, hubiera sido poco ético por su parte no haberlo hecho y su obligación es informar a sus asociados de lo que sepa que les puede afectar. Aún así, para muchas residencias el mes de septiembre hubiese sido más tranquilo si nadie se hubiese dado cuenta.

Y ahora ¿qué?

Una vez llegado al punto en el que estamos, y pasado el primer momento, muchos nos empezamos a hacer preguntas.

1. Si todas las residencias por el hecho de tener médico, enfermera o fisioterapeuta están prestando un servicio sanitario en establecimiento no sanitario, ¿deberían distinguir en sus facturas ese servicio del puramente asistencial y cobrarlo sin IVA? Eso supondría aplicar el sistema de prorrata pero quizás acabaría siendo más favorable para los residentes.
2. ¿Supone inscribirse en el nuevo registro que las residencias deberán cumplir unos requisitos nuevos, someterse a nuevas inspecciones y quizás cambiar la licencia municipal sobre la que vienen actuando?
3. ¿Existen más normativas hibernando en algún rincón oscuro del BOE esperando a que alguien decida despertarlas estableciendo nuevas obligaciones?

Estas preguntas pueden dar para otras tribunas. Espero que alguien me diga lo que piensa. Yo, la verdad, me he visto bastante sobrecogido durante estas últimas semanas.