“Se duda de las entidades privadas de atender a personas vulnerables cuando gestionan más del 75% del sector"

La publicación del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para el ejercicio 2019, más conocida como Ley de Acompañamiento al presupuesto, ha vuelto a generar malestar en el sector de las entidades privadas que trabajan atendiendo a personas en situación de dependencia. La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas vuelve, tras hacerlo el año pasado, a insistir en la cuestión de la reversión de centros de titularidad pública que se encuentran gestionados por entidades privadas.

El año pasado se nos dijo que no se tenía intención de revertir ningún centro pero al final se produjo la reversión de un centro de atención a la discapacidad en Albocasser, a pesar de que se ha reconocido que el trabajo que se estaba desarrollando por la empresa estaba siendo positivo y que el equipo humano que trabaja allí tenía un alto nivel de competencia. Nos consta, además, que se han planteado nuevo procesos de reversión por lo que creemos que ésta no ha sido una cuestión aislada sino que forma parte de un proceso amplio de vuelta a la gestión directa por parte de la administración” indicó Toro.

EL anteproyecto de Ley recoge un artículo que dice que no resulta conveniente para el interés público la gestión indirecta de este tipo de servicios por la vulnerabilidad de las personas atendidas. En el mes de Julio la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas celebró una jornada sobre el nuevo acuerdo marco en la atención residencial a personas mayores en las que se ponía en valor el papel de las entidades mercantiles en el cuidado de estas personas por lo que parece no quedar definido claramente el rol que el Consell le da a la iniciativa privada en el sector.

“La visión de que la gestión pública garantiza siempre un mejor resultado que la privada nos parece alejada de la realidad. Hay centros públicos que funcionan muy bien y centros privados que también lo hacen. Creemos que esa es la única distinción que le interesa a los ciudadanos, si el servicio que reciben es de calidad o no, y no quien gestiona el centro. Estamos cansados de que se ponga en duda nuestra función social” afirmaba el presidente de AERTE.

En este sentido, la semana pasada se hacía público un informe de la Inspección General de Servicios de la Conselleria de Transparencia en la que se valoraba negativamente la situación de algunos centros de servicios sociales públicos y se criticaba expresamente la rigidez de la administración autonómica, «que supone un claro obstáculo para garantizar la adaptabilidad de los recursos a las necesidades reales de atención».

La patronal más representativa de la atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana va a pedir al Consell que retire esa propuesta y que valore la idoneidad de la gestión en criterios objetivos de calidad del servicio y no en planteamientos ideológicos que no estén basados en datos concretos.

“Por ello, hemos decidido mostrar nuestro descontento y no acudiremos a una jornada sobre personas mayores coorganizada por la Consellería de Igualdad que tendrá lugar mañana en Valencia” comentó Toro.

Retrasos en los pagos del concierto social, de los bonos residencias y las PEIS

En este contexto AERTE ha mostrado su solidaridad con las entidades privadas que se han acogido al Concierto Social y que solo han cobrado los cuatro primeros meses del año, por lo que acumulan casi seis meses de atrasos en los cobros. Estos retrasos se añaden a los que se están produciendo en los bonos residencias, con cerca de 400 personas afectadas, y en las PEI´s de las que no se ha cobrado nada de todo el año 2018, alcanzándose un atraso superior a otros años anteriores.

“Es verdad que los pagos de prestaciones de dependencia están siguiendo un buen ritmo pero estas otras prestaciones no pueden acumular estos retrasos porque dificultan enormemente la gestión de los centros y servicios por lo que creemos que la Consellería debe dar una solución inmediata. Cada persona cuenta…” aclaró José María Toro.