¿La subida salarial del 3% pactada por sindicatos y CEOE a nivel nacional vale para el Convenio de la Dependencia?

Leíamos no hace mucho que la patronal y los sindicatos habían llegado a un acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el periodo 2018-2020 por el que se recomendaba una subida salarial anual del entorno del 2% más otro 1% en concepto variable. De esta forma, el documento contempla alcanzar un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales para el 2020.

La lógica lleva a pensar inmediatamente en si este acuerdo a nivel nacional es válido de forma sectorial y, de esta forma, si el inminente comienzo de negociación del VIII convenio de la dependencia tiene un punto importante ya avanzado. Así, es normal preguntarse: ¿la subida salarial del 3% pactada por sindicatos y CEOE a nivel nacional forma parte de la negociación del VIII convenio de la Dependencia o se da ya por hecho?

Desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) no van a hacer declaraciones todavía porque entienden que "hasta que no empiecen las reuniones no quieren avanzar nada". Sí lo ha hecho a Dependencia.info el responsable de negociación del Convenio Colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes de CCOO, Luis Álvarez, que apunta que "ojalá", pero recuerda que "ese acuerdo es de referencia".

Apunta que "no se puede pensar que como eso ya está firmado tenemos que aplicarlo". "Es verdad -insiste- que sirve y nos determina cómo hay que llevar la negociación colectiva, pero luego, el acuerdo de las partes en cada ámbito está por encima de ello" y añade: "El Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) es normativo pero no es obligacional, es decir, no es de aplicación directa, sino que se tiene que conseguir a través de la negociación".

"Lo que está claro es que los acuerdos de la AENC los vamos a tratar de aplicar", subraya para aclarar: "Nuestra idea, aunque todavía es un esbozo, es que sería bueno hacer que el convenio fuera solamente para dos años, 2019 y 2020, para hacerlo coincidir con la aplicación del AENC y los requisitos que estén contemplados en la AENC trasladarlos al convenio de la Dependencia".

Luis Álvarez se refiere, entre otras cosas, a los 1.000 euros de salario mínimo, 14.000 anuales: "Pero si esto es así, el problema es que hay que subir proporcionalmente el resto de categorías profesionales, no vaya a ser que se junten los salarios de unos y de otros con funciones diferentes".

Tampoco tienen una "posición fijada" en ASADE, donde su secretario general, Javier Siguenza, también explica que el acuerdo entre patronal y sindicatos a nivel nacional solo "es una recomendación" y como la negociación del nuevo convenio de la Dependencia aún no se ha inciado, "no tiene ningún punto avanzado".

Aquí se puede ver el acta de la firma de IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2018, 2019 y 2020:

El Gobierno "tiene que ser corresponsable"

Por su parte, el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, ha explicado también a este medio que "cualquier tipo de subida debe ir acompañada de una subida de las tarifas en las comunidades autónomas". En este sentido, el portavoz de esta patronal entiende que "el Gobierno nacional y los gobiernos regionales tienen que ser corresponsables".

Cubero apunta que, "como no puede ser de otra manera, es lógico y es justo que los trabajadores mejoren sus niveles salariales, pero todo lo que depende del sector público debe ir acompañado de una subida de tarifas importante, si no, toda la prestación que estamos ofreciendo no admite repercusiones y sería imposible".

De esta forma, AESTE tiene previsto hacer esta propuesta "junto con los sindicatos" en una serie de reuniones que tienen previsto organizar "con los responsables de políticas sociales de las comunidades autónomas para que se haga una subida de tarifas que permita hacer una actualización salarial acorde a lo que se necesita".

En esta línea de exigir a las administraciones que cumplan su parte se encuentra también la FED. Su secretario general, Alberto Echevarría, da por hecho que los sindicatos van a poner sobre la mesa este incremento salarial del 3%, "no cabe ninguna duda", lo que no sabe es "si esto es poco o es muchísimo".

Lo aclara: "Ahora mismo, tal y como tenemos los precios de concierto, que no han subido ni van a subir en los próximos cuatro años en muchísimas comunidades autónomas -hay que recordar que hay cerrados acuerdos marcos hasta 2020 o 2022 y con unas previsiones de incremento de precio público de cero-, no sé si es mucho o es poco, lo que es seguro es a negociar y aquí, el mayor cliente, el mayor pagador, que es la Administración, no se puede ir de rositas en esta negociación".

Precisamente por eso el reponsable de la FED explica: "Vamos a revitalizar el Observatorio de la Dependencia para decirles 'cumple la ley, tienes a muchos miles de usuarios sin atender, tienes sin desarrollar la ley porque todavía no os habéis puesto de acuerdo qué administración paga y qué es lo que paga'. Porque cada uno de ellos dice que paga su parte alicuota, pero la verdad es que ninguno de los dos está pagando lo que tiene que pagar. Si todo esto se traslada y se pagan los precios correctos y se aplica correctamente la Ley de la Dependencia pues un 3% a lo mejor se queda corto. Por que la verdad es que es un trabajo que está muy poco remunerado, muy poco agradecido. Pero un 3%, ahora mismo, nosotros no podríamos contemplarlo bajo ningún concepto. Lo que pasa es que esto ahora no depende ni de la patronal ni de los sindicatos".

Por su parte, Lares recuerda igualmente que el acuerdo alcanzado a nivel nacional por la patronal y los sindicatos se trata de una recomendación a través de la cual los distintos agentes sociales han manifestado su voluntad de promover medidas de incremento de los niveles retributivos de los trabajadores. Insiste la patronal del tercer sector que el VII Convenio Colectivo de la Dependencia ha consolidado algunas de las decisiones que ya habían sido adoptados con anterioridad y será en el VIII Convenio donde tendrá que abordarse esta cuestión con mayor precisión.

Precisamente, el hecho de estar en la recta final del control del déficit público junto a un período de recuperación económica a nivel macro, hacían prioritario que en la mesa de constitución del VIII Convenio estuvieran todas las entidades representables del sector. Desde Lares defienden la idea de que solamente desde la unidad podrá conseguirse un aumento de financiación, imprescindible para garantizar las merecidas mejoras de las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector de la dependencia.

De hecho, Lares cuenta con muchas entidades asociadas que, desde la solidaridad, están prestando servicio a aquellas personas sin recursos a las que la Administración no puede atender. Por ello consideramos que, entre otros muchos aspectos, es fundamental activar el Observatorio de la Dependencia establecido en el VII Convenio como elemento que represente la unidad de todo el sector y haga llegar a las administraciones la importancia que tienen sus decisiones en la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia.

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Desde el sindicato UGT, su secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia, Gracia Álvarez, recuerda que ellos no firmaron el VII Convenio, entre otras cosas, porque entienden que "hace bastante daño al sector, no solo en el tema salarial, que no recoge la pérdida de poder adquisitivo", por lo que es más que seguro que la pedirán "para el siguiente".

Álvarez lamenta que el VII Convenio "abre la puerta a la desregularización del sector porque permite que la gerocultora haga desde administración de una medicación por vía parentelar, como la insulina o la heparina, hasta limpiar". "Eso es lo que a UGT no le parece de recibo", apunta la responsable sindical, pero para la próxima propuesta -insiste- intentarán "una recuperación salarial, ya que tiene que haber unos beneficios económicos, si no, no vendrían tantas empresas de fuera como están viniendo a comprar aquí dentro".

"Si los empresarios vienen aquí a comprar es porque esto es rentable, pero esa rentabilidad no repercute en los trabajadores", señala Álvarez, que recalca, "por lo menos no ha repercutido con la firma del VII Convenio". Por tanto, la responsable de UGT concluye: "No habrá un reconocimiento materializado en un mejor salario mientras no haya un reconocimiento del valor del trabajo que se está realizando. Si no prima prestar una atención y unos cuidados a los usuarios, no lo vas reconocer tampoco con un salario mayor".

Todo esto lo trabajarán durante el mes de agosto porque la idea es empezar en septiembre el proceso de negociación del VIII Convenio de la Dependencia.