"Se está creando un nuevo modelo de Servicios Sociales basado en dar 'limosnas'"

La asociación de Directores y Servicios Sociales presentó este miércoles los resultados del Índice de Desarrollo y Servicios Sociales (Índice DEC) que mide la situación y el desarrollo de los Servicios Sociales en España y por Comunidades Autónomas.

De los resultados obtenidos, según Gustavo García Herrero (Coordinador del Índice DEC), “sacaríamos cuatro conclusiones: la mejora global en los dos últimos años de los Servicios Sociales; las extraordinarias diferencias entre territorios; la aparición en el Indice de Canarias y Valencia, que respecto al informe del 2015 han pasado de ser inexistentes a irrelevantes; y por último que a pesar de esa mejora global que se corresponde con un repunte del gasto, aunque no a niveles de 2011, a pesar de esta mejora detectamos que se puede estar produciendo un nuevo modelo basado en el asistencialismo”.

Para García Herrero, los datos ponen de manifiesto que “en lugar de evolucionar hacia un nuevo modelo moderno de Servicios Sociales que apueste por la prestación de Servicios, residenciales, diurnos, de apoyo en el hogar (que serían los fundamentales), de ayuda a domicilio, teleasistencia avanzado; en vez de eso da la sensación de que el incremento de recursos va mas a una especie de `limosnas´. Como hay mucha pobreza, en vez de atenderlos mejorando las rentas por vía del empleo (hay muchos trabajadores pobres), o bien por vía de unas rentas mínimas a nivel estatal, en vez de eso se dan ayudas para cada necesidad. El bono eléctrico para pagar la luz, 300 millones de euros que van a salir de los Servicios Sociales de los ayuntamientos; las ayudas para comer, si necesitas ropa o si te van a desahuciar... Los Servicios Sociales son cada vez más una oficina de `cheking social´ para clasificar a los ciudadanos y en función de eso darles esa ayuda, esta o la otra. De tal forma que estas personas tienen que ir de ventanilla en ventanilla a cada problema a un sitio, a presentar unos documentos, acreditar unas cosas…y los Servicios Sociales son una especie de administración de Hacienda donde los pobres tienen que probar si son pobres o no”, añade Herrero.

Según el Indice el gasto público en servicios sociales en 2016, ascendió a 17.051 millones de euros, el 13,2% de los cuales correspondería a la Administración General del Estado, el 25,2% las Entidades Locales y el 61,7·% las CC.AA. Una inversión que tocó fondo en el año 2013, con 14.874 millones de euros, su punto más bajo desde el año 2010 año en el que el gasto en Servicios Sociales fue de 18.053 millones de euros.

Grandes diferencias por CCAA

En cuanto a las diferencias territoriales, mientras en algunas Comunidades más del 10% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia (Andalucía, País Vasco, Murcia, Castilla y León o en la Rioja), en otras es inferior al 5% (Canarias y la Comunidad Valenciana).

Además el 41,8% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones o servicios del SAD en Canarias están en lista de espera, frente al 1,4% en Castilla y León. En Extremadura hay 4,5 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 65 años, y en Galicia 1,08.

En cuanto al porcentaje de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras en Murcia es del 2,2% en el País Vasco es del 77,5%. Además en esta Comunidad hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes, frente a las 15,44 de Extremadura.

Según los autores del informe estas grandes diferencias de cobertura se deben por un lado a la extrema disparidad en el gasto en servicios sociales que realizan las Administraciones en cada territorio y en la organización de estos.

Si el País Vasco invirtió 611,8 € por habitante en 2016 en servicios sociales, y Navarra, 600,37 €; la Región de Murcia, 262,39 € y la Comunidad Valenciana 251,16 €.

El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales en materia de servicios sociales en Extremadura en relación a su PIB regional (2,737%) es tres veces superior al que supone en la Comunidad de Madrid (0,944%)

Y el gasto en servicios sociales de las Administraciones vascas (regional y locales) en 2014 supuso un 10,05% del total del gasto de estas Administraciones, casi el doble (5,79%) que en la Comunidad de Valencia.

Sin datos actualizados

El Índice se elabora desde la Definición de derechos, estructuras y planificación (D), la Relevancia económica (E) y la Cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), cada una de ellas a través de indicadores detallados que se elaboran siempre con fuentes de datos de carácter oficial. Todos los datos están actualizados, excepto, según Gustavo García, “los datos de personas mayores que son del 2015 y que es algo que nos preocupa, que el Ministerio no de datos actualizados. Esto puede provocar cambios en esa materia y de rentas mínimas que no estén registrados, en todo lo demás son datos actuales”.

El Indice permite calificar el desarrollo de los servicios sociales en cada una de las Comunidades Autónomas, en una escala que va desde “Excelente” a “Irrelevante”. País Vasco y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales; Canarias y Valencia, siguen ocupando las ultimas posiciones aunque registran mejoras significativas, al igual que muchas CCAA, excepto Madrid, donde los datos reflejan un deterioro de sus servicios sociales. En Cataluña, los datos indican un recorte en Servicios Sociales desde el año 2013, año en el que en el resto de CCAA tocaron fondo los recortes.

Reformar la Constitución

Por último el informe incluye también seis recomendaciones, entre otras Reformar la Constitución Española de 1978 incorporando los Derechos Sociales y, entre ellos, el derecho a los Servicios Sociales como Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española en la Sección Primera del TITULO I, para alcanzar el mismo tratamiento constitucional que las libertades y garantizar su efectiva aplicación; recuperar la inversión en Servicios Sociales; además para reducir las diferencias entre territorios proponen marcar una serie de mínimos proponiendo entre otras cosas, transferir a los servicios de proximidad el mayor numero de competencias, y unificar el acceso a los servicios. Además de cumplir el Pacto de Atención a la Dependencia, o aprobar una Ley de Rentas Mínima.

“Las recomendaciones que hacemos van contracorriente. Esta misma semana se ha rechazado en el Congreso una ILP de los sindicatos para crear una renta minima de poco mas de cuatrocientos euros. Hay que apostar por hacer una nueva política de servicios Sociales que impulse el empleo y sea coherente con el desarrollo social. La industria por si misma o solo con el turismo no pueden garantizar unos niveles de empleo como los que necesitamos. Las políticas sociales podrían trabajar con el concepto de inversión social, en vez del concepto de gasto y asistencialismo y la limosna”, concluye Gustavo García.

Ver aquí informe completo, y aquí informe por CCAA.