La SEEGG (Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica) en su congreso anual, ha vuelto a poner sobre la mesa algo que el sector geroasistencial sabe desde hace años: lo difícil que es atraer y retener enfermeras en residencias de personas mayores. Y ha planteado una solución en apariencia evidente, pero difícil de alcanzar como es dar mejores condiciones laborales y salariales a los profesionales de la enfermería en residencias.
La realidad es que los residentes presentan cada vez necesidades más complejas. Mientras se siguen diseñando y pilotando proyectos de “media estancia” y “convalecencia” los mayores con un perfil claramente sociosanitario está siendo atendidos en residencias “normales” en las que es “normal” que un residente tenga tres enfermedades activas y tome siete medicamentos cada día.
O sea, usuarios con un perfil sanitario atendidos en residencias de perfil social por parte de enfermeras que se esfuerzan por ofrecer una buena atención con condiciones laborales ajustadas a la limitación que establece el coste del servicio.
Las propias enfermeras explican bastante bien lo que sucede. Hablan de salarios inferiores a los del sistema sanitario, de menor reconocimiento profesional, de contratos poco atractivos, de escasa visibilidad de la especialidad geriátrica y de una sensación bastante extendida de trabajar en un “segundo nivel” asistencial. Y cuesta llevarles la contraria. Cuando una enfermera puede cobrar más, trabajar con mayor prestigio social y disponer de más opciones de carrera en un hospital o en atención primaria, resulta lógico que muchas no vean la residencia como primera opción.
Sería absurdo negar esa realidad o responder con romanticismo vocacional. Las condiciones laborales importan. Mucho. La equiparación salarial con sanidad ayudaría. También ayudaría una mayor integración sociosanitaria. Todo eso es verdad.
El problema es que sospecho que la cuestión es más profunda.
Porque incluso países con ratios de enfermeras muy superiores a las españolas y condiciones laborales también mejores tienen problemas parecidos. España se mueve alrededor de las 6 enfermeras por cada mil habitantes, claramente por debajo de la media europea y de la OCDE. Pero países como Noruega, Finlandia, Islandia o Suiza, con ratios muy superiores, también alertan sobre dificultades de contratación y envejecimiento de sus propias plantillas.
Eso cambia bastante la conversación.
Durante años hemos actuado como si el problema fuese básicamente salarial o de prestigio relativo frente al hospital. Pero lo que hay también es otra cosa: una tensión demográfica enorme entre el crecimiento acelerado de personas mayores dependientes y la capacidad real de generar suficientes profesionales para atenderlas.
Dicho de otra manera: hay que mejorar salarios, reconocimiento y condiciones como requisito necesario, pero sabiendo que quizás, aunque lo hagamos, seguiremos sufriendo un déficit estructural. Porque no sólo faltan enfermeras en residencias. Faltan en hospitales, en primaria, en salud mental, en atención domiciliaria y prácticamente en todo el sistema. España calcula que necesitaría alrededor de 100.000 enfermeras más para acercarse a la media europea.
Y mientras tanto la generación del baby boom entramos en edades en que la dependencia se convierte en una posibilidad razonable.
Aquí es donde el debate empieza a incomodar de verdad. Sabemos que la mejora de condiciones es una medida importante que hay que afrontar. El problema es quién paga y si se podrán mantener en sistemas ya tensionados. Dar soluciones que incrementan el coste es relativamente fácil. Lo difícil es construir un modelo capaz de sostenerlas durante veinte años sin convertir el sistema en algo financieramente inviable o inaccesible para muchas familias.
Y entonces aparecen las soluciones que todo el mundo menciona, pero casi nadie ejecuta con decisión.
Se habla continuamente de agilizar homologaciones y facilitar la llegada de enfermeras extranjeras. Pero los procesos siguen siendo lentos, burocráticos y erráticos. El discurso político suele ser mucho más rápido que la administración real. También se habla de potenciar la especialidad geriátrica, aunque luego las plazas EIR siguen siendo claramente insuficientes para la magnitud del reto.
Y después está el tema verdaderamente explosivo: crear figuras profesionales intermedias que descarguen parcialmente determinadas funciones enfermeras.
Sólo mencionarlo ya genera rechazo en parte de la profesión, y entiendo perfectamente por qué. Existe el miedo legítimo a precarizar cuidados complejos o a sustituir enfermeras por perfiles más baratos. El sector residencial arrastra demasiados años escuchando que debe hacer más con menos como para no sospechar. Pero también conviene no olvidar algo: el modelo actual fue diseñado para una sociedad que ya no existe. Una sociedad con menos personas mayores dependientes, familias más extensas y una presión asistencial mucho menor.
No tengo claro que podamos afrontar lo que viene únicamente intentando reproducir el mismo esquema con más dinero y más profesionales que no terminan de aparecer. Quizá haya que explorar nuevos repartos de funciones, más tecnología, más coordinación sociosanitaria y perfiles híbridos que hoy todavía generan desconfianza. No como sustitución de la enfermería, sino como forma de protegerla para aquello que realmente requiere su competencia.
La paradoja es que contamos con profesionales excelentes. Probablemente mejores y más preparadas que nunca. Y aun así nos saben a poco.
Necesitamos más enfermeras sin perder experiencia, sin deteriorar calidad y sin vaciar otros ámbitos sanitarios. Y da la impresión de que todavía no sabemos exactamente cómo vamos a conseguirlo.
Mientras tanto seguimos acumulando diagnósticos, informes y titulares. Y el reloj demográfico sigue avanzando.
Tic, tac.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
Síguele el Linkedin: https://www.linkedin.com/mynetwork/discovery-see-all/?usecase=PEOPLE_FOLLOWS&followMember=josep-de-marti-valles
Si (
No(