Concepto de residencia: una revisión urgente (II)

La experiencia nos dice que una residencia es un lugar donde van a vivir personas de 85 años, mujer (70%), viuda (>50%), con un 74% en dependencia severa o gran dependencia y un 58% con deterioro cognitivo moderado o grave, de los cuales un 75% toman más de 7 fármacos de manera crónica, que dos de cada tres tienen al menos una enfermedad grave diagnosticada y que casi la mitad acaba hospitalizada al menos una vez al año. Con este perfil si bien los que viven en la residencia son “residentes” por su cualidad de habitantes de ese singular espacio, sus características mórbidas nos llevan a denominarles sin ningún error tal que “pacientes sanitarios”. No podemos elegir entre uno y otro porque los dos son pertenecen a la misma realidad. Sus necesidades sanitarias deben satisfacerse independientemente de donde vivan, ya sea en un hogar casa particular o residencia.

El problema viene de la dificultad, si no imposibilidad, de satisfacer estas necesidades sanitarias ya sea por parte de la residencia o del sistema público de salud. Además, este problema de cobertura de servicios de cada residente-paciente propicia de alguna manera el posicionamiento de parte, en algunos casos empresarial, en otros ideológico-políticos, por parte de los gestores de las residencias. Esto, más que arrojar luz promueve por parte de los gestores, públicos sanitarios y gestores de las residencias, una neblina conceptual en torno a la utilidad real y potencial de las residencias que dificulta cualquier posible solución al problema.

Cuando interesa a algunos la residencia parece que deja de alojar a ancianos enfermos. Muchos de los de este grupo esgrimen el manido lema “la residencia es una casa, no un hospital”, pero siempre relacionado a las dificultades que padecen para satisfacer las necesidades de personal sanitario, principalmente enfermeras. Lo mismo refieren los gestores públicos de sanidad, argumentando que en las residencias viven personas con el mismo perfil asistencial que los que lo hacen en sus casas particulares, y que por lo tanto no es necesario contratar a más enfermeras ya que los mayores de las residencias ya están incluidos en los cupos habituales; a estos gestores públicos se les ha olvidado muy interesadamente lo que ocurrió en la pandemia, creen que con poner en marcha una comisión sociosanitaria desaparecerán los problemas cotidianos de salud de los mayores residentes-pacientes.

Por otro lado, seguir insistiendo por parte de los gestores de las residencias en que no son más que casas muy grandes, solo por no poder contratar a enfermeras y médicos (ya vimos en su momento el motivo), promueve que ellos mismos releguen su realidad asistencial al plano de lo social y que, precisamente por ello, la normativa sanitaria les desproteja jurídicamente por insuficiente y ambigua. Así, el tradicional argumento reivindicativo para elevar el escaso precio de la plaza pública queda invalidado porque su incremento obedece precisamente a las cargas asistenciales sanitarias, las cuales niegan.

Así, tres agentes implicados, esto es, los gestores de residencias, los gestores públicos de sanidad y los gestores públicos de política social, juegan al “tú la llevas” porque no les interesa a ninguno quedarse con el problema de la asistencia [sanitaria] en las residencias [sociales]. Ninguno tiene un marco jurídico específico para las residencias, o al menos ninguno que abarque el amplio abanico de circunstancias que las caracterizan. El coste es altísimo y se traduce, en términos generales, en personas mayores altamente vulnerables escasamente atendidos en el plano sanitario dentro de las residencias (argumento esgrimido en muchas mesas de negociación), asistencias a las puertas de urgencias con asiduidad, mayor morbimortalidad y una imagen social estigmatizada, entre otras características.

Sintetizando, el problema no son [solo] las definiciones, sino el concepto antropológico y filosófico que sustenta la razón de ser de las residencias de mayores en este país. Quizás, la solución no sea el resultado de un peligroso juego del tira y afloja entre las residencias y las administraciones públicas, principalmente sanitarias, sino que deba pasar por un verdadero pacto nacional (previo al pacto por los precios) que defina de una vez por todas qué es lo que entendemos todos por residencia y su verdadera utilidad social y sanitaria. De esta manera se podría definir un marco jurídico, laboral (en este escenario actual de indefinición conceptual los convenios colectivos no son más que parches para los gestores que no avances. para los trabajadores), profesional, deontológico y estructural propio a nivel estatal, con una provisión estatal y autonómica de fondos presupuestarios y estructurales.

Mientras, no merece tanto la pena hablar de medicalizar o no, sino desde cuándo deberían estar ya legalmente medicalizadas.

Carmelo Gómez Martínez es enfermero especialista en Geriatría