La ADYGSS informa que, a finales de septiembre de 2025, había 284.020 personas en listas de espera para el SAAD en España, con un tiempo medio de espera de 349 días. Denuncian la desatención y el uso de servicios "low cost", además de la falta de transparencia y financiación adecuada en el sistema.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) ha presentado este viernes su informe sobre la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) en España, utilizando datos oficiales hasta el 1 de octubre de 2025. Según la ADYGSS, a finales de septiembre de 2025 había 284.020 personas en listas de espera: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 con derecho reconocido a prestaciones y servicios sin recibirlos.
El tiempo medio de espera se situaba en 349 días, 15 más que al inicio del año.
Durante los primeros nueve meses de 2025 fallecieron 25.060 personas en las listas de espera: 13.713 esperando valoración y 11.347 con derecho a prestaciones aún no ejecutadas. Esto equivale a 93 personas al día, una cada 15 minutos. La ADYGSS denuncia que estas cifras reflejan “personas reales, junto a sus familiares, que están esperando durante meses una respuesta de la Administración”.
La Asociación critica que, cuando el Ministerio rebaja la cifra de desatención, “su” lista de espera solo incluye a quienes no han recibido la prestación en el plazo máximo legal de 180 días. Además, apunta que el número de personas atendidas sigue aumentando, pero con servicios low cost: en los primeros nueve meses de 2025 se redujeron 804 plazas residenciales y 969 plazas de centros de día.
Principales datos del informe
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España contaba con 1.726.288 personas en situación de dependencia reconocida, 89.531 más que en 2024, y 133.414 pendientes de valoración, 5.535 más que en 2024. Esto representa que el 3,5% de la población necesita apoyos para las actividades básicas de la vida diaria.
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Del total de personas beneficiarias de prestación o servicio, el 62 % son mujeres y el 37 % hombres. Tres de cada cuatro tienen más de 65 años y el 53 % son mayores de 80.
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En 2025 aumentaron en 8.160 las personas con derecho reconocido en espera de atención.
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La desatención total (pendientes de valorar más limbo de prestaciones) alcanzó las 284.020 personas, 13.695 más que en 2024.
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Cada 15 minutos fallece una persona en listas de espera.
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El tiempo medio de tramitación es de 349 días, aunque en Murcia, Andalucía y Canarias se llega a unos 500 días. Solo Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Ceuta cumplen el plazo legal de seis meses.
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El 34 % de las personas desatendidas (unas 50.640) tienen grado II o III de dependencia.
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Las prestaciones económicas por cuidados familiares promedian 264 €/mes y las perciben 707.223 personas (44 %). Por grado, la media es de 171 €/mes para Grado I, 278 €/mes para Grado II y 385 €/mes para Grado III.
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La prestación vinculada a la atención residencial ronda 549 €/mes (Grado II) y 569 €/mes (Grado III), insuficiente frente al coste real, lo que genera un “segundo copago”.
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La Ayuda a Domicilio ofrece 38 horas mensuales de media, insuficiente para personas con necesidades continuadas.
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En 2025 hay 707.223 personas cuidadoras familiares reconocidas, el 72,3 % mujeres y el 27,7 % hombres.
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El 36,2 % de las cuidadoras son hijas/os, el 23 % madres, el 20 % cónyuge y el 7,2 % tienen más de 80 años.
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Desde que se recuperó el derecho a alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, 95.372 personas están dadas de alta (87,4 % mujeres).
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Desde 2012 los recortes acumulados de la AGE suman 6.321 millones de euros.
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La ADYGSS reclama regulación que asegure acceso a los servicios, transparencia en el SISAAD y control del copago.
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Se han atendido 81.371 personas más que en 2024, manteniéndose la tendencia impulsada por el Plan de Choque.
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El 56 % de personas atendidas en domicilio no cuentan con Teleasistencia; 65.647 sí la reciben, el 42 % en la Comunidad de Madrid.
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Continúa la tendencia de servicios low cost y descenso de plazas residenciales y de centros de día.
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Persiste la necesidad de evaluar el impacto de género por la feminización de los cuidados.
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El Ministerio incumple el punto 5 del Pacto de Estado por el Sistema de Atención a la Dependencia, al no garantizar transparencia sobre solicitudes sin grabar y revisiones pendientes.
Evolución del Sistema en 2025
El número de personas atendidas creció en 81.371 durante los primeros nueve meses de 2025, consolidando un sistema low cost que limita prestaciones y servicios pese al aumento de beneficiarios. Como siempre, existe una gran diferencia entre Comunidades Autónomas.
Las Comunidades con mayor número de personas en el “limbo de la dependencia” son Canarias (31,3 %), País Vasco (15,7 %), Murcia (13,8 %) y Cataluña (13,6 %), mientras que Aragón (1,5 %), Cantabria (1,5 %), Galicia (2 %) y Navarra (2,1 %) son las que menos presentan.
Las comunidades con más fallecimientos en lista de espera son Cataluña (6.851) y Andalucía (5.292), seguidas de Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904). Navarra registra la menor cifra (57).
El tiempo medio de resolución de expedientes en España es de 349 días. Solo Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla-La Mancha (169) cumplen el plazo legal de 180 días. En Andalucía, Murcia y Canarias los tiempos superan los 478 días.
La ADYGSS atribuye los retrasos a dos factores: los recortes históricos en financiación y un complejo entramado burocrático que multiplica los procedimientos, retrasando la prestación efectiva de servicios.
Financiación
La inversión pública en 2024 fue de 12.843 millones de euros, con las Comunidades aportando de media el 72,9 % y el Estado el 27,1 %. Desde 2024 se frena el incremento estatal y nueve comunidades verán disminuidas las cantidades del nivel acordado para 2025. La ADYGSS celebra que algunas comunidades reclamen que el Estado asuma el 50 % de la financiación, reclamación que defiende desde la implantación de la Ley 19/2006.
Las Comunidades que más invierten por persona potencialmente dependiente son País Vasco (2.835 €) y Extremadura (2.779 €), y las que menos Galicia (1.317 €) y Canarias (1.339 €).