El lunes desayunamos con una noticia aparecida en el diario ABC verdaderamente sustanciosa con un titular potente. Después de leerla todos nos preguntamos: ¿Un reglamento europeo deja sin medicación financiada a las residencias?
Al parecer, un reglamento de la UE afectará a partir del 1 de noviembre en especial a las residencias de personas mayores y centros psiquiátricos en España. La consecuencia es que las farmacias no podrán adelantar medicamentos a estos centros antes de disponer de la receta oficial. O más bien, sí podrán hacerlo, pero sólo si los residentes pagan el precio completo, ya que, sin receta previa no estarán financiados.
La primera reacción a la noticia de alguien que no sea del sector es de extrañeza: "¿Las farmacias no podrán adelantar medicamentos sin receta?". ¡Pues claro que no! Es que hacerlo seguro que es ilegal y seguro que no lo hacen. Para alguien que sí sea del sector (el gerente de una residencia, un médico, un farmacéutico o el gerente de un centro de salud), en cambio, la noticia produce sobresalto: "¿Cómo vamos a funcionar si no se pueden adelantar los alimentos?". (Nota: la reacción dependerá de la comunidad autónoma en la que esté, ya que esto no funciona igual en todas. Se puede comprobar en esto que escribí en 2018)
Entre la extrañeza y el sobresalto, resulta interesante que, según la noticia, la norma no trata de residencias de mayores, sino de medidas de seguridad para prevenir la falsificación de medicamentos. Lo novedoso es que cada caja de medicación llevará a partir de ahora un código QR único que deberá ser escaneado en la farmacia. ¿Cómo cumplir la norma cuando se prescriban los medicamentos en dosis fraccionadas?
Parece que esta es una de las cuestiones. ¿Cómo adelantar una caja de medicación cuando el médico de la residencia considera que un fármaco es necesario pero el médico de la salud pública no lo ha prescrito todavía? Pero, un momento, ¿es realmente un problema en España la falsificación de medicamentos? Lo veremos más adelante.
Me propongo responder a algunas de estas preguntas y, para hacerlo, tengo que decir que el gran problema es que vivimos en una situación en la que navegamos una ola de mentiras simulando que no lo son. Hemos interiorizado unas prácticas que nos llevan a practicar el “doble pensamiento”, o sea, somos capaces de decir que las cosas son de una forma y actuar de otra totalmente contraria.
En teoría, las personas mayores que viven en una residencia, en su relación con la sanidad pública, son ciudadanos que viven en sus casas por lo que pueden hacer el mismo uso de los recursos sanitarios públicos que cualquier otro ciudadano. Pueden ir al centro de salud, a urgencias si se encuentran mal y llevar la receta que le ha prescrito un médico del sistema a cualquier oficina de farmacia donde, haciendo frente al copago correspondiente, les será facilitada la medicación correspondiente.
Hace años que existe un divorcio entre la teoría y la realidad, o sea que vivimos en una mentira: la gran mayoría de residencias (variando la situación entre comunidades autónomas) disponen de médicos contratados que atienden a los residentes y, de alguna forma (existen muchas diferentes), consiguen que la sanidad pública convierta sus indicaciones en recetas que son llevadas a oficinas de farmacia que a su vez las convierten en medicamentos.
Aunque existen modalidades muy diferentes, en la mayoría de ellas se acaba pagando por un servicio (el que presta el médico contratado por la residencia) que debería estar cubierto por la sanidad pública; y se acaban creando sistemas de suministro de medicamentos en los que las oficinas de farmacia “avanzan” productos antes de disponer de las recetas oficiales produciéndose después las regularizaciones.
Un ejemplo: el médico de una residencia "escribe" lo que una residente necesita "ya" (supongamos, un antibiótico). La farmacia a la que la residencia lleva todas las recetas de los residentes "avanza" el antibiótico y la residente lo puede tomar ese mismo día. Entre el médico de la residencia, la residencia y el de cabecera del residente hay un circuito mediante el que el de cabecera recibe el listado de las medicaciones que la farmacia ha avanzado y él emite las recetas. Según el acuerdo que pueden tener, el médico de cabecera prescribe una vez a la semana (puede variar). Así las cosas, cuando las recetas llegan a la farmacia, los medicamentos "avanzados" quedan cubiertos y se cierra el círculo.
Diga lo que diga quien quiera decir algo, así funcionan las cosas en muchas residencias y centros de salud desde que empecé a trabajar hace 33 años.
El problema es que es un montaje ilegal por lo que nadie habla del tema. Nadie lo cambia porque, sea o no ilegal, funciona, nadie roba nada, no hay corrupción, los médicos de cabecera tienen más tiempo para atender a sus pacientes que no viven en residencias de mayores y los médicos de las residencias atienden desde la cercanía a los residentes.
Es cierto que para mantener el sistema todos tenemos que simular que las cosas son de otro modo.
Las comunidades autónomas, cada cierto tiempo, hacen intentos de intervenir o regular de otra forma las cosas y, a veces, al hacerlo se encuentran con batallas judiciales sobre si tienen o no competencias (como sucedió en Andalucía donde tuvieron que ir hasta el Supremo para validar su Decreto 512/2015 de prestación farmacéutica en residencias); con que avanzan en un proyecto y acaban archivándolo (como sucedió en la Comunidad Valenciana con el ResiEquiFar) o con que todo progresa tan lentamente que parece el cuento del nunca acabar (aquí el documento de modelo de atención farmacéutica en residencias de Cataluña de ¡2017! que no se aplica).
Resulta sorprendente que no haya sido una comunidad o el Estado quien haya hecho que este tema, de repente, salte a la luz, sino la trasposición de una normativa europea que lo que busca es evitar que medicamentos falsificados se cuelen en el sistema de prescripción pública. Parece que la normativa permitía que los estados hiciesen excepciones al convertir la normativa europea en nacional, pero nuestro legislador no la ha incorporado.
Pensar que se trata de un error u omisión conforta más que pensar que se quiere perjudicar a los cientos de miles de personas que viven en residencias.
¿Qué pasa el día 1? Supongo que no va a ser algo terrible, pero sí producirá más de un dolor de cabeza. No me extrañaría que alguien salga con una solución que consista en contar más mentiras para seguir con un sistema que se lleva aplicando en buena parte de España desde hace más de treinta años, pero sin decirlo.
En este número de Dependencia.info contamos con opiniones mucho más fundamentadas que la mía. Por eso lo dejo aquí.