El presidente de AERTE José María Toro ha querido recordar a Dependencia.info que el decreto de tipologías va a encarecer los servicios y va a suponer un encarecimiento para el usuario a pesar de lo expuesto desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana: “Es seguro que el usuario va a tener que pagar más dinero”.
“Está claro que la gente va a tener que pagar más dinero”, explica Toro que recuerda que a la carta que ha enviado la Comunidad Valenciana para avisar de que no se van a encarecer los servicios, hay usuarios que ya han mandado un correo electrónico en el que escriben: “Usted dice que no me va a costar más dinero y yo tengo una prestación vinculada al servicio, ¿en qué cantidad me va usted a subir esta prestación para que no me cueste más dinero?”.
El responsable de la patronal valenciana apunta que ya hay usuarios que han recibido contestación del Gobierno regional diciendo que “no le van a subir nada”.
Desde AERTE recuerdan que les siguen llegando más testimonios de familias que no saben que incremento van a tener de la ayuda para hacer frente a los costes que supone el nuevo decreto de tipologías, ya que las personas usuarias y las familias quieren mas servicios y personal, pero sin que les suponga más coste:
Por otra parte, José María Toro no ve que tenga mucho sentido “que se modifiquen los modelos de atención sin que se consensúen con las entidades del sector”. “Estamos viviendo en la Comunidad Valenciana el preludio de lo que va a venir”, vaticina tras conocer el descontento de las patronales en la Comunidad de Madrid con su nuevo documento de acreditación.
“Los modelos hay que consersuarlos con la parte sindical, con las personas usuarias y con las entidades. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esos modelos, creo que será difícil que tengan mucho recorrido a largo plazo”, se lamenta Toro, que incide en que el nuevo decreto de tipologías se ha aprobado sin contar con las aportaciones de las entidades sociales.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal de los cuidados a personas mayores y personas en situación de dependencia a nivel nacional, ya exigió al gobierno de la Comunidad Valenciana que “dé marcha atrás” el decreto de tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Antes, el Consell Juridic Consultiu estimaba que la norma debería venir acompañada por un informe la situación actual del sector y de la incidencia económica para las personas usuarias. También indicaba que deberían valorarse las alegaciones llevadas a cabo por AERTE en relación con la memoria económica del proyecto para comprobar si efectivamente son correctas.
Inseguridad jurídica
Igualmente, al respecto, opina: “Haber sacado a toda costa el acuerdo Belarra y no haber hecho el esfuerzo de haber buscado un modelo consensuado realmente entre las CCAA, sólo con el apoyo del 30% de la población, aunque sean 10 sobre 9, provoca que se va a crear una situación de inseguridad jurídica en todo el país brutal”.
Entiende que “ahora, las comunidades que no han firmado, que son el 70% de la población, van a sacar cada una el acuerdo que les dé la gana y el otro 30% vamos a ir al acuerdo que nos ha dado Belarra con el incremento que le va a intentar meter cada comunidad autónoma”.
Insiste en que, “aunque legalmente sea eficaz porque tiene un voto más, va a generar un lío importante, porque las comunidades autónomas, sobre todo las más grandes, van a hacer lo que quieran”. “El caso es que el Gobierno, al haber forzado tanto, va a crear una inseguridad jurídica brutal porque habrá convenios muy diferentes en todo el territorio nacional”.
“No se trata de avanzar a empujones. Se tenía que haber alcanzado un consenso de mínimos a nivel estatal para poder trabajar con cierto margen. Hay que recordar que estamos hablando de un modelo de mínimos, no de un modelo de máximos”, señala.
Además, José María Toro hace especial hincapié en que “en el caso de la Comunidad Valenciana, no va a ser atractiva para la inversión” y tiene claro que “si alguien tiene que elegir entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, se va a ir a Madrid”.
Otros de los puntos importantes a recordar que la patronal pidió que en este modelo, aparte de que estuviera bien financiado, es que garantizaran que no se pierde una sola plaza en la Comunidad Valenciana y que se fomentara la inversión para generar nuevas plazas. “Esto tampoco se ha producido”, subraya el presidente de AERTE.
Toro cree que se ha perdido una oportunidad importante porque el sector entendía que “había que cambiar el modelo en casi todos los aspectos porque llevábamos normativas, en general, muy antiguas, sin embargo, se ha perdido la oportunidad, por ejemplo, de generar recursos especializados en Alzheimer”.
“No hay este tipo de recursos -lamenta- y esto es increíble porque estamos hablando todo el tiempo de la demencia, de cómo nos van a afectar, de los enfermos de Alzheimer o de Parkinson y se hacen reuniones, pero después no se hace nada y se vuelven a encauzar como un centro de día”.
Toro ve que “es otra carencia” que le ve al modelo que “no siempre se ha adaptado a las necesidades de las personas”. “Lo mismo con los centros ocupacionales, han presentado mejoras para estos centros y no se ha admitido ninguna de las propuestas que hemos hecho”, indica.
“Empezamos a ver que este tema de no escuchar a los sectores es recurrente y esto es importantísimo”, concluye el presidente de la patronal valenciana.
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