Una vez presentados los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023, desde la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD) informan que “acabada la negociación presupuestaria, se anuncia un incremento de tarifas para el año 2023 del 4%”, una propuesta que desde esta asociación ven “del todo insuficiente e incluso ofensiva, ya que, partiendo de un déficit tarifario, y ante de esta escalada de precios, no se puede pedir a los centros que asuman los sobrecostes, conscientes de que algunos centros no podrán aguantarlo”.
Este anuncio ha unido al conjunto de patronales del ámbito social (personas mayores, infancia, discapacidad, etc.), que ya han solicitado todos, de forma conjunta, una reunión urgente con el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, para que se replantee este incremento inicial.
La falta de respuesta por parte de la Conselleria hizo que las mismas patronales asistieran el pasado 7 de febrero presencialmente al Parlamento, a la Comisión de Derechos Sociales, donde el consejero Campuzano presentó y defendió la propuesta de presupuestos. Justificó el 4% diciendo que debe “repartir entre dos prioridades: creación de nuevas plazas e incremento tarifario”.
En el turno de réplica, tanto PSC como Junts per Catalunya, manifiestaron que encuentran insuficiente la subida de precios.
ACAD ha defendido ante el Departamento de Derechos Sociales que “es necesario realizar un completo estudio de costes de los diferentes servicios de la Cartera de Servicios Sociales y adecuar las tarifas a la realidad, teniendo en cuenta las mejoras que ya incorpora el decreto de acreditación y las necesidades de mejora de condiciones laborales”.
En esta Asociación de Centros de Atención a la Dependencia son conscientes de que este estudio, que se reclama legislatura tras legislatura, requiere tiempo y en ese impasse deben negociar con el Departamento, año tras año, la actualización de tarifas de los servicios: “Este año 2023 no difiere en la negociación anual, pero sí difiere en el hecho de que la prestación de los servicios se ha encarecido como nunca lo habíamos visto, triplicándose los precios de la luz y el gas y un IPC que afecta al resto de suministros y naturalmente a los costes salariales”.
Ante esta situación, y viendo que peligra la negociación presupuestaria en la que existe una propuesta de incremento del 7%, “insuficiente, pero la mejor opción sobre la mesa”, apuntan, las principales patronales del sector de atención a las personas mayores solicitan al Gobierno que confirme este incremento.
Las patronales del ámbito social insisten en reunirse de forma conjunta con el consejero antes de la votación definitiva de los presupuestos para que escuche las necesidades del sector y hacerle ver que “un incremento tarifario del 4% evoca al cierre de centros pequeños con menor margen y economías de escala”, apunta ACAD.
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