La Sanidad y la Ley de Dependencia se cuelan en el debate del nuevo modelo de financiación autonómica

Un día después de la Conferencia de Presidentes, que se celebró este martes, el Gobierno trabajaba ya para cumplir con los plazos de los onces compromisos adquiridos, entre los que se ha colado estudiar el modelo de financiación autonómica y que supone analizar el transcurso de la Ley de Dependencia. Hay que cumplir lo pactado y lo acordado es que antes de un mes tienen que estar formadas las comisiones técnicas que empezarán a estudiar el modelo vigente de financiación autonómica con el objetivo de tener aprobado el nuevo a finales de año.

Los presidentes autonómicos confían en que esta comisión específica para tratar el tema de la dependencia, a la que acudirán expertos de cada comunidad autónoma o consejeros, dado su carácter técnico, concrete la parte que financia actualmente cada comunidad respecto al Estado y analice las características y necesidades de cada territorio.

Los presidentes autonómicos tampoco descartan la opción de tratar la financiación del gasto sanitario dentro de la comisión específica sobre el modelo de financiación autonómica. Igualmente, tienen prevista la redacción de una Estrategia Nacional frente al reto demográfico que pondrá al Gobierno y a las comunidades a trabajar para paliar el desequilibrio entre población joven y población envejecida.

Aunque es verdad que se habló de la Ley de Dependencia menos de lo que habría sido necesario, probablemente porque algunos presidentes acapararon la atención por sus ausencias o por algún rifirrafe a cuenta de asuntos fiscales, también es cierto que prácticamente la totalidad de los líderes regionales mostraron su satisfacción por el “ambiente de diálogo” reinante y porque se trabajará sobre todas las materias propuestas. Aunque, eso sí, la mayoría coincidieron en sus críticas a la falta de cumplimiento del Gobierno con respecto a la financiación de la Ley de Dependencia.

Andalucía

Así, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha señalado que la armonización fiscal que Andalucía defiende contribuye a "hacer país" y añadió que "todos tenemos que saber en el conjunto del país cómo se pagan los servicios públicos de la sanidad, la educación y la dependencia" y ha remarcado que todos los ciudadanos "tienen derecho a recibir esos servicios públicos en las mismas condiciones de calidad".

Para ello, insiste, a la hora de reformar el sistema de financiación, se debe "calcular el coste promedio de los servicios públicos", en el que pueden influir factores como el envejecimiento, el despoblamiento, la dispersión o la juventud de la población de cada autonomía.

La presidenta ha abogado por calcular la media de los tramos impositivos que las comunidades han venido aplicando en los últimos años y su relación con la financiación que han recibido las autonomías por parte del Estado. Y ha puesto como ejemplo que "Andalucía, que tiene una renta más baja que otros territorios, no tenía con el modelo de financiación suficiente para mantener la educación, la sanidad y la dependencia, y ha tenido que sacar con fondos propios 2.000 millones al año para mantener esos servicios".

Aragón

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha abogado por un sistema de financiación autonómica vinculado al coste efectivo de la prestación de los servicios y por una estrategia nacional contra la despoblación. Ha reivindicado que este nuevo sistema tenga en cuenta la prestación de servicios en zonas despobladas, con una elevada dispersión, con una población envejecida y con una orografía que encarece los servicios, como es el caso de Aragón.

No obstante, Lambán ha solicitado que el coste de la dependencia no se incluya en el sistema de financiación, ya que emana de una de ley específica. Al respecto, ha denunciado que el Estado incumple esta norma al no abonar el 50% del coste y financiar solo el 16% en el caso de Aragón.

Asturias

El jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Ferández, explicó que su posición "es y debe de ser que haya una prestación similar de los servicios básicos fundamentales en el conjunto de España, iguales para todos los ciudadanos. Y ahí de lo que estamos hablando es de cómo eso se puede hacer efectivo, porque es verdad que no son lo mismo los costes unitarios de la prestación de un servicio –imagínese Sanidad, educación o Servicios Sociales- en una comunidad, en un territorio que en otro”.

Baleares

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, expuso todas las necesidades de las Islas "recogidas en el catálogo de reivindicaciones que el Gobierno ha elaborado en colaboración con las entidades, instituciones y grupos con representación parlamentaria de las Islas" y entre las que se encuentran también "un cambio en la financiación para a la Ley de Dependencia".

Canarias

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, aseguró que "todo parece indicar que el gasto va a ser mayor, debido a la evolución demográfica, y tenemos que preocuparnos de cómo hacer sostenible ese Estado del Bienestar tal y como lo conocemos" por lo que reclamó mayor financiación autonómica. "Y para eso es necesario diálogo y consenso", apuntó para añadir: "Ese es el principal reto al que nos enfrentamos y ese reto va a venir derivado de la capacidad que tengamos las administraciones públicas para poder hacerlo posible y no generar unas expectativas a los ciudadanos que luego no van a ser correspondidas presupuestariamente".

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, logró el apoyo de la Conferencia de Presidentes para incluir el coste efectivo de los servicios públicos como criterio de reparto en el estudio del nuevo sistema de financiación autonómica. Según explicó, hubo posturas enfrentadas entre quienes defienden un reparto proporcional a la población de cada territorio y quienes quieren poner en valor el coste real de los servicios públicos, condicionado por factores como la dispersión o el envejecimiento poblacional que afecta a Cantabria, Asturias, Galicia o Castilla y León.

Asimismo, ha destacado el acuerdo para abordar la financiación del sistema de atención a la dependencia y ha reivindicado el cumplimiento de la obligación del Estado de asumir el 50% del gasto total, dado que a día de hoy, y en el caso de Cantabria, su aportación apenas llega al 18%.

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha destacado un primer “punto de partida” con la valoración del coste “real y efectivo” que supone para cada una de las regiones la prestación de servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ha subrayadon que se trata de un paso “trascendental” gracias al que, a partir de ahora, tendrán un peso específico en la evaluación aspectos tan relevantes para Castilla-La Mancha como la población, la edad de la misma, su dispersión o la ruralidad.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, considera que la atención a la dependencia debe incorporarse al futuro modelo de financiación autonómica, superando una formulación actual que complica y enlentece el sistema, y donde la Administración General del Estado no atiende el compromiso de financiar este al 50%.

Solicita que el nuevo modelo contrapese el criterio poblacional con otros que tengan en consideración el territorio, la dispersión de la población y su envejecimiento como factores que condicionan el coste efectivo de prestación de los servicios públicos. A este respecto, cree que la sanidad merece un capítulo aparte en la reforma del sistema, ya que es la mayor perjudicada por las deficiencias del modelo, es la mayor partida de gasto de las comunidades y la que acumula más tensiones debido al carácter inelástico de su demanda y a la influencia decisiva de factores como el envejecimiento.

Cataluña

Desde Cataluña, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, apuntó que "no es necesario ningún grupo de trabajo, sino que se debe cumplir la ley". La portavoz puso la Ley de Dependencia, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la reforma del modelo de financiación, "caducado desde hace tres años", como ejemplos de que las medidas que se abordan en la Conferencia de Presidentes ya "llegan muy tarde".

Comunidad Valenciana

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado un nuevo modelo de financiación que permita dotar a las comunidades autónomas de un escenario de equidad ya a partir de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y con efectos financieros retroactivos desde enero de 2014. También ha mostrado su preocupación por la financiación que el Estado hace de la ley de Dependencia, dado que le corresponde aportar el 50% y actualmente la aportación, en el caso de la Comunitat Valenciana, se sitúa en el 17 o 18%.

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho especial hincapié en la sanidad y ha manifestado que es preciso definir qué sanidad se quiere para establecer cuánto cuesta y ha avanzado que se ha encomendado a la comisión de expertos realizar una análisis en profundidad de la sanidad: "Si queremos seguir teniendo una sanidad puntera, hay que ser conscientes de que hay que invertir en ella", ha asegurado.

Galicia

El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, valoró que la Conferencia de Presidentes destaque la financiación de la Sanidad y el reto demográfico como claves. Subrayó la necesidad de buscar un sistema de financiación con vocación de permanencia y para eso se refirió al acuerdo de estudiar la dependencia como una pieza separada al igual que la Sanidad, que supone el 40% del total del gasto de las comunidades.

“Los datos de envejecimiento y de la dispersión son claves para la financiación autonómica”, aseveró, recordando a modo de ejemplo que la Autonomía gallega cuenta con más del 14% de los centros de salud de España, pese a tener sólo el 6% de su población.

Madrid

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó que "es la oportunidad para acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice el Estado del Bienestar y la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad". Y añadió: "Hay que dar respuesta a la gran asignatura pendiente del Estado del Bienestar que es la financiación de la dependencia". La presidenta madrileña pide que el nuevo sistema de financiación sea "aprobado con el mayor consenso posible para que tenga vocación de permanencia".

Además, Cifuentes considera que debe cumplir seis condiciones esenciales: "En primer lugar, la transparencia en la negociación y aplicación posterior del sistema. En segundo lugar, la irrenunciable solidaridad entre regiones, de la que Madrid se siente muy orgullosa. Y no como obligación, sino también por convicción. En tercer lugar, una necesaria vinculación entre el principio de suficiencia y el de solidaridad, para asegurar una similar prestación de servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas".

A estos tres requisitos se suman, en cuarto lugar, "reducir las actuales diferencias en la financiación per cápita. En quinto, la revisión del principio de lealtad institucional, para que la aplicación de normas estatales venga acompañada de los recursos necesarios (y no como con la Ley de Dependencia). Y, finalmente, la toma en consideración de las políticas económicas, para que el sistema no desincentive a las regiones más dinámicas, toda vez que una mayor recaudación no reporta un aumento de la financiación madrileña".

Cifuentes ha vinculado el sistema de financiación con la sostenibilidad del Estado del Bienestar, "para cuyo mantenimiento hace un especial esfuerzo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, al extremo de dedicar a sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, transporte público, vivienda y políticas activas de empleo, el 90% de nuestro presupuesto". En este sentido, se ha referido al hecho de que en el caso de la dependencia, cuya financiación considera prioritaria, el 84% del gasto destinado a este concepto lo aporta la Comunidad de Madrid, frente al 16% del Estado.

El Presupuesto madrileño sufraga no solo las prestaciones económicas que se otorgan, sino sobre todo, las plazas o servicios derivados de la Ley de Dependencia, que son particularmente costosos. Y tanto las prestaciones como el gasto que suponen estas plazas están por encima de la media de todas las comunidades autónomas. Así, y pese a tener una población más reducida que otras regiones, Madrid es la primera Comunidad Autónoma en centros de día y la segunda en teleasistencia.

Murcia

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, subrayó que los servicios públicos deben financiarse “con equidad, justicia y transparencia” para garantizar la Sanidad, la Educación o la atención social, servicios sobre los que la Comunidad “ha hecho un sobreesfuerzo para atender a todos” al no recibir hasta la fecha una financiación adecuada.

Navarra

La Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha compartido con el resto de las comunidades autónomas la reflexión de que más que una necesidad de cambio de modelo,　 existe un problema de recaudación para hacer frente a los gastos de la dependencia y la sanidad: "Si el grueso de las comunidades autónomas apostamos por el estado de bienestar, tenemos que ser conscientes de que también necesitamos una recaudación conforme y adecuada"

La Rioja

El presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha destacado el acuerdo alcanzado para que el sistema de financiación autonómica responda al coste efectivo de la prestación de los servicios. Ha argumentado que para La Rioja el coste de mantener la red servicios sociales, sanitarios y educativos es mucho mayor que el de otras comunidades cuya población no está tan dispersa "por lo que el sistema debe garantizar una adecuada financiación si deseamos que todos los ciudadanos sean atendidos en términos de igualdad".

Ha reiterado: "El Estado debe dotar de más recursos a las comunidades, ya que somos las grandes prestadoras de servicios de este país (sanidad, servicios sociales, educación…)".

Para terminar, no hay dinero

Voluntad para todo, hay, pero el gran problema, como siempre, vendrá de la parte económica. El presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos han coincidido en la importancia de un nuevo modelo de financiación, ya que la recaudación es aún menor que la de antes de la crisis. Mariano Rajoy fijó esa distancia en 20.000 millones de euros menos.