La presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Natalia Roldán, ha lamentado en una entrevista a Dependencia.info que el nuevo modelo de residencias aprobado recientemente por el Gobierno "no sólo no va acompañado de una financiación adecuada sino que genera un entorno de absoluta incertidumbre para entidades gestoras y para los propios residentes y sus familiares".
Por ello, tiene claro que le tocará pagar "a las CCAA y a las familias" y explica que la cuestión es "el efecto económico que las medidas establecidas en el documento tiene en los servicios" porque "conllevan mayor repercusión en el precio/plaza/persona". "O las CCAA, de quienes depende la atención de personas en situación de dependencia, incrementan la partida presupuestaria, o serán las familias y las personas usuarias quienes tendrán que hacer mayor esfuerzo económico", aclara.
Pese a todo, la presidenta de la patronal opina que el sector geroasistencial sigue siendo atractivo desde el punto de vista de la inversión porque "si logramos un pacto de estado, una hoja de ruta con visión a medio-largo plazo, fuera de los idearios políticos y de las agendas electorales, este es el sector más transversal y con mayor proyección de futuro cierto de nuestro país".
Roldán recuerda que "el envejecimiento es una realidad y los cuidados, una variable intrínseca a ello". "Es un sector generador de riqueza para el país; país, de servicios. Por ello debemos desechar toda inseguridad jurídica que genere dudas en potenciales inversores", subraya.
Pero Natalia Roldán responde a muchas preguntas más:
El Gobierno acaba de conseguir que 10 comunidades autónomas le aprueben su nuevo modelo de acreditación de centros y que viene a decir cómo debe ser el nuevo modelo de residencias y de cuidados a domicilio. ¿Qué recorrido le ven a este proyecto? ¿Creen que las CCAA lo incorporarán a sus requisitos para concertar?
Incorporar estos requisitos supone un claro incremento de costes y, por ende, una mayor posibilidad de colapso en el sistema pues el nuevo modelo de residencias no sólo no va acompañado de una financiación adecuada sino que genera un entorno de absoluta incertidumbre para entidades gestoras y para los propios residentes y sus familiares.
El modelo de atención domiciliaria no se toca, de hecho, sigue bajo un enfoque de reconocimiento de horas, ni siquiera de servicio como tal.
En lo que a centros residenciales se refiere, olvida que la realidad actual requiere de inversión para crear mayor número de camas y, con estos planteamientos, el efecto es precisamente el contrario.
El Gobierno insiste en que hay financiación... ¿Creen que se ha destinado lo suficiente?
La situación de infra financiación que se viene viviendo desde hace años hace que, incluso, el esfuerzo realizado para destinar mayor partida presupuestaria a través del Plan de choque aprobado en su día, sea del todo insuficiente en el corto plazo, máxime si tenemos en cuenta las propuestas del modelo de acreditación.
¿A quién o quiénes le tocará pagar?
A las CCAA y a las familias. La cuestión es el efecto económico que las medidas establecidas en el documento tiene en los servicios: más personal, que supone incremento de la partida de RRHH, y más superficie por persona, conllevan mayor repercusión en el precio/plaza/persona.
O las CCAA, de quienes depende la atención de personas en situación de dependencia, incrementan la partida presupuestaria, o serán las familias y las personas usuarias quienes tendrán que hacer mayor esfuerzo económico.
El acuerdo del Gobierno con las CCAA también dice que las inspecciones se podrán hacer públicas. ¿Qué opina AESTE, deberían ser públicas las inspecciones como las CCAA quieran o deberían ser las propias residencias las que lo hiciesen?
Quizá el planteamiento deba ser qué se publica más que quién lo publica. El resultado de una inspección es único, lo haga público la propia residencia o la CCAA de referencia. Lo que tenemos que asegurar es que los indicadores midan calidad de atención y de servicios; que dichos indicadores sean los adecuados y objetivos; y que los equipos de inspección tengan criterios únicos de medición, tratando de minimizar cuestiones interpretables.
En cualquier caso, totalmente compatible con la publicación, por parte de la residencia, de los resultados obtenidos por otras entidades certificadoras de calidad.
Desde el sector, somos los primeros interesados en potenciar estos sistemas, siempre y cuando se basen en KPIs diseñados para, por un lado, detectar áreas de mejora y, por otro, aportar información de interés en pro de la libre elección de usuario final.
Sobre la pandemia... ¿está olvidada ya? ¿Hemos vuelto definitivamente a la normalidad?
La globalización ha mostrado su lado menos amable. Nos encontramos en un periodo de absoluta incertidumbre en lo que a contexto exterior se refiere: pandemia, conflictos bélicos, crisis energética, falta de materiales, efectos de fenómenos naturales... La pandemia ha dejado en el sector una "pre-alerta constante" sobre el efecto que cualquier variable pueda tener en la población más vulnerable de nuestro país.
Lo que echamos en falta es que esa disposición preventiva del sector, sea también foco de atención por parte de las agendas políticas.
¿Cómo ve el sector de los cuidados a las personas mayores en general?
Si la tendencia es el incremento de costes y la infrafinanciación, ya sea en el ámbito residencial, ya sea en el domiciliario, no vemos una evolución acorde a las nuevas demandas de la sociedad actual y, mucho menos, a la que existirá en los próximos 10 años.
¿Sigue siendo atractivo el sector geroasistencial desde el punto de vista de la inversión?
Absolutamente. Si logramos un pacto de estado, una hoja de ruta con visión a medio-largo plazo, fuera de los idearios políticos y de las agendas electorales, este es el sector más transversal (afecta al ámbitos social, al sanitario; a educación y a empleo -empleo no deslocalizable-; puede promover polÍticas migratorias ordenadas; potencia los avances científicos y tecnológicos...) y con mayor proyección de futuro cierto de nuestro país: el envejecimiento es una realidad y los cuidados, una variable intrínseca a ello.
Es un sector generador de riqueza para el país; país, de servicios. Por ello debemos desechar toda inseguridad jurídica que genere dudas en potenciales inversores.
Y a riesgo de parecer redundante, ¿qué necesita hoy el sector? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?
Un pacto de estado que logre una financiación adecuada, modelos de servicios realistas y sostenibles, y la participación real y efectiva del sector en estos procesos.
Por otro lado, en lo que refiere a la gestión de servicios públicos, la eliminación de la desindexación.
Se sigue culpando a las residencias en los medios de comunicación generalistas de las muertes de miles de personas mayores durante la pandemia... ¿Qué hay que decir a quien piensa así?
La pandemia evidenció lo que desde el sector se viene reivindicando desde hace años para atender a las nuevas necesidades de la fragilidad que presentan nuestros mayores por el incremento de la cronicidad. Quienes buscan culpables en una situación de colapso sanitario absolutamente ajena al ámbito de lo social, demuestra poco conocimiento y/o muchas ganas de desviar el foco sobre la situación real.
¿Qué puede hacer el sector del cuidado a las personas mayores para mejorar su imagen?
La imagen que hay que mejorar es la de la sociedad que hemos creado en la que el concepto y la realidad del envejecimiento parece no tener su espacio. Una sociedad que ensalza, por encima de todo una proyección exterior cada vez más alejada de la esencia del ser humano. Esencia entre la cual, se encuentra, como una etapa vital más, precisamente la de envejecer.
Se ha obligado recientemente por sentencia a actualizar los salarios de las trabajadoras... ¿Cómo afecta esto a una residencia en el contexto económico en el que nos encontramos, con los precios disparados?
Hemos venido trabajando sobre un planteamiento de mayor alcance, con visión de 4 años e incrementos de hasta casi un 15%, pues entendemos que es conjunta la misión de todos los agentes sociales para poner en valor social y económico el empleo que se genera desde el sector.
Lamentándolo mucho, ello no ha sido posible, encontrando de nuevo un planteamiento cortoplacista que dificulta las posibles actuaciones, sobre AAPP, en lo que a partidas presupuestarias necesarias se refiere. Como bien dice, el efecto acaba recayendo en el esfuerzo de las familias y de las entidades gestoras.
Siempre lo preguntamos, por si ha cambiado el punto de vista: ¿Cómo ve el sector dentro de 5 años? ¿Y de 10?
Estamos a tiempo de lograr que en los próximos 5-10 años seamos capaces, como país y como parte esencial del sistema de atención de los cuidados, de dar respuesta a la nueva demanda de servicios y de calidad en la prestación que la sociedad requiere.
Con el simple hecho de contar con la experiencia y la apuesta de permanencia del sector, con un enfoque transversal y con planteamiento de integración de servicios, las políticas a establecer en esta materia, lograrían generar una mayor riqueza para el país, mayores oportunidades de elección para los ciudadanos, y mayor orgullo por el compromiso social adquirido con la población más vulnerable.
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