Recién entrado el nuevo año nos encontramos con un escenario de confusión en el mundo, pero más si cabe en el sector residencial. De un lado, algunos animan a hablar del fin de la pandemia para llamarla endemia; de otro lado, los hay que todavía no se atreven a asomar la nariz por la ventana por miedo a contagiarse, fruto, seguramente, de la paranoia en la que se ha convertido nuestra vida. Es normal tanta confusión, aunque no por ello deba de ser lo más conveniente.
En el mundo de las residencias nos hemos encontrado con escenas dantescas, sobretodo en el inicio, allá por marzo y abril de dos mil veinte. También hemos sido testigos de muestras de heroísmo, protagonizadas por el personal que atendía a los mayores en las residencias. Pero si hay algo en lo que coincidimos es en que ha supuesto una verdadera catarsis para el sector. Como respuesta a esta transformación obligada existen organizaciones que animan a promover cambios estructurales desde dentro, y que afectan incluso al concepto mismo de residencia, a su relación con la administración pública, y por ende con la sociedad. Otros, sin embargo, parecen estar aguantando el tipo con el único e iluso ánimo que esperar una vuelta a la misma vida en las residencias antes de la aparición de la pandemia.
Si en algo estamos la mayoría de acuerdo es en que ha surgido en el sector asistencial de residencias la oportunidad que tanto habíamos pedido para adecuar normativas, servicios, y precios por plaza. Se ha abierto un tiempo trascendental. Un periodo temporal en el que, desgraciadamente, se evidencia más que nunca la división del sector, y los problemas de la descentralización de normativas que nacieron con un espíritu transversal, como fue la ley 39/2006, comúnmente denominada ley de dependencia.
En ese tira y afloja no podemos olvidar que la Administración pública es la más beneficiada. Quizás sea conveniente recordar que, en algunas comunidades autónomas, en los no tan lejanos años dos mil ocho o dos mil diez, los políticos se decantaron por bajar en las normativas las ratios de atención directa e indirecta en lugar de subir el precio por plaza residencial. Si en el sector residencial estuviéramos elaborando fungibles o materiales insensibles esta cuestión no pasaría de más debate que el del margen de beneficio de la empresa a final de año. Pero no es así.
En nuestro sector, el de las residencias, atendemos a personas mayores que en un amplísimo porcentaje tienen graves problemas de dependencia, y requieren cuidados muy especializados. En este ámbito, hablar de “especializado” debería ser análogo a “geriatrizado”. Se supone que atendemos y pretendemos cuidar, porque no es lo mismo, a personas. Para hacerlo necesitamos de otras personas, que estén debidamente formadas técnicamente y cuyo compromiso con la tarea encomendada no de lugar a dudas.
Por este motivo no se termina de entender los reiterados intentos, en los últimos meses y semanas, de las federaciones y confederaciones de residencias a “desprofesionalizar” al grupo de personas que se deben encargar de cuidar de los mayores, y hacerlo bien. No termina de entenderse que se quiera aprovechar el tirón de la imagen social que las residencias empiezan a tener, por fin, como garantes de los cuidados de calidad de los padres, madres, abuelos y abuelas de tantos españoles, y al mismo tiempo se quiera lastrar esos pequeños avances con la incorporación de personas sin formación alguna para cuidar a ancianos enfermos. No se entiende que se prefiera volver al concepto de asilo en lugar de caminar hacia el de residencia.
Quizás el problema radique en el complejo de inferioridad frente a la Administración que este sector empieza a cronificar. Nuestras organizaciones hacen un bien fundamental a la sociedad, sean lucrativas o no, ya que prestamos servicios similares e incluso mejores que la propia Administración pública. Siempre van a querer concertar plazas con nuestras entidades, ya que siempre les va a resultar menos costoso que una plaza pública. En este escenario, me pregunto, ¿por qué no somos capaces de unirnos para consensuar criterios mínimos de negociación? La solución no pasa por hacer lo que algunos hicieron en la crisis económica de primeros de siglo, es decir, ofrecer no solo un mal cuidado sino una peor atención global. Las cuentas saldrían al final del año, pero ¿a qué precio? La respuesta es la deshumanización de las residencias.
No lo olvidemos, durante unos años hemos sobrevivido pagando salarios que sabíamos que no eran justos, aunque al fin y al cabo los convenios sectoriales los firmaban los sindicatos mayoritarios. No se entiende bien que una enfermera o una gerocultora cobre menos proporcionalmente que el electricista que va a la residencia, por ejemplo. Nos quejamos de que los profesionales anteriormente referidos no son “fieles”, porque se van a centros donde les pagan y/o les tratan mejor, cuando los que realmente no son fieles son las organizaciones en el compromiso que adquieren de cuidar y atender bien a los mayores.
El avance del sector pasa por profesionalizar, geriátrica y ser competitivos en la búsqueda de la mejor atención y cuidado a los mayores. Pretender sustituir a las enfermeras y gerocultoras por cualquier persona sin formación específica sanitaria, o inventar figuras de coordinación sociosanitaria en las residencias con el mismo fin, no solo no se va a entender. La Administración de manera inteligente solo querrá seguir pagando un servicio de mínimos con la mínima cuantía.
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