La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) presenta alegaciones al Decreto del régimen de autorización administrativa y comunicación, acreditación, registro e inspección de los servicios sociales en Castilla-La Mancha al “no establecer en el documento ningún modelo en el que basarse ni adjuntar un análisis del impacto económico que generaría en las empresas ni en el bolsillo de las personas usuarias”.
Para Artecam, el primero de los hándicaps es que la nueva regulación no establece ni determina qué tipo de modelo se quiere implantar en Castilla-La Mancha. Además, no prevé un periodo de adaptación al nuevo modelo y tan solo establece que deberán realizarse cambios arquitectónicos en los centros de nueva construcción, “pero no habla de cuáles deberán ser los cambios estructurales, ni tampoco de los profesionales”.
Además, apuntan que “sin financiación es imposible asumir los costes añadidos a los que obliga el Decreto”, denuncia la patronal, que alerta de que si se aplica podría poner en riesgo la inversión privada en la construcción de nuevos centros residenciales”. Solo si el precio de la plaza concertada aumentase hasta los 2.030 euros -a razón de 67,67 euros diarios por usuario- y fijase una tarifa plana para todos los niveles de Dependencia, podría ser viable en la Comunidad.
Según asegura Artecam, el texto, tal y como está redactado, adolece de un reconocimiento a los profesionales y no establece ningún tipo de formación para poder llevarlo a cabo con garantías.
Además, ha sido aprobado sin contar con el consenso de los trabajadores. “Ni siquiera se ha trabajado con el sector en su elaboración”, advierte la patronal, que se muestra taxativa a la hora de defender que el modelo que se debería implantar en Castilla-la Mancha tendría que estar basado en la calidad de la atención y que esta estuviera centrada en la persona.
Si (
No(