Belarra hace autocrítica

"Queremos la transformación de un modelo residencial en modelo de atención a domicilio" para que se atienda a las personas mayores en sus casas el mayor tiempo posible, pero cuando no se pueda y se tenga que ingresar en una residencia, que esos centros "parezcan hogares", apuntaba la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que explicaba tras el Consejo de Ministros que “esta inversión nos va a permitir parecernos más a Europa, donde la inversión en cuidados de larga duración está muy por encima de la media española”.

Pero también destacaba que la pandemia ha evidenciado que "las residencias han mostrado sus dificultades y sus costuras" y que los mayores "no han sido atendidos adecuadamente, ni de acuerdo con sus deseos, que son permanecer el mayor tiempo posible en sus casas".

De esta forma, cuando dice que los mayores "no han sido atendidos adecuadamente" está haciendo una clara autocrítica porque durante los meses más duros de la pandemia:

- Los poderes públicos se arrogaron todos los poderes en relación a importación y distribución de EPIS. Impidieron que las residencias pudiesen comprar o importar material y se lo facilitron de forma insuficiente, lo que las dejó inermes ante el virus.

- Los poderes públicos eran igualmente los únicos que podían hacer PCRs y durante meses decidieron no priorizar a residentes y personal de residencias, lo que dejó a estas personas desprotegidas. Muchos enfermos asintomáticos contagiaron involuntariamente la enfermedad sin posibilidad de hacerse pruebas diagnósticas.

- Los poderes públicos, no las residencias, establecieron los criterios de derivación a los hospitales y el triaje dentro de los mismos. En la práctica, en algunos lugares la derivación de residentes enfermos se convirtió en tarea imposible.

- Los poderes públicos generaron sucesivas normativas, instrucciones, indicaciones y otras órdenes. A veces desde diferentes niveles administrativos, a veces contradictorias. Es necesario recordar que el cumplimiento de esas instrucciones supuso el cierre de las residencias a las visitas, el confinamiento por zonas o en la habitación y otras limitaciones.

Decir que las residencias han fallado quiere decir que fallaron las medidas tomadas por parte de los poderes públicos. Con seguridad la intención de los poderes públicos en un momento de tanta emergencia, con circunstancias cambiantes y una enfermedad como no se conocía otra en los últimos cien años, estaban basados en la buena fe. El hecho de que ahora se reconozca que, a pesar de esa buena voluntad, los poderes públicos han fallado es una noticia esperanzadora.

Para el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, estas declaraciones de la ministra "tienen la disculpa de alguien que habla desde el desconocimiento y que todavía no conoce el sector". Por ello, se ponen a su disposición para enseñarle algún centro, para que pueda "conocer de verdad cuál es el grado de atención y cuál es la implicación de las trabajadoras".

Igualmente, desde la FED, su presidente Ignacio Fernández-Cid apunta que Belarra "no descubre nada nuevo porque, evidentemente, las personas prefieren estar en su domicilio y por esa razón, todo el sistema de dependencia promociona ese hecho" y por eso "se dan prestaciones en las distintas figuras del asistente personal y del cuidador familiar no profesional, se dan horas de ayuda domiciliaria y se da también teleasistencia". "Pasa lo mismo con los centros de día porque después vuelven a su domicilio", subraya.

"Nosotros también estamos de acuerdo en eso. Somos patronales de la Dependencia, que incluye ayuda domiciliaria. Por tanto, lo que tiene que hacer una persona es quedarse en su domicilio mientras pueda y que reciba determinados servicios", afirma, pero recuerda: "En su máxima intensidad, la ayuda a domicilio prevé 90 horas mensuales, que son 3 horas diarias. ¿Qué hace las otras 21 horas? ¿Quién va a cuidar de ese gran dependiente?".

Cubero insiste en que "lo que necesitamos son cargos públicos que vengan con una mentalidad constructiva y que pongan en valor el trabajo que han realizado todas las profesionales del sector". A partir de ahí, entiende que "por supuesto que hay que mejorar porque partimos de una Ley (de Dependencia) que tiene ya 15 años, la sociedad española ha evolucionado y hay que adaptar esta ley al nuevo perfil de la sociedad y al reto demográfico que se nos viene encima".

También opina el portavoz de AESTE que "hay potenciar y mejorar los servicios de atención domiciliaria, hay que trabajar en la telemedicina y en la coordinación sociosanitaria". Recuerda que hay distintos ámbitos para actuar y que por eso se ha creado precisamente la Mesa de Diálogo Social, "foro adecuado donde están las trabajadoras a través de los sindicatos, las empresas a través de las patronales y donde está el propio Gobierno: Ese es el ámbito dónde hay que trabajar y contaremos con ella".

Al respecto, Fernández-Cid opina que "la ministra no sabe todavía muy bien qué es lo que tiene por delante" y apunta que no se trata de contraponer un servicio con otro: "Son complementarios y nosotros servimos para determinadas fases de la dependencia en las que se encuentran las personas. No queremos que vengan a las residencias antes de lo que tengan que venir. Ya sabemos que cada año están ocupadas por personas más mayores y más dependientes".

El responsable de la FED cree que cuando na persona llega a un sitio que no conoce, lo lógico es entrevistarse con los agentes que intervienen en ello, patronales, sindicatos, plataformas... Por eso se lamenta: "¿Otra vez tenemos que empezar de cero? ¿Otra vez tenemos que demostrar que no somos unos delincuentes? Somos profesionales que damos lo mejor de nosostros mismos, pero la sensación es que vamos siempre a contracorriente".

Por su parte, el Grupo Social Lares tilda la comparecencia de Belarra como "reconfortante" y celebra que se sume a sus reivindicaciones ya expresadas con anterioridad por la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores.

Concretamente, sobre que “el modelo actual no responde a la eficiencia ni a los deseos de las personas mayores”, el pasado mes de febrero, el presidente de Lares, Juan Vela, solicitó de forma urgente en el Senado la elaboración y aprobación de una Ley integral para los derechos de las personas mayores, así como el rediseño del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): “Es necesario configurar un conjunto de servicios integrados para la atención en domicilios que proporcionen atención primaria, teleasistencia, apoyo a las familias, centros de día, el desarrollo de la asistencia personal y la participación del voluntariado y otras iniciativas”.

Para Lares, “el cuidado de las personas mayores no tiene que tener como objetivo la calidad de los cuidados sino la calidad de vida”, como ha manifestado el presidente del Grupo Social LARES en muchas ocasiones y por eso apoyan el giro en las políticas sociales que quiere llevar a cabo la nueva ministra

Vela recuerda: “En España, debe producirse una importante apuesta pública de apoyo al Tercer Sector para financiar el proceso de adecuación de las estructuras de los centros sociosanitarios a las nuevas necesidades. Desde Lares, consideramos que las residencias deberían tender a ser centros abiertos a la comunidad, de prestación de diferentes servicios”.

La buena noticia es que el Consejo de Ministros acordó el pasado martes la distribución al conjunto de las comunidades autónomas de 730,8 millones de euros de fondos europeos destinados a la economía de los cuidados. En concreto, el grueso de los fondos (482,4 millones) irá destinado a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas, dándoles la atención necesaria para ello; mientras que los centros residenciales deberán constituirse como entornos similares a los domésticos.

A esto ha añadido que se trata de una inversión “muy beneficiosa para nuestro país porque, además de aumentar el bienestar de la población, se generan empleos de calidad no deslocalizables a otros países. Todo ello con el consiguiente aumento de cotizaciones a la seguridad social y el aumento de los retornos fiscales”. Belarra destacaba que estos fondos europeos “van a crear empleos dignos en un sector altamente feminizado, lo que nos permite contribuir a reducir la brecha retributiva”.