"Es muy urgente avanzar en un cambio de paradigma con relación a los servicios que ofrecemos en la atención a la dependencia"

El 25% de los profesionales que trabajan en Ilunion Sociosanitario son discapacitados. Esto les permite entender y empatizar de una forma muy particular con aquellas personas que atienden, y que como ellos deben enfrentarse a muchas dificultades en su día a día.

Un valor diferencial para una empresa que, según su director general, debe centrar todos sus esfuerzos en realizar un cambio de paradigma con relación a los servicios que se ofrecen en la atención a la dependencia, trabajando en la atención centrada en la persona. Una asignatura sobre la que, según Pablo Martín, hay que trabajar, como hay que hacerlo también en la formación e información a las plantillas sobre Ética Asistencial; en una financiación adecuada de la dependencia abordándolo no solo como un gasto, sino como inversión; y en más iniciativas para paliar la soledad de las personas mayores, entre otros temas.

Durante estos últimos meses hemos superado el 25% de profesionales con discapacidad que trabajan en nuestros centros y servicios. Eso quiere decir que de los algo más de 900 trabajadores que actualmente componen el total de nuestra plantilla, 230 son personas con certificado de discapacidad. Estos profesionales desempeñan todo tipo de funciones y se distribuyen aleatoriamente en toda la gama de categorías profesionales que marca el convenio colectivo de referencia. Hay tareas para las que se necesita algún tipo de adaptación en el puesto de trabajo y la evolución de la tecnología va haciendo cada vez más fácil el desempeño de las mismas. Nosotros intentamos mantenernos al día en esa evolución tecnológica que frecuentemente facilita la vida no sólo a determinados trabajadores, sino también a los usuarios de los servicios y a las familias.

Nuestros usuarios son muy diferentes en todos los aspectos, también en lo que se refiere a sus capacidades funcionales y el hecho mismo de que nuestros trabajadores sean profesionales con capacidades igualmente diferentes representa para nosotros, en primer lugar, un valor de coherencia con el principio básico de la atención integral centrada en la persona. Por otra parte, toda relación de ayuda en el ámbito Sociosanitario tiene que crear y mantener un vínculo de empatía entre las personas que necesitan apoyos para la realización de las actividades básicas de su vida diaria y quienes les apoyan. Y nosotros hemos comprobado que los profesionales con discapacidad, que han tenido que realizar esfuerzos para superar sus propias dificultades, están muy bien situados para entender y empatizar con aquellos usuarios que por diversas causas comienzan a sentir limitaciones con efectos a veces muy similares.

Por razones diversas, la aplicación de la Ley de Dependencia ha conocido enormes dificultades y estamos aún muy lejos de cubrir el objetivo de consolidar e impulsar el sector sociosanitario. La principal dificultad es la financiación y creo que este aspecto debe ser abordado desde la óptica de las prioridades. No es lo mismo abordar la financiación de la dependencia únicamente como un gasto, que hacerlo desde la perspectiva de una inversión. Hay estudios muy rigurosos que ponen de manifiesto la capacidad de retorno que tiene toda inversión que se dedique a la atención de la dependencia, a través del empleo creado, de los impuestos generados y del ahorro que se produce al evitar situaciones que requerirían mayores recursos. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Una situación en la que durante el último año las administraciones públicas han realizado un esfuerzo por atender a 90.000 personas dependientes más que el año anterior. Pero, a pesar de ello, la diferencia porcentual entre los atendidos y los no atendidos continúa creciendo. Actualmente, más del 31 por ciento de las personas dependientes aún permanecen sin atender, lo que representa a más de 380.000 personas esperando en situaciones difícilmente sostenibles. Además, sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales, con relación a los plazos y a la intensidad de atención.

Lo primero sería aclarar y solucionar con las Comunidades Autónomas los problemas de la financiación, para conseguir que sea suficiente y, en segundo lugar, habría que profundizar en una coordinación efectiva, con relación a las modalidades de la prestación, para superar la desigualdad de derechos que las personas en situación de dependencia y sus familias tienen, dependiendo del territorio en el que viven. Por otra parte, habría que lograr una mayor autonomía de los servicios sociales comunitarios que actúan en los ámbitos municipales, para que puedan prescribir y consensuar, sin trabas burocráticas, con cada una de las personas dependientes y su familia, las prestaciones más idóneas para cada caso. Sólo cuando los servicios sociales consigan esa autonomía de funcionamiento, estarán en una posición de igualdad con los servicios del sistema de salud, para conseguir la necesaria y urgente coordinación sociosanitaria de la que todo el mundo hablamos.

Es muy urgente avanzar en un cambio de paradigma con relación a los servicios que ofrecemos en la atención a la dependencia. Solemos percibir a las personas dependientes desde las carencias que tendremos que cubrir, más que desde sus potencialidades y proyecto de vida. Solemos aplicar una dinámica organizadora más que propositiva y consensuada. Nuestros profesionales actúan más como controladores que como acompañantes que apoyan. Y realizamos nuestros servicios más desde una perspectiva homogeneizadora que desde la perspectiva de la atención integral centrada en cada persona. Este cambio de paradigma será un proceso que no se consigue en poco tiempo y es precisamente por eso por lo que considero urgente que intensifiquemos nuestros esfuerzos en esa dirección.

La atención integral centrada en la persona es un ideal al que siempre hay que tender y, por mucho camino que recorramos, siempre nos quedará más camino por recorrer. No es una meta claramente predefinida de antemano, puesto que se basa en los proyectos de vida y en los valores de cada una de las personas que atendemos, evitando al máximo las consecuencias negativas de la institucionalización. Para lograrlo, se necesita, sobre todo, una implicación efectiva de los diferentes agentes que intervienen en la atención: no sólo las personas atendidas, sus familias y los profesionales que intervienen, sino también las entidades prestadoras de los servicios y, de forma muy especial, las administraciones públicas que tienen un importante papel normativo y de vigilancia e inspección sobre las condiciones en las que se prestan los servicios. En definitiva, se trata de devolver a las personas el máximo grado de control sobre sus propias vidas, aunque se encuentren en situación de dependencia.

El servicio de teleasistencia nació como un instrumento muy eficaz para atender las emergencias que se pueden producir en el interior de los domicilios; pero, en su evolución se ha ido evidenciando que este servicio sirve también para otras muchas funciones, como, por ejemplo la de mantener informados a los usuarios sobre los diferentes programas de envejecimiento activo que se organizan en su entorno. Además, en determinadas circunstancias, la función informadora se puede convertir también en una función orientadora o promotora de hábitos de vida saludables. En algunos de los servicios municipales de teleasistencia que gestionamos para algún ayuntamiento, vehiculamos campañas institucionales de prevención, por ejemplo, ante las olas de calor o para promover la participación de las personas mayores en programas culturales o deportivos. En este sentido, las posibilidades son casi infinitas, sobre todo, cuando se trata de iniciativas comunitarias que se producen en el ámbito municipal.

El año pasado, la Fundación ONCE y la Fundación AXA publicaron un estudio dirigido por Juan Díez Nicolás, con el título “La Soledad en España”, que presenta la enorme incidencia del problema de la soledad, en las últimas décadas, a partir de los cambios socioculturales y económicos que se han producido en la sociedad española. En este estudio se evidencia que el sentimiento de soledad afecta mayoritariamente a las personas mayores y que, efectivamente, faltan iniciativas sociales para combatirla, ya que la mayoría de la población considera que esta es básicamente una función familiar.

Con la información que podemos obtener, en la relación regular que establecemos con los usuarios del servicio de Teleasistencia, que puede resultar un complemento a la valiosa información que poseen los Servicios Sociales municipales, se pueden detectar fácilmente muchos problemas de soledad. De hecho, así lo estamos haciendo en el Servicio de Teleasistencia que estamos prestando para el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es invitar a determinados grupos de usuarios a que participen en una oferta muy variada de actividades sociales que organizamos mensualmente, para que puedan recuperar una red de relaciones horizontales que les permita combatir la soledad. Se van haciendo cosas, pero considero que lo que se hace resulta aún insuficiente, ante el notable incremento de esta situación social, relativamente nueva, que la actual forma de vivir está produciendo.

Muchos lectores de esta revista saben que ILUNION Sociosanitario tiene también como objetivo corporativo la creación de empleo para profesionales con discapacidad. Desde esa perspectiva, nos interesa tanto la diversificación de los servicios, como la expansión territorial de los mismos. Pero en estos momentos, también resulta indispensable el desarrollo en la calidad de la atención que prestamos. A nosotros nos gusta decir calidad y calidez. Nos interesa mucho continuar profundizando, en una dinámica de mejora continua, en objetivos cualitativos como la progresiva humanización de los servicios o la atención integral centrada en la persona, de la que ya hemos hablado en esta entrevista. En ILUNION Sociosanitario hemos aprovechado la ralentización de crecimiento cuantitativo que ha producido la crisis financiera para profundizar en esta línea y queremos continuar haciéndolo, porque, como ya he dicho, se trata de un camino que no se agota.

Efectivamente, en 2011 ILUNION Sociosanitario tomó la iniciativa de organizar un Comité de Ética Asistencial propio y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en el abordaje de los dilemas éticos que le envían los centros y en la elaboración de recomendaciones al respecto. En nuestro país, las últimas décadas han supuesto un considerable desarrollo de los Comités de Ética en el ámbito de la sanidad, pero somos aún muy pocos los que hemos realizado este esfuerzo en el sector sociosanitario. Sin embargo, resulta patente su necesidad. Considero que, en la situación actual, el problema no está tanto en la falta de regulación normativa, como en la falta de práctica. Es evidente que la ética necesita también una regulación, pero sólo se desarrolla practicándola. Para ello, es muy importante lo que usted apunta, en cuanto a la información y formación de los trabajadores, que en la actualidad resulta rotundamente insuficiente.

¿Por qué tipo de actividades de RSC apuesta ILUNION Sociosanitario?

En una empresa como ILUNION Sociosanitario, que tiene como misión ofrecer servicios de atención sociosanitaria a personas mayores y personas dependientes, la propia consecución de su objetivo principal forma parte intrínseca de su responsabilidad social corporativa. Nuestra responsabilidad social se amplía cuando le sumamos el desarrollo de nuestro segundo objetivo, que es la creación de empleo, para que pueda ser desempeñado preferentemente por personas con discapacidad. Además, formamos parte de un gran grupo, el Grupo ILUNION, que acumula la larga experiencia de la ONCE y su Fundación en el desarrollo de valores como el compromiso con una sociedad diversa, la cooperación para un desarrollo equitativo, la búsqueda constante de la excelencia, mediante procesos de mejora continua y de la innovación, la sostenibilidad y la honestidad, a través de una gestión transparente y rigurosa.