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Las peticiones de documentación clínica por familiares, por Jaime Fernández-Martos

lunes 29 de junio de 2020, 13:55h
Jaime Fernández-Martos Montero, socio FML Abogados
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Jaime Fernández-Martos Montero, socio FML Abogados (Foto: FML Abogados)

Como comentaba en un artículo anterior, además de los requerimientos de la Fiscalía, o de las autoridades administrativas o judiciales, con seguridad en estos días se van a recibir por parte de los directores de los centros de mayores muchas peticiones de información y datos clínicos de familiares de usuarios.

Estas peticiones pueden ser el precedente inmediato de una posible reclamación en vía civil o penal por eventuales responsabilidades en la atención del usuario o residente puesto a nuestro cuidado. Estimo que la enorme incidencia de la pandemia en los centros de mayores va a provocar un aumento considerable de estas peticiones.

La norma fundamental que rige esta materia y que sirve de amparo a estas peticiones, es la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (en adelante, LAP). El sustento de este derecho es el principio de autonomía de la persona, como una expresión de su propia dignidad. Si bien esta norma se refiere fundamentalmente a centros sanitarios, dado que, según el artículo 3 de la LAP, se entiende por tal “el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios”, los cuidados de naturaleza sanitaria desarrollados en un centro de mayores, y en la medida en que tengan tal naturaleza, podrán ser objeto de esta norma; máxime cuando se define la historia clínica como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”.

Nadie discute el derecho del propio interesado –el residente o su representante legal– a acceder a sus datos clínicos y sanitarios, en tanto que titular del derecho a la información asistencial (Art. 5.1 LAP), por lo que me centraré en el acceso por parte de terceros.

El citado artículo 5 de la LAP establece que, además del titular de la información, “también serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita”, quienes podrán ser asimismo informados en caso de que el residente, según el criterio del médico que le asista, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico.

Por tanto, podremos dar información de los datos clínicos del residente a este, y a quien este expresa o tácitamente autorice. Solo en caso de incapacidad legal o presunta, podrá facilitarse la información a los parientes indicados en la norma, siempre que no conste oposición del interesado. Es decir, si el residente ha dejado expresado que no desea que su información se comparta con alguna persona en particular, no podrá serlo incluso en caso de que devenga incapaz.

En caso de fallecimiento del residente, ante una petición de acceso debemos atender a lo dispuesto en el artículo 18 de la LAP, que establece los centros “sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite”.

Por tanto, tres son los puntos a tener en cuenta:

a) Inexistencia de prohibición expresa por el fallecido.
b) Acreditación de la relación de parentesco o la vinculación de hecho.
c) Finalidad del acceso a la historia clínica del fallecido, ya que no puede ejercitarse este acceso en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

En conclusión, ante una eventual petición de acceso a la información clínica de un residente, hemos de seguir los pasos siguientes:

1º) Si el titular vive y es capaz, procede recabar su autorización para facilitar o denegar la información a quien la solicite.
2º) Si el titular vive y no es capaz, o si ha fallecido, se podrá facilitar la información a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho (por supuesto, también a quien acredite su condición de heredero, aunque no sea pariente), siempre que no conste alguna disposición anticipada en contra por parte del residente (documento de voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital).
3º) En todo caso, será preciso recabar la acreditación previa de la vinculación familiar o de hecho, así como la finalidad de la petición, para garantizar que la misma no vulnera derechos de terceros.

Y cierro con una breve reflexión. Decía Goethe que “hablar es una necesidad, escuchar es un arte”. No desdeñemos lo humano. A veces una petición de acceso puede obedecer a la ausencia real de información, o a una situación de dolor o arrebato ante un fallecimiento no asumido o inexplicado. Si intuyen que estamos ante una situación así, afrontar una conversación en persona, cara a cara, con el peticionario, puede ayudar a resolver dudas y, quizá, encontrar razones y soluciones distintas para la petición que se nos hace. Además, nos puede permitir poner en valor el trabajo realizado, y acoger y escuchar a quien, quizá, solo necesite ser acogido y escuchado. Seamos un poco artistas. Ahí puede estar, a veces, la solución.

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