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Andalucía insiste en la necesidad de un de Pacto de Estado para abordar el nuevo modelo de atención a la dependencia

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, interviene por videoconferencia.
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La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, interviene por videoconferencia. (Foto: Junta de Andalucía)
lunes 22 de junio de 2020, 14:35h

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha insistido en la propuesta del Gobierno andaluz por la que se insta al Gobierno de España a realizar un Pacto de Estado para abordar el nuevo modelo de atención a la dependencia después de la crisis sanitaria por Covid-19. Ruiz, que ha participado en el I Consejo Sectorial del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, ha expresado la necesidad de garantizar el carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional con más motivo aún en estos momentos, cuando la situación obliga a revisar el modelo de atención a la dependencia.

En este sentido, ha recordado que el Parlamento de Andalucía ya ha aprobado por unanimidad el documento que insta al Gobierno central a realizar un ‘Pacto de estado para proteger y garantizar el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’. “Cualquier planteamiento de modificación del sistema tiene que pasar, de manera obligada, por una aportación económica suficiente y, actualmente, la Junta de Andalucía soporta más del 82 por ciento del gasto, por lo que la aportación del Estado queda muy alejada del 50 por ciento que la propia Ley establece”, ha subrayado.

El presupuesto de la Junta para el año 2020 ha recogido la mayor cuantía de la historia en materia de dependencia en Andalucía: 1.509,2 millones de euros para el programa de Atención a la Dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. También es el que ha experimentado un mayor crecimiento en términos absolutos, con 46,8 millones, lo que supone un 3,2 por ciento más que en 2019.

Para garantizar un desarrollo y aplicación de la Ley análoga en todo el territorio nacional, Ruiz ha abogado por la creación de una caja única, así como un fondo de garantía: “No es entendible que haya 17 sistemas de atención a la dependencia y que una persona dependiente andaluza reciba una cuantía diferente a la de otra Comunidad Autónoma. Queremos unificar y simplificar los distintos procedimiento y revisar la intensidad de protección de los servicios. Asimismo, abogamos por una restructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que sea el órgano colegiado garante en todo el territorio nacional”.

La consejera ha expresado la necesidad de revisar el ‘Libro Blanco de la Dependencia en España’ de 2004, “puesto que en 2010 ya se habían superado sus previsiones en más de un 220 por ciento. Esta falta de rigor provocó que la Ley naciera infrafinanciada, haciendo incurrir a los distintos Gobiernos de España en un incumplimiento grave y continuado en lo que establece en referencia a la financiación del sistema”.

A este respecto, Rocío Ruiz se ha comprometido a mantener los 1.306 millones de euros que aporta la Junta de Andalucía “si el Gobierno central se decide a cumplir lo que establece la Ley”, lo que supondría aumentar el precio plaza en el servicio residencial, subir el precio hora del Servicio de Ayuda a Domicilio – congelado desde el año 2007 -, así como el precio día para los centros de día. “Todas estas medidas tendrían un impacto notable hacia la eliminación de la lista de espera, para que así la persona dependiente sea beneficiaria de su derecho a la atención en los términos que establece la propia Ley”, ha señalado.

A estas propuestas, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha sumado la prevención y coordinación con el sistema de salud – mediante la figura del asistente personal y la atención de las patologías potencialmente cronificables – y el reconocimiento en la cartera de servicios de prestación para la dependencia para personas con discapacidad a aquellas personas mayores de 65 años.

Nuevo modelo asistencial

Ruiz ha comunicado que, por parte del Gobierno andaluz, se ha aprobado la derogación del Decreto que aprobaba el Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales, lo que, a efectos prácticos, supone el inicio del procedimiento para definir el nuevo modelo de atención en los centros de servicios sociales: “Se trata de toda una declaración de intenciones, puesto que la entrada en vigor de este decreto estaba prevista para octubre de 2020 y, sin embargo, hemos determinado que su actual redacción, previa a la pandemia por Covid-19, obligaba a su revisión y a la elaboración de uno nuevo”.

Para la redacción del nuevo decreto se ha establecido un plan de trabajo y se ha encargado el Estudio de correlación de características funcionales y materiales de los centros residenciales que han tenido casos positivos de covid 19 o en sospecha. “Sus conclusiones deben servir como sustento objetivo y riguroso para establecer algunos de los requisitos funcionales y materiales de los Centros de atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Sin perder su carácter de centros de servicios sociales”, ha dicho la consejera.

Balance de la crisis del Covid-19

Por otra parte, Rocío Ruiz ha hecho balance de la gestión de su departamento durante la crisis del Covid-19 y ha recordado que Andalucía ha sido la segunda comunidad con la menor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes.

Desde la Consejería de Igualdad, desde el pasado mes de marzo hasta finales de mayor, se ha destinado casi 300 millones de euros para el mantenimiento de servicios como la ayuda a domicilio, los centros de día o la actividad de las residencia de personas mayores o con discapacidad, lo que ha contribuido, además, al mantenimiento de más de 45.000 empleos en Andalucía.

“Concretamente en las residencias, no solo se ha mantenido el empleo, sino que se ha incrementado con alrededor de 1.000 contrataciones más durante este periodo”, ha asegurado Ruiz.

Asimismo, ha expresado su “rechazo a cualquier intento de criminalización o menosprecio al trabajo que se ha realizado en los centros de mayores y personas con discapacidad, un entorno de dificultad e incertidumbre enormes que merece toda la consideración posible”.
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